FUNCIÓN AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS AGRARIOS
*Lucas Abreu Barroso

SUMARIO: 1 El Estado y la preocupación política y jurídica con el medio ambiente. 2 Orientaciones político-jurídicas de los contratos agrarios: ciudadanía y justicia ambientales. 3 Referencias bibliográficas.

1 El Estado y la preocupación política y jurídica con el medio ambiente

No se puede cuestionar la asignación del medio ambiente en cuanto convergencia de la preocupación política y jurídica del Estado contemporáneo, alcanzando niveles que influenciaron la propia concepción de los Estados, las matrices filosóficas de los sistemas económicos vigentes, el comportamiento de los ciudadanos e impregnaron el campo jurídico con preceptos para su tutela y protección.
Como bien afirma Vasco Pereira da Silva , “la importancia de las cuestiones del ambiente, en nuestros días, es de orden tal que no podría dejar indiferentes el Estado y el Derecho”; el primero, en cuanto la reunión de los poderes políticos de una nación y el segundo, como creador de las reglas jurídicas de observancia improrrogable por el Estado y en las relaciones interhumanas en sociedad, bien como de la convivencia Estado–persona.
Con efecto, éste profesor portugués, amparado en estudios de otros juristas acerca de la problemática aquí puesta en debate, señala: “De facto, «la protección del medio ambiente se tornó una tarea inevitable (‘Schicksalsaufgabe’) del Estado moderno» (BREUER), lo que ya llevó mismo algunos autores a hablar en ‘Estado de ambiente’ (‘Umweltstaat’) (KLOEPFER, HENNIG), o en ‘Estado protector del ambiente’ (‘Umweltvorsorgestaat’) (REINER SCHMIDT), para caracterizar el relevo de la problemática jurídica del ambiente en la configuración del actual modelo del Estado de Derecho” .
Teniendo por base las lecciones de José Joaquim Gomes Canotilho , podemos afirmar que “el Estado, con su deber de «defender la naturaleza y el ambiente, preservar los recursos naturales y asegurar un correcto ordenamiento territorial» como una de las tareas básicas que le están cometidas, encuadradas en los principios fundamentales (cfr. art. 9º, al. e), de la Constitución Política”, se transformó en un “Estado de derecho democrático-ambiental”, una vez que se admite “el derecho al ambiente concebido como fin del Estado (es la posición dominante de la doctrina alemana)”.
En obra más reciente, este mismo profesor de Coimbra apunta entre las dimensiones actuales del Estado de Derecho – paralelamente a la juridicidad, democracia y sociabilidad – el sostenimiento ambiental .
Por consiguiente, las calidades del Estado en nuestros días se relacionan con el hecho de presentarse como un Estado de derecho, constitucional, democrático, social y ambiental. En cuanto a esta última calidad, vale decir que el Estado ambiental es aquel Estado “comprometido con el sostenimiento ambiental” .
Esto porque, el Estado Liberal, sostenido en la convicción de la promesa de dominación de la naturaleza como factor de desarrollo económico, y el Estado Social, caracterizado por notorias disfunciones políticas en la estructuración de su sistema – lo que posibilitó la propagación sin precedentes de la degradación ambiental –, fueron rotos en provecho de un modelo de Estado pautado en la preocupación política y jurídica con el medio ambiente, a fin de corregir las distorsiones verificadas en el ámbito de los paradigmas estatales anteriores.
Mário Lúcio Quintão Soares señala que el Estado dimensionado en las calidades anteriormente expuestas debe superar sus fundamentos tradicionales, teniendo en vista las “nuevas exigencias de transformaciones sociales y la concretización de las premisas de justicia social”.
El “Estado de derecho de ambiente” (Umweltrechtsstaat) en los contornos aducidos en la doctrina política alemana – es decir, “exigencias de los Estados y las comunidades políticas conformaren a sus políticas y estructuras de organización de forma ecológicamente auto-sostenida” – es, antes de más nada, un Estado de Derecho.
No se debe, así, sancionar un modelo de paradigma estatal que, justificado en una creencia en sobreponerse el medio ambiente como valor fundamental, “incidiera para formas políticas autoritarias y hasta totalitarias con desprecio de las dimensiones garantizadas por el Estado de Derecho” .
El Estado, en la integridad de su preocupación ambiental, necesita dirigirse para dos proposiciones políticas y jurídicas irrenunciables:
La primera es la obligación del Estado, en cooperación con otros Estados y ciudadanos o grupos de la sociedad civil, promover políticas públicas (económicas, educativas, de ordenamiento) pautadas por las exigencias del sostenimiento ecológico. La segunda se relaciona con el deber de adopción de comportamientos públicos y privados amigos del ambiente de forma a dar expresión concreta a la asunción de la responsabilidad de los poderes públicos frente a las generaciones futuras .

