El Anteproyecto de Código Rural para la Provincia de Entre Ríos propuesto por el Instituto de Derecho Agrario y Minería del Colegio de Abogados de Entre Ríos
* Julio Ismael Gamarci

1. Introducción
A propósito de la necesidad de una urgente reforma de la legislación agraria en la Provincia de Entre Ríos, siendo un tema central de discusión en el seno del Instituto de Derecho Agrario y Minería del Colegio de Abogados de Entre Ríos, me he avocado a la tarea de reflexionar acerca del anteproyecto de Código Rural elaborado oportunamente por Horacio Maiztegui Martínez para el mencionado Instituto.
Dicho anteproyecto será presentado en el XI Congreso Provincial de Derecho organizado en Paraná, los días 23, 24 y 25 de septiembre del corriente.
A modo de ilustración para el VII Congreso Argentino de Derecho Agrario, y con la aspiración de que el presente trabajo contribuya al conocimiento y discusión del anteproyecto, me he permitido el atrevimiento de analizar y criticar la propuesta.

2. El Código Agrario de Entre Ríos de 1.892
El Código Rural de la Provincia de Entre Ríos fue sancionado con fuerza de ley el 22 de noviembre de 1.892, elaborado por una comisión especial que integraron Enrique Carbó, Ramón Calderón y Salvador Maciá.
A fines del siglo XIX nuestra provincia necesitaba urgentemente una legislación que fuera eficaz instrumento de trabajo y de colonización. Por eso sus autores aseguraron derechos individuales, pero también se ocuparon de los centros rurales de población, de los caminos, de los ferrocarriles, etc..
Sus autores se encargaron de su redacción en forma cuidadosa respecto a su constitucionalidad, para que planteos judiciales no entorpecieran su funcionamiento. Es por ello que este código, aunque con numerosas modificaciones, ha sobrevivido al paso del tiempo.
Pero ese cuerpo legal, producto de la época, en el mundo contemporáneo ya no soporta el peso de los acontecimientos que pretende gobernar.
Hoy no puede continuar rigiendo nuestro código tal como fue sancionado en 1.892. Y sin duda, esto no escapa al razonamiento de los actores involucrados en las relaciones agrarias.
Un código no es una obra eterna, aun el más perfecto debe ir adaptándose a la evolución del medio social, de hecho este lo hizo, pero a un costo demasiado alto. Es lo que ha ocurrido en nuestro país con los diversos códigos provinciales, los que han sido objeto de numerosas modificaciones oportunamente.
Estas sucesivas reformas a los códigos provinciales han transformado fundamentalmente el sentido de la legislación agraria en nuestro país.
Por ello el tema a tratar, porque es tiempo de cambio, de adaptación al vertiginoso mundo en el que nos toca vivir, en definitiva, de adecuación de las normas a los hechos.

3. Necesidad de su reforma.
La reforma del código agrario es una necesidad impostergable para la Provincia de Entre Ríos.
Con anterioridad, en numerosos trabajos, se ha puesto de manifiesto los inconvenientes propios de la legislación actual: escueta, obsoleta, desordenada y no pocas veces contradictoria.
El asombroso desarrollo que hoy está tomando la provincia en materia agraria hace necesario poner orden y claridad en las relaciones jurídicas y adaptar el derecho a los nuevos tiempos que se están viviendo.
Es preciso afirmar la presencia del Estado como generador de políticas activas y como protagonista junto al productor del proceso agrobiológico que tanta riqueza aporta a la provincia.
El Estado Provincial debe comprometerse no sólo en su faz administrativa sino también legislativa, y esta es una oportunidad irrepetible para hacerlo.
El anteproyecto de un instrumento eficacísimo para consolidar la vida económico-social del campo, que sin duda se verá resentida sensiblemente, si las autoridades provinciales mantienen la arcaica legislación vigente.
Todas estas razones deberían crear una conciencia general de que la sanción de un nuevo código agrario es impostergable.

4. Reforma integral: su fundamento
La profunda evolución social y económica del mundo rural contemporáneo, ha hecho surgir la cuestión de la reforma integral de nuestro código.
El nuevo orden económico, social y cultural no responde ya a las ideas rectoras del Código Rural de 1.892; y cuando una ley ha dejado de expresar el sentimiento jurídico popular está condenada a desaparecer. Por lo menos, el Código ha sido sometido a numerosas reformas inconexas, a veces contradictorias, por lo que se dificulta cada vez más su conocimiento y aplicación.
Desde este punto de vista, y aunque debe admitirse que la cuestión es delicada, pienso que una reforma integral sería la solución natural y lógica del problema.
Es cierto que sus más de cien años de vida, el código ha dado lugar a un muy valioso aporte doctrinario y a una no menos importante jurisprudencia. Todas sus disposiciones han sido sopesadas, analizadas, coordinadas y valoradas. El funcionamiento del código ha puesto de manifiesto sus defectos y cualidades. Y aquellos han sido subsanados en lo más importante, unas veces mediante la reforma legislativa y otras mediante la elaboración jurisprudencial.
Pero también es cierto que durante el siglo pasado la doctrina se ha encargado, no sin arduas discusiones, de reelaborar la noción de derecho agrario, basándolo no ya alrededor de la propiedad del fundo, sino en la empresa agraria.
Incluso actualmente la discusión se ha centrado en la amplitud del objeto del mismo, afirmando un sector de la doctrina que el derecho agrario debe ser parte de uno mayor, el denominado derecho de los recursos naturales , teoría a la que no adhiero en absoluto, pero que respeto en orden al prestigio de sus propulsores .
Por ello es que no hesitamos en reclamar un serio análisis del anteproyecto de marras, para que se ponga en discusión uno de los temas más determinantes de la dinámica de la Provincia de Entre Ríos.
Este y otros proyectos, mientras no hayan sido sometidos a una labor crítica, similar a la provocada en la Provincia de Santa Fe por ejemplo, contribuirán a perpetuar situaciones irresolutas que estancan el desarrollo que tan ansiadamente anhelamos para nuestra sociedad.

5. El proyecto propuesto

5.1 Crítica
Para comenzar con la misma podemos decir que la doctrina más tradicional podría afirmar que abusa de las definiciones, pero creemos que en este punto las críticas pueden ser refutadas.
Es cierto que es preferible que la ley no se ocupe de teorizaciones y que es peligroso encerrar los conceptos jurídicos en definiciones que, con el tiempo, pueden convertirse en moldes demasiado estrechos, en los que queda aprisionada la evolución del Derecho.
Pero no hay que olvidar que, en muchos casos, las definiciones son indispensables: lo han demostrado las modernas codificaciones que a pesar de la excelencia de su técnica jurídica -y quizá por ello- no han podido prescindir de formularlas .
En el caso que nos ocupa, juzgo que se accederá a formular en nuestra provincia una teoría clara en materia de nociones del derecho agrario, alejando el peligro de las ambigüedades, vacilaciones y caos doctrinario que sobre el mismo punto existen en otras provincias.
El cientificismo del código puede resultar para algunos excesivo. La doctrina seguida por Maiztegui Martínez y sus colaboradores del Instituto de Derecho Agrario y Minería del Colegio de Abogados de Entre Ríos incurrieron en ese vicio.
Pero entiendo que ello ha sido así, no por ignorancia, sino porque creyeron que de esta manera se facilitaba la comprensión y aplicación de la obra, ya que estamos ante un cuerpo de preceptos que tiene la ambición de regir los destinos del la actividad agraria en la provincia con la misma longevidad del que pretende reemplazar.

5.2 Las notas
El proyecto presenta una característica singular, como es la de que los artículos llevan al pie la referencia a su fuente. Con la agregación de esas notas se pueden comparar las correspondencias o discrepancias con las leyes hasta ahora vigentes, desentrañando el sentido y alcance de las normas propuestas a partir de su fuente inmediata.
Estas notas son sumamente valiosas para el legislador, pudiendo a través de ellas acudir a los cuerpos doctrinarios y legales citados y así cotejarlos para una mayor ilustración.