Se concluye que el Estado, en los contornos que la posmodernidad le imprime, asume una dimensión ambiental, que, no obstante, se ve consubstanciada como Estado de derecho y en modos democráticos:

Estado de derecho del ambiente quiere decir indispensabilidad de las reglas y principios del Estado de derecho para se enfrentaren los desafíos impuestos por los desafíos del sostenimiento ambiental. [...] No nos admirará también la inseparabilidad del Estado de ambiente del principio democrático. La afirmación de esta nueva dimensión del Estado presupone el diálogo democrático, exige instrumentos de participación, postula el principio de la cooperación con la sociedad civil. El Estado de ambiente se construye democráticamente de abajo para arriba; no se impone en termos propios del iluminismo, ni autoritarios, de arriba para abajo.

Entendemos, así, que la consecución de un Estado ambiental pasa, en el mínimo, por la inserción en el texto constitucional: a) del derecho al medio ambiente en cuanto derecho subjetivo público; b) de la titularidad difusa de los bienes ambientales; c) del derecho a la calidad de vida como derecho fundamental; y, d) del principio de la cooperación.
Resaltamos que la Constitución brasileña de 1988 siguió esta directriz, al preceptuar en el art. 225, caput: “Todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial a la sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las presentes y futuras generaciones”.
a) De início, sin pormenorizar y extenuar el asunto, es bueno que recordemos los matices del derecho subjetivo público tal como se encuentran sedimentados en las Teorías del Estado y del Derecho contemporáneas.
Esta categoría jurídica revela un campo de prerrogativas y atribuciones que pueden ser ejercidas recíprocamente entre los ciudadanos y el Estado, una vez que, “en la verdad, los derechos públicos subjetivos, sea del Estado, sea de los ciudadanos, son, generalmente, unidades jurídicas caracterizadas por poderes y deberes, al mismo tiempo; y por eso se califican como derechos-funciones, o derechos-deberes, en los cuales el elemento individual y egoísta reconoce la superioridad del elemento público, o del interese colectivo” .
Para Miguel Reale , los derechos contenidos en esta categoría jurídica podrían ser discriminados en tres subcategorías: 1) derechos subjetivos públicos de naturaleza política; 2) derechos subjetivos públicos de carácter social; y, 3) derechos subjetivos públicos de naturaleza estrictamente jurídica.
No cabe ninguna duda, delante de esta clasificación que el medio ambiente se agrega a los derechos subjetivos públicos de naturaleza social, aún más se llevarnos en cuenta la intención del legislador constituyente de 1988 en Brasil cuando introdujo el medio ambiente en el contexto del Orden Social (Capítulo VI, do Título VIII).
Conforme Miguel Reale , “el legislador constituyente de 1988 [...] dedicó títulos especiales para disciplina del orden económico y financiero y del orden social, asegurando nuevos derechos públicos subjetivos [...]”.
Amparados en el magisterio de Vasco Pereira da Silva , podemos aseverar que eso ocurre, en los sistemas constitucionales de varios países, a partir de la constatación de que la disciplina jurídica del medio ambiente “no se reduce a la dimensión de tarea estadual, una vez que «el surgimiento de una ‘conciencia ecológica’ de los ciudadanos llevó a que se transitara de la simples relevancia objetiva de las tareas estaduales para la esfera de los derechos individuales, considerándose que las normas reguladoras del ambiente se destinan también a la protección de intereses de los particulares, que de esta forma son titulares de derechos subjetivos públicos»”.
La importancia de la caracterización del derecho al ambiente en cuanto derecho subjetivo público reside en el hecho de que “sólo el reconocimiento de un derecho subjetivo al ambiente permitirá, en termos jurídico-constitucionales, recortar el ambiente como bien jurídico autónomo no disuelto en la protección de otros bienes constitucionalmente relevantes” .
Todavía, esta concepción está siendo diluida en el cotidiano del pensamiento y sistematización jurídicos dedicados a la construcción de un Estado de derecho verdaderamente democrático y ambiental.
Aunque no pueda aún ser abandonada, la idea del medio ambiente en cuanto derecho subjetivo público debe evolucionar gradualmente en la dirección de un constitucionalismo que provoque la ruptura de la visión estrictamente personalista de que es impregnado:
Dar centralidad al derecho al ambiente como derecho subjetivo corre el riesgo de apuntar para una focalización del problema jus-ambiental superada. Esto por dos motivos.
El primero es el de que el recorte del derecho al ambiente como derecho subjetivo individual constituye un problema de la dogmática jurídico-ambiental típico de la primera generación de problemas ecológicos. [...] Hoy, la segunda generación de problemas ecológicos se relaciona con efectos que extravasan de la consideración aislada de los elementos constitutivos del ambiente y con las implicaciones de los mismos (capa de ozono, efecto estufa, cambios climáticos). Además, el sujeto relevante ya no es apenas la persona o grupos de personas. Pasa a ser también el «sujeto generación» . En la verdad, los comportamientos ecológicos y ambientalmente relevantes de la generación actual condicionan y comprometen las condiciones de vida de las generaciones futuras. [...]
La segunda inquietud sobre el eventual arcaísmo dogmático del derecho al ambiente como derecho subjetivo se relaciona con el hecho de asistirse hoy a un desplazamiento del problema del campo de los derechos para el terreno de los deberes fundamentales. El encuadramiento jurídico-cultural para este desplazamiento también es conocido. Se pretende subrayar la necesidad de se ultrapasar la euforia del individualismo de derechos fundamentales y de radicarse una comunidad de responsabilidad de ciudadanos y entes públicos frente a problemas ecológicos y ambientales. [...] La responsabilidad de todas las fuerzas sociales – la llamada shared responsability – apunta precisamente para la descubierta de criterios de delimitación de esta responsabilidad que no pongan en causa, a pesar de todo, la dimensión subjetiva de los derechos. En el plano concreto [...], eso significa que el recorte de un deber fundamental ecológico, en nombre de la justicia intergeneracional, puede implicar la tomada en consideración del ambiente en el balanceo de derecho, acentuándose los «momentos de deber» hasta ahora despreciados en la dogmática jurídica.