5.3 Las fuentes.
Para la elaboración científica y posterior redacción del proyecto, el autor se valió de códigos, leyes y obras de doctrina como fuente. He aquí un detalle de las mismas: a) el proyecto de Código Rural para la Provincia de Santa Fe de Fernando Brebbia; b) el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires; c) el proyecto de Código Rural de Entre Ríos de Laurencena; d) el proyecto de Código Rural de Entre Ríos de Leonardo Pastorino; e) el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria para Costa Rica, de Ricardo Zeledón; f) la ley de propiedad forestal de Costa Rica; g) la ley de forestación de Costa Rica; h) la legislación provincial en la materia.-

5.3.1 El proyecto de Código Rural para la Provincia de Santa Fe de Fernando Brebbia
Es la fuente que marca el norte del proyecto, obra de Fernando Brebbia y sus colaboradores de la Universidad Nacional del Litoral.
Este es el más acabado intento de sistematizar la legislación de la materia y sus institutos basados en el criterio agrobiológico, dando especial preponderancia a la empresa agraria, tal como lo afirma la escuela moderna del derecho agrario.
La doctrina establecida en dicho cuerpo influyó notablemente en la construcción del proyecto, no sólo por lo escrito en él, sino por la sapiencia de su autor, quien ha sabido influir a casi todos los agraristas argentinos.

5.3.2 El Código Rural de la Provincia de Buenos Aires
Si bien dicho código, elaborado por Eduardo Pigretti, ha aspirado ha exceder del objeto tradicional de estudio del derecho agrario para situarse en otro más amplio cual es el derecho de los recursos naturales, el autor ha tomado artículos del mismo, ya que engloba y soluciona situaciones de manera ágil, lo que es fundamental para el hombre de campo.

5.3.4 El Proyecto de ley de Jurisdicción Agraria de Ricardo Zeledón
Este ha sido tomado especialmente para la redacción del Libro Séptimo, ya que establece un procedimiento judicial rural que es de suma necesidad en la actualidad, ya que ofrece a los actores del escenario rural un acceso expeditivo a la jurisdicción y a la solución de conflictos.

5.3.5 El proyecto de Código Rural para Entre Ríos de Leonardo Pastorino
Dicho proyecto, que fracasó en su intento de reformar el código vigente, fue tomado como fuente en el Libro Séptimo, pues en él se elaboró claramente el fuero rural y su composición.

5.3.6 El proyecto de Código Rural para Entre Ríos de José Laurencena
Este proyecto que quedara trunco hacia 1.981, ha sido rescatado en parte como antecedente, no sólo en el caso de marras sino para otros códigos, como por ejemplo el de Buenos Aires.

5.3.7 La ley de forestación de Costa Rica
Ella ha sido tomada para prevenir la acción perniciosa del hombre que debe talar su campo para lograr una más rentable actividad, y a la vez fomentar la forestación en una provincia en la que el desmonte ha causado enorme preocupación en las entidades no gubernamentales.

5.3.8 La legislación provincial
El codificador y sus colaboradores han sabido rescatar del actual código aquellas instituciones que, a pesar del paso del tiempo, se han mantenido vigentes y que no es conveniente derogar.
El proyecto se sirve de la legislación provincial en materia de: subdivisión de inmuebles rurales, conservación y manejo de suelos, caza, pesca, aguas, apicultura, cunicultura y citricultura, entre otras.
Sirvieron asimismo de fuentes diversos decretos que abarcan la temática del derecho agrario. Entre otras encontramos decretos reglamentarios como el de la ley de caza, resoluciones del SENASA, etc.
Estas han sido sistematizadas y concordadas de manera tal que actúen en forma armónica sin perder su espíritu y alcance en el articulado del proyecto.