Súmanse, entre otras, en la colocación del medio ambiente como derecho subjetivo público (derecho al ambiente), las constituciones de Brasil, Portugal y España. De otra manera, el medio ambiente puesto como fin y tarea del Estado y de la comunidad (derecho del ambiente) representan una arquitectura jurídica engendrada en el texto de las actuales constituciones de Suecia, Países Bajos, Alemania y Finlandia.
Mas siendo el derecho al medio ambiente un derecho subjetivo (público), ¿estaría contenido en el ámbito de los derechos de la personalidad? La indagación se justifica, en termos generales, en el momento en que verificamos que los “derechos de la personalidad son derechos subjetivos que tienen por objeto los bienes y valores esenciales de la persona, en su aspecto físico, moral y intelectual” .
Barbara Pozzo esclarece que “en Italia, como de resto en otros países, se desarrolló una corriente de pensamiento alrededor de la figura del derecho subjetivo al ambiente como derecho de la personalidad” y que, todavía, “la definición del derecho al ambiente como derecho subjetivo de la personalidad se quedó minoritaria y fue objeto de críticas radicales”.
Tal comprensión, para Mario Libertini , así puede ser justificada:

La tesis del derecho al ambiente como derecho de la personalidad, inaceptable en cualquier caso por la imposibilidad de mediar entre diversas elecciones individuales imponderables (en sentido técnico), asume mucho más el carácter de una arquitectura imposible cuando si quiere conjugarla con reconstrucciones globales del bien «ambiente»; y aún más, se atinge una especie de surrealismo jurídico cuando a estos enunciados se aproxima en algún momento aquel por el cual el ambiente sería (también) un bien patrimonial.
En una perspectiva personalista, los intereses ambientales pueden en el máximo traducirse en un «derecho social» de participación, más o menos ampliamente reconocido en los varios ordenamientos.