5.4 El método.
El proyecto está dividido en un título preliminar y doce libros y tal como lo anticipara pertinentemente, se inspiró fundamentalmente en el elaborado por Fernando Brebbia, considerado por la doctrina especializada como el más conspicuo de los agraristas argentinos.
En ese sentido, aunque sin respetarlo radicalmente, siguió los lineamientos que fijara el maestro rosarino, acogiendo el siguiente método, a saber:
El título preliminar, desarrolla los conceptos de las modernas corrientes del derecho agrario, al igual que el de la Provincia de Santa Fe. Así es que se incorporan la noción de actividad agraria, empresario agrario, hacienda agraria, establecimiento rural, educación, explotación racional y propiedad agraria, delimitando así los conceptos fundamentales de la materia a legislar.
El libro primero trata de la propiedad fundiaria. Está dividido en cuatro títulos, en primero se avoca a la delimitación de la misma, conteniendo tres capítulos que disponen lo concerniente al deslinde y amojonamiento, a los cercos y a la medianería rural respectivamente. El título segundo, en su único capítulo abarca la subdivisión de tierras, la unidad económica y la concentración parcelaria. El tercero se ocupa del importantísimo tema de la conservación y manejo de suelos, todo ello en ocho capítulos que comprenden sucesivamente las normas generales, la autoridad de aplicación, las áreas de conservación de suelos, los estímulos y beneficios por aplicación de las prácticas conservacionistas, los requisitos y obligaciones para acceder a los beneficios, las personas comprendidas, los planes de conservación y la planificación y ejecución de obras. El último trata de la colonización, normándola en siete capítulos, a saber: de la colonización en general, de las formas de adquisición de inmuebles colonizables, ocupantes de inmuebles colonizables, formas de adjudicación con promesa de venta, adjudicación en arrendamiento y venta a entidades de bien público.
El libro segundo se refiere a la propiedad forestal, tema tan controvertido actualmente en nuestra provincia, organizando en su título primero el régimen general del bosque, y en sus dos capítulos establece las normas generales y el tránsito de los productos forestales.
El tercero abarca lo concerniente a la propiedad del ganado, todo ello en cinco libros. El primero legisla acerca de las marcas y señales en seis capítulos, los que engloban las normas aplicables a la materia, las forma de acreditar la propiedad, la propiedad de las marcas y señales, las marcas, la señal y el registro. El título segundo versa sobre los certificados de adquisición, guías y precintos en dos capítulos. El tercer título, en su único capítulo ordena lo referente a los animales invasores y perdidos. De la misma manera se ocupan el cuarto y el quinto de los apartes y apartadores, y de las hierras y señaladas, respectivamente.
El libro cuarto se encarga de ordenar los preceptos correspondientes a la fauna y flora silvestre. Lo hace en tres títulos. El primero abarca las normas generales en un solo capítulo. El segundo alude a la fauna silvestre, disponiendo lo concerniente a los procedimientos de apropiación, en especial la caza, a saber: en su forma deportiva dictaminando sobre la época y zona; en forma comercial y las prohibiciones a las que se halla sujeta; con fines científicos, técnicos, educativos y culturales, nomenclando las especies declaradas plagas o dañinas, por último se ocupa de la autoridad de control, todo ello en ocho capítulos. El título tercero en sus cinco capítulos tutela la pesca, pudiéndose encontrar las normas destinadas a la materia y alcance de la reglamentación, a la autorización genérica: permiso de pesca, comercio e industrialización, a la protección de la flora y fauna acuática, a la asistencia social y salud pública, a las prohibiciones.
El libro quinto se ocupa, en su título único, del trascendente tema de la producción regional. Para ello divide a la misma en cinco capítulos, cuales son: de la agricultura y ganadería de Entre Ríos, de la citricultura, de la apicultura, de la cunicultura y de la avicultura.
El sexto, también compuesto por un solo título, trata el uso y aprovechamiento de las aguas. En el delicado tema de marras ocupa diecisiete capítulos para lograr una exhaustiva regulación del recurso agua, en sus diferentes manifestaciones y usos.
El séptimo libro domina el apremiante tópico del régimen jurisdiccional y procesal rural. En el título primero, en dos capítulos, crea el fuero rural, su organización y competencia. El segundo describe el procedimiento judicial rural, dividido en seis capítulos, estableciendo las disposiciones generales, los procesos en particular y sus normas comunes, las medidas cautelares, las recusaciones, el proceso ordinario agrario y contencioso administrativo, por último los recursos en general.
El libro octavo ordena la policía sanitaria, respectivamente tratando en sus tres títulos las disposiciones comunes, la sanidad animal y la sanidad vegetal.
El libro noveno, en su capítulo único, instaura un registro de empresarios agrícolas.
El décimo pauta las sanciones e infracciones por no dar cumplimiento a las reglas del Código. Para ello detalla las reglas generales, las infracciones, las sanciones y la responsabilidad profesional en cuatro capítulos.
El libro undécimo dedica su único título al Fondo Agrario Provincial.
Para finalizar ordena, en el duodécimo libro, lo referente a la política agropecuaria provincial. En el título primero, encierra las disposiciones generales, determinando la autoridad de aplicación, presupuestos y objetivos, la organización institucional, la planificación agropecuaria, la investigación agraria, la asistencia tecnológica y extensión rural, la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, la información agraria, el asociacionismo y cooperativismo, los servicios públicos en el campo, el crédito rural, el seguro agrícola, la habitación rural, la electrificación rural, la mecanización agrícola, los contratos agrarios y los servicios sociales para productores agrarios. Culmina con el título segundo que describe las disposiciones finales.

6. Breve análisis de sus institutos

6.1 El titulo preliminar
En este primer apartado formula una serie de definiciones que dan cabalmente el sentido y alcance de lo que entiende el anteproyecto como objeto del derecho agrario.
Allí describe la finalidad del código, haciendo referencia explícita al respeto por el ordenamiento jerárquico de nuestro sistema jurídico.
Conceptualiza la actividad agraria como la que abarca a toda industria genética consistente en el desarrollo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de los recursos naturales que se resuelve económicamente en la obtención de frutos destinados al consumo directo, o previa una o múltiples transformaciones, o a su comercialización cuando resulte del ejercicio normal de la agricultura.
El empresario agrario es explicado en sus dos facetas, es decir como productor que desempeña la actividad en forma exclusiva, o de tiempo parcial cuando desarrolle otras actividades que le permitan tener otro tipo de ingresos. En ambos casos se respeta el criterio de profesionalidad y habitualidad.
También son precisadas las nociones de hacienda agraria y establecimiento rural, determinando su ámbito físico.
No menos importante es la norma que propone sobre explotación racional en consonancia con las teorías que propician el acoplamiento de una explotación económicamente rentable y respetuosa del medio ambiente.
Especial énfasis pone en cuanto a la finalidad de la propiedad agraria y al acceso de la persona a ésta mediante políticas activas del Estado Provincial, para garantizar un equitativo reparto de la misma y desarrollar el medio rural como una opción deseable.
Todo estos conceptos se reúnen en torno a la idea de que la realidad del hombre de campo se rige por el criterio agrobiológico, sobre el esquema de la empresa-propiedad, que permite agrupar los diferentes institutos de la materia bajo un mismo nomenclador de agrariedad. Después de todo es función del código armonizar desde su normativa reglas que se encuentran dispersas y aisladas, y para ello son estas definiciones .