b) Refiriéndose al medio ambiente como bien de uso común del pueblo, la dogmática constitucional reconoce la necesidad de “crear un tercer género de bien, que, frente a su naturaleza jurídica, no se confunde con los bienes públicos y mucho menos con los privados” .
Siendo el medio ambiente un derecho difuso, a contemplar intereses igualmente difusos, el bien jurídico que lo integra (bien ambiental) presenta idéntica naturaleza jurídica.
Rui Carvalho Piva así lo conceptúa: “Bien ambiental es un valor difuso, inmaterial o material, que sirve de objeto mediato a las relaciones jurídicas de naturaleza ambiental” .
Del concepto arriba se puede extraer tres importantes conclusiones: 1) la noción de valor, “que tiene que ver con cualquier especie de bien, incluso con la idea del género bien jurídico. Ella se refiere a un valor jurídico que identifica el bien ambiental como punto de incidencia de un interés protegido por el Derecho Ambiental” ; 2) la materialidad o inmaterialidad del bien jurídicamente tutelado, en el sentido de que éste puede ser corpóreo o incorpóreo, físico o abstracto; y, 3) la existencia, en contrapartida, de un objeto inmediato en las relaciones jurídicas ambientales, “representado por la obligación impuesta al sujeto pasivo” , que servirá de aporte para la determinación de la responsabilidad por ofensa al bien ambiental y, consecuentemente, al medio ambiente.
Celso Antônio Pacheco Fiorillo así define el bien ambiental:
[…] bien de uso común del pueblo, pudiendo ser desfrutado por toda y cualquier persona dentro de los límites constitucionales, y, aún, un bien esencial a la sana cualidad de vida [...] Es por lo tanto de la soma de los dos aspectos – bien de uso común del pueblo y esencial a la sana calidad de vida – que se estructura constitucionalmente el bien ambiental.
Se tiene, pues, en cuanto a su naturaleza jurídica, que el bien ambiental, siguiendo a la tendencia del medio ambiente que lo congrega y del ramo del Derecho que a éste disciplina (Derecho Ambiental) es también de carácter difuso, en el sentido de consubstanciarse en res communes omnium, que “son cosas comunes a todos” .
No obstante la clasificación de los bienes ambientales como difusos, resaltamos la posibilidad de su apropiación en la esfera individual, pública o privada, y disposición en las relaciones económicas, en virtud del reconocimiento de que se está delante de un orden constitucional que es viable al capitalismo en cuanto vertiente económica adoptada, a regir el sistema de producción y circulación de riquezas.
Ricardo Luis Lorenzetti, atento a esta realidad, preconiza:
El bien ambiental es susceptible siendo así de una definición formal y relativa. En el primero sentido, porque puede ser aprehendido como a alteración del principio organizativo de la naturaleza. En el segundo, porque obtiene significación en cuanto afecta otro bien jurídico protegido, cual es la vida en todas las sus formas. Por este camino tal vez puedan establecerse nociones que permitan resolver problemas ambientales conservando un espacio para el desarrollo de la actividad productiva.
c) El derecho a la calidad de vida actúa como uno de los fundamentos de los Estados democráticos a reconocer tres generaciones de derechos fundamentales: “los relativos a la ciudadanía civil y política, los relativos a la ciudadanía social y económica y los relativos a la ciudadanía ‘posmaterial’, caracterizados por el derecho a la calidad de vida, a un medio ambiente saludable y a la tutela de los intereses difusos” .
Vale recordar, que por derechos fundamentales se debe entender los derechos humanos “positivados en los textos constitucionales, [...] como objeto de especial garantía frente al Estado” . Serían, así, los derechos fundamentales, en las palabras de Lopez y Montes apud Francisco Amaral , “un núcleo o círculo más restricto de derechos humanos especialmente protegido por la Constitución”.
Añade Mário Lúcio Quintão Soares que los derechos fundamentales necesitan ser apreciados bajo dos perspectivas: “[...] son concebidos como derechos subjetivos de libertad pertinentes al titular frente al Estado y, simultáneamente, como normas objetivas de principios – objektive grundsatznormen – y decisiones axiológicas – wertentscheidugen – que tienen validad para todos los ámbitos jurídicos”.
En otro prisma, considerando la vertiente de los derechos fundamentales como derechos subjetivos (públicos) , es de preguntarse: ¿siendo el derecho a la calidad de vida un derecho fundamental estaría contenida entre los derechos de la personalidad?
Pensamos que la respuesta sea negativa, hasta porque aunque todos los derechos de la personalidad puedan ser contemplados en el ámbito de los derechos fundamentales, la recíproca no es verdadera. No más, encuentran pertinencia aquí los fundamentos expuestos anteriormente para negar al derecho al medio ambiente la calificación de derecho de la personalidad.
Cuanto a los derechos fundamentales de tercera generación (“calidad de vida”) manifiesta Ricardo Luis Lorenzetti:
Los denominados “nuevos derechos” surgen como respuesta al problema de la “contaminación de libertad”. Este fenómeno demuestra la degradación de las libertades debido a los nuevos avances tecnológicos: calidad de vida, medio ambiente, la libertad informática, el consumo, se ven seriamente amenazados. Se suele aquí incluir los derechos que protegen bienes como el patrimonio histórico y cultural de la humanidad, el derecho a la autodeterminación, a la defensa del patrimonio genético de la especie humana. Se trata de los derechos “difusos”, que interesan a la comunidad como tal, sin que exista una titularidad individual determinada.
d) El principio de la cooperación, de acuerdo con Cristiane Derani , “informa una actuación conjunta del Estado y sociedad, en la escoja de prioridades y en los procesos decisorios”. Todas las veces que el texto constitucional incumbe solidariamente el Poder Público y la colectividad de la realización de una actividad política vuelta a la realización del bien común, se está delante de este instrumento normativo.
Por eso, resaltan Santos, Dias y Aragão , “la cooperación que aquí está en causa tiene sobretodo que ver con las relaciones establecidas entre la Administración y la «sociedad civil» – sea de los particulares, sea de sus asociaciones representativas [...]”.
El principio de la cooperación representa una extensión del “principio del acuerdo” (Kompromissprinzip) y abarca el “principio de la participación” . En la mayoría de las veces, la ausencia de diferenciación epistemológica conduce los autores a no vislumbrar los horizontes del principio de la cooperación, acabando por entenderlo como el propio principio de la participación.
Por fin, el principio de la cooperación presupone el alargamiento de su eficacia a la esfera de los entes de derecho público interno y en el plano internacional .