6.2 La propiedad fundiaria
El primer libro está dedicado a la regulación de la propiedad de la tierra.
Reconocida por todos como una cuestión esencial, esta ha sido reglada de manera minuciosa.
En primer lugar ha considerado las disposiciones concernientes a los límites y linderos de la propiedad.
Luego recala en la cuestión de la unidad económica, la que define como el fundo que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras, y demás condiciones de producción, racionalmente trabajados por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo y desarrolle las actividades corrientes de la zona, le permita alcanzar un nivel de vida digno y una evolución favorable de la empresa agraria.
Esta noción es fundamental para evitar la subdivisión irracional, tan atacada desde los distintos sectores que involucran al agro, pero ineficientemente combatida en los hechos.
Del mismo modo, y con especial dedicación, establece disposiciones para lograr la conservación del suelo, estableciendo áreas de conservación, estímulos y beneficios por aplicación de practicas conservacionistas, y detallando los requisitos y obligaciones que debe contener los planes de conservación, que serán supervisados por profesionales matriculados en el Colegio de Ingenieros de la provincia de Entre Ríos.
Llegamos entonces al instituto de la colonización, que no podría estar ausente en este proyecto.
En una provincia en la que abundan pujantes colonias, se debe retomar el proceso de colonización a través de la subdivisión racional de los fundos y de una correcta distribución de la tierra para poder evitar la migración del campesino.
Al respecto se regula la forma de adquisición y adjudicación de inmuebles colonizables, estableciendo quienes y como pueden acceder a ellos.
En cuanto a la propiedad forestal, sigue el régimen de adhesión a la ley 13.273, agregando algunas pautas sumamente útiles tomadas del derecho costarricense.
Declara de orden público la defensa, conservación, regeneración, enriquecimiento, mejoramiento, ampliación y estudio de los bosques, así como la promoción del desarrollo e integración adecuada de la industria forestal.
Es destacable la prohibición impuesta contra la tala del monte nativo por cinco años como norma excepcional y de carácter transitorio, todo ello de acuerdo a los requerimientos de los organismos conservacionistas provinciales que han hecho un poderoso llamado de atención a las autoridades que no han controlado la poda indiscriminada del bosque entrerriano. Ese lapso será suficiente para elaborar un plan de sustentabilidad del recurso y así volver al régimen ordinario.

6.3 La propiedad del ganado
En este tema, y para no incurrir en inconstitucionalidades, establece que lo relativo a la propiedad del ganado se regirá por lo dispuesto en las leyes nacionales 20.378 y 22.939, disponiendo que las disposiciones provinciales complementaran lo dispuesto por las mencionadas normas nacionales.
Así establece la forma de acreditar la propiedad del ganado, lo referente a las marcas y señales y su registro, la forma de obtenerlo y transferirlo.
Respecto de los certificados y guías de adquisición, que en el proyecto se encuentran identificados ya que el certificado de adquisición sirve de guía de transito, dispone detalladamente los requisitos para la obtención de los mismos. De esa manera establece un sistema tendiente a lograr la disminución del transporte ilegal de animales y así tratar de erradicar el abigeato.
Por último, dictamina un régimen especial para los animales invasores y perdidos, para los apartes y apartadores, y la obligación de notificación de aviso de hierras y señalizaciones.

6.4 Protección de la fauna y flora silvestre
En este libro luego de establecer el orden público de las normas que le competen incluye de manera sistematizada y ordenada las leyes de caza y pesca, estableciendo en el capitulo cinco una serie de prohibiciones que hacen a una mejor protección de nuestra fauna y flora silvestre.

6.5 La producción regional
Este libro es de fundamental importancia ya que contiene lo relativo al desarrollo de la agricultura y la ganadería en la provincia declarándolas de interés provincial, priorizando así el desarrollo económico y sustentables de tales actividades.
En él se receptan las leyes provinciales de citricultura, apicultura, cunicultura y avicultura.
Entre Ríos es una provincia que se caracteriza por su gran diversidad de explotaciones agropecuarias, la cría de pollos parrilleros, por ejemplo, es una actividad que cubre casi el cincuenta por ciento de la producción nacional.
Tales actividades, de vital importancia para el crecimiento económico y desarrollo social de nuestra provincia, conservan su normativa en este libro de manera tal que los sectores de la producción involucrados en ellas tengan un fácil acceso a las mismas.

6.6 Agua
El libro sexto trata del uso y aprovechamiento de las aguas. El mismo ha recogido lo normado por la ley provincial Nº 9.172 denominada comúnmente Ley de Aguas.
Al regular el uso de la misma, se ha desarrollado el principio según el cual los particulares pueden usar de los bienes del dominio público sin que ello implique la transferencia del dominio en cuestión o la perpetuidad e irrevocabilidad de la concesión .
Si bien existen provincias que han preferido dictar la legislación de aguas en forma de código, aquí se ha entendido que siendo la misma un recurso natural de suma importancia para el desarrollo del sector es necesario incluirla dentro del proyecto, sin insertarle modificaciones que alteren su espíritu.
Se puede observar que se han clasificado los usos del agua, estableciéndose un orden de prioridad para dichos usos, y se ha conservado todo lo concerniente a la clasificación de los permisos y concesiones. Asimismo se establecen las normas de procedimiento para la adquisición de dicha concesión.
Recordemos que en la exposición de motivos del código de 1.892 sus autores consideraron que con una sección limitada a disposiciones generales llenaba perfectamente las necesidades del momento.
Posteriormente se sancionó la Ley provincial de Aguas y su decreto reglamentario, la que en forma ordenada y sistematizada ha sido incluida para un mejor conocimiento y desarrollo del sector rural.

6.7 Régimen Jurisdiccional y Procesal Rural
En el proyecto se contempla la creación de los Tribunales Rurales como parte integrante del Poder Judicial de la provincia de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Provincial y en la Ley Orgánica de Tribunales.
Para ello se desarrolla acabadamente el régimen de organización y competencia y funciones del fuero rural como así también pautas para llevar acabo el procedimiento judicial rural, incluyendo el proceso ordinario agrario, atribuyéndoles a los Juzgados de Paz competencia para entender en los juicios ordinarios agrarios, sin tener limitación de monto.
Se crea la Cámara de Apelaciones Rural, cuyo asiento se prevé en la ciudad de Paraná, la que ejercerá su jurisdicción en todo el territorio de la provincia y conocerá como tribunal de segunda instancia de los recursos promovidos contra los pronunciamientos de los Juzgados de Paz.
De esta manera se plasma el anhelado fuero agrario, tan útil y necesario para el hombre de campo como la legislación de fondo misma, ya que al otorgarle competencia a los jueces de paz este no deberá movilizarse grandes distancias para acceder a la jurisdicción.
Su incorporación normativa se hace siguiendo la experiencia costarricense, elaborada por el eminente doctrinario Ricardo Zeledón, y el proyecto de ley de Leonardo Pastorino, en especial este último como fuente para establecer la creación organización y competencia del fuero rural.
Asimismo, al decir de Milton R. Murga, se contribuirá a paliar la emergencia judicial actual, porque aprovecharía con mayor eficiencia la totalidad de la capacidad disponible de los Juzgados de Paz que se encuentran distribuidos en toda la geografía provincial .
La inclusión de este Instituto en el Proyecto será de vital importancia y sus resultados una vez aprobado el mismo no se harán esperar, ya que los protagonistas del mundo agrario se sentirán mas protegidos en lo que respecta al reclamo de solución de conflictos que con frecuencia ocurren en zonas alejadas de los centros urbanos de mayor importancia en los cuales se asientan hoy los tribunales con competencia en esta materia.

6.8 Policía Sanitaria
Más allá de la discusión acerca de establecer la limitación y el alcance de denominados poderes implícitos que corresponden a la Nación con arreglo a lo establecido por el inc. 32 del art. 75 de la Constitución Nacional, y luego la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema a partir leading case “Ercolano c/Lanteri de Renshaw”, consideramos oportuna la inclusión de la regulación de la Policía Sanitaria, siempre dentro de las potestades otorgadas por la Constitución Nacional y la jurisprudencia citada.-
Ello es así, porque entiendo que las normas de sanidad animal y vegetal son hoy de vital importancia para la comercialización internacional de productos agrarios, tanto con el Mercosur como con la Unión Europea.
Ha sido sumamente acertada la inclusión de esta materia en forma detallada dentro del proyecto, ya que las normas provinciales en esta materia complementan a las nacionales para lograr un mejor control de los procesos productivos y a través de su aplicación alcanzar una mejor colocación de los productos agrarios de nuestra provincia en los mercados nacionales e internacionales, ya que si bien existe legislación nacional en la materia, las especiales características de cada provincia hacen necesaria la inclusión de normas locales en el delicado tema de la sanidad animal y vegetal.