2 Orientaciones político-jurídicas de los contratos agrarios: ciudadanía y justicia ambientales

Una ideología política y jurídica orientada a alcanzar la ciudadanía y justicia ambientales debe fomentar el ordenamiento jurídico en vigor con un aparato normativo suficiente para la imposición de límites a los contratos agrarios en virtud de la preservación y conservación del medio ambiente para las presentes y futuras generaciones.
No tendría cabimiento en la actual etapa de desarrollo de la Teoría del Estado y del Derecho cualquier concepción que entendiese ser posible la utilización del instrumento contractual de modo a confrontar los intereses de la colectividad.
Si se afirma eso, estamos a cogitar del medio ambiente a partir de la interacción que mantiene recíprocamente con la sociedad, alejando en definitivo la contraposición que les segregaba en el contexto de las teorías sociales hasta el final del siglo pasado, aunque se pueda afirmar con entera convicción que “la naturaleza ya no puede ser pensada sin la sociedad y la sociedad ya no puede ser pensada sin la naturaleza” .
Así siendo, en las lecciones de Ulrich Beck percebemos que las cuestiones ambientales configuran “problemas sociales, problemas del ser humano, de su historia, de sus condiciones de vida, de su referencia al mundo y a la realidad, de su ordenamiento económico, cultural y político” .
Con efecto, la función ambiental de los contratos agrarios es erigida al nivel de substrato del Estado Democrático de Derecho.
Las imposiciones que de ella derivan son la utilización adecuada de los recursos naturales disponibles y la preservación del medio ambiente, preocupación ya contenida en la legislación brasileña desde la Ley n. 4.947/66 (art. 13, III) y su Reglamento (Decreto n. 59.566/66, art. 13, II) .
Sin embargo, era necesario avanzar.
En los presentes días, los factores ambientales informan dispositivos legales condicionantes, en sentido amplio, de la autonomía privada, puesto que contenidos en normas de orden pública (cogentes), no siendo posible la auto-reglamentación de la voluntad por las partes sustituirlos.
Y posibilitan, aún, la oposición de terceros a los contratos agrarios cuyo objeto (jurídico o material) importe en perjuicio para el medio ambiente, lo que se dará a través de actuación para tales fines administrativa (por el Estado) o judicialmente (por los particulares, sus sustitutos procesales, o por el propio Estado).
Los contratos agrarios son, por lo tanto, puestos en sintonía con los principios constitucionales fundamentales, legitimadores de la estructuración y condicionantes de la actuación del Estado Democrático de Derecho.
El medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo (tercero género de bienes, o sea, ni público ni privado, pero un bien difuso) y esencial a la calidad de vida (derechos fundamentales de tercera generación ), requiere adopción por parte del Estado de una actuación eficaz en el sentido de su tutela y protección, “mismo que haya necesidad de algunas novedades en el esquema de instrumentos jurídicos [...] Todo eso puede y debe ser hecho sin postergación de las reglas básicas de la juridicidad estatal” .
Destarte, los contratos agrarios, para allá de la propia atendencia de la función social la que está adstrito, está subordinado a las limitaciones del orden jurídico ambiental.
Las limitaciones ambientales impuestas a los contratos agrarios tienen en cuenta los espacios territoriales especialmente protegidos (lato sensu y stricto sensu).
Todo eso encuentra fundamento en la asertiva que hacemos a propósito de epígrafe para esta parte del estudio en tela: los contratos agrarios en el Estado Democrático de Derecho tienen como orientaciones político-jurídicas los principios de ciudadanía y justicia, también en sentido ambiental.
Para Solange S. Silva-Sánchez la determinación constitucional de un “derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado representa, evidentemente, la lucha por una mejor calidad de vida”, lo que amplia el contenido no solamente del rol de los derechos fundamentales, pero sobretodo relativamente a la ciudadanía en cuanto forma de expresión del proceso participativo en el contexto de la sociedad política.
Es erigida, así, una nueva manifestación de socialidad, lo que “tornó posible una participación efectiva de la sociedad civil organizada en la esfera pública de negociaciones, incluso en el campo de las políticas ambientales”.
De ahí la idea de Ulrich Beck en hablar de democracia ecológica: “La cuestión central en que culmina el desarrollo político de la civilización del peligro es la redistribución y la configuración democrática del poder de definición, sus bases, reglas y principios”.
La ciudadanía ambiental, siendo así, “abarcaría las características de las ciudadanías civil, política y social y las integraría a nuevos derechos y nuevas condiciones de vida exigidas por el ciudadano [...]” . El Estado de derecho democrático y ambiental amplifica el contenido de la ciudadanía al tiempo en que actúa en el intuito de la concretización de una democracia material, teniendo en el medio ambiente uno de los valores primordiales a seren resguardados.
Roxana Cardoso Brasileiro Borges hace interesante observación dentro de los meandros de la cuestión suscitada en este punto: “En un Estado ambiental, el ciudadano no es más el propietario, el trabajador, pero la persona, sin calificaciones jurídicas específicas que le introduzcan en un grupo específico a quien deba corresponder derechos y deberes específicos. Todas las personas [...] son los ciudadanos de este nuevo Estado”.
Naturalmente, la consecución de la ciudadanía ambiental perpasa por la evolución de un Estado de justicia ambiental, paradigma axiológico de mayor grandeza en la coyuntura de un Estado de derecho democrático y ambiental.
Esto porque, un Estado de justicia presupone un Estado de derecho a “incorporar el principio de la igualdad como principio de justicia” , es decir, no siendo suficiente un Estado de derecho formal.
De ahí que se puede afirmar, en busca de un Estado de derecho en sentido material, que “el Estado de derecho sólo es Estado de derecho si fuera un Estado de justicia social” , lo que debe ser alcanzado a través de la erradicación de la marginalización y desigualdades sociales.
Y tales premisas incluyen el medio ambiente como elemento primordial. Todos tienen derecho al medio ambiente y a la calidad de vida. Las conductas lesivas de algunos miembros de la comunidad política constituyen abuso de derecho y no pueden resultar en perjuicios para la colectividad.
La función social y ambiental de los contratos agrarios, de este modo, integra el conjunto de principios estructurantes del Estado de derecho democrático y ambiental, con fuerza “vinculante para definir toda la actividad de interpretación y aplicación del derecho” , consubstanciándose en substrato inarredable en la consolidación de la ciudadanía ambiental y en la estructuración del Estado de justicia ambiental.

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*LUCAS ABREU BARROSO (BRASIL)
Maestro en Derecho Agrario por la Universidade Federal de Goiás
Doctorando en Derechos Difusos y Colectivos en la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Profesor de la Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Socio de la UMAU – União Mundial dos Agraristas Universitários
Miembro de la ABDA – Associação Brasileira de Direito Agrário
Miembro de la ABLA - Academia Brasileira de Letras Agrárias (Sillón n. 11)