6.9 Registro de los empresarios agrícolas
En el proyecto es obligatoria la inscripción anual para los empresarios agrícolas por cada explotación a su cargo.
Dicho empresario, entendido como el que se define en el art. 3 del título preliminar, realizará todos los trámites que le conciernen ante la autoridad pública, acreditando previamente su condición de tal con el certificado que será expedido por la autoridad del registro.
Es a todas luces conveniente esta normativa ya que será sumamente fácil llevar a cabo estadísticas de la producción y trabajo, con la lógica practicidad que se le atribuye a esa información actualmente.

6.10 Sanciones e infracciones
El proyecto dedica un libro a las mismas, siendo en su mayoría las infracciones tipificadas en la ley de caza, con algún agregado aportado por el Instituto de Derecho Agrario del C. A. E. R..

6.11 El Fondo Agrario Provincial
El proyecto también se ocupa de la creación de un organismo que proporcione los medios necesarios para que la autoridad de aplicación desarrolle las tareas encomendadas por el proyecto.
Este deberá solventar los programas de difusión, extensión y educación tendientes a lograr el cumplimiento de los objetivos de las materias reguladas. Servirá de apoyo a los productores de escasos recursos y a sus proyectos. Solventará los gastos que demande el cumplimiento de los planes agropecuarios dispuestos por el Consejo Agrario Entrerriano, la Secretaría de la Producción o el Gobierno Provincial.
Para lograr los objetivos mencionados establece la forma de integración y asignación de recursos de dicho organismo, y las limitaciones en cuanto al destino de los mismos.
De esta forma se centraliza dicha actividad en el Consejo Agrario Entrerriano, el cual tiene la pretenciosa ambición de ser un ente eficiente en el manejo de temas considerados clave para el agro.

6.12 Política Agropecuaria Provincial
Esta materia ha sido de elaboración del Instituto. En ella se ve plasmada una serie de directrices que marcan el rumbo de lo que se ha entendido necesario para el desarrollo de la empresa agrícola.
Se establecen han redactado diversas normas que van de la autoridad de aplicación, objetivos, organización institucional, planificación, investigación y asistencia tecnológica rural, temas de alcance general, hasta los servicios públicos en el campo, la electrificación rural, el crédito, el seguro, y otros aspectos que han sido considerados como de vital importancia para lograr una calidad de vida adecuada para el habitante de las zonas rurales.

7. Conclusiones finales
Creemos que ha llegado el momento de poner en consideración la necesidad de la reforma del actual código.
No podemos dejar pasar esta pingüe oportunidad, en especial en un momento donde la sociedad exige cambios que den orden y claridad a las instituciones, de discutir seriamente propuestas para solucionar el problema.
Desde el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Entre Ríos se ha pretendido contribuir a este efecto, porque sus miembros están convencidos que el compromiso con la provincia se afianza de esta manera, y que ello revertirá sin dudar en el propio beneficio y en el de la comunidad toda .
Estamos persuadidos de que tarde o temprano, la fuerza de los hechos nos llevará a hacerlo, y que de vuestra intervención depende también la eficacia del ordenamiento a aplicar .
En este orden de ideas invito al conjunto de la doctrina agrarista, y en especial al Instituto Argentino de Derecho Agrario, a analizar, debatir y criticar la iniciativa propuesta, y a solicitar su valioso apoyo para que el anteproyecto pueda convertirse en ley para mi querida provincia natal.
Por ello intereso una declaración aprobatoria en general de este anteproyecto, sabiendo que, por estar redactado en base al proyecto modelo del profesor Fernando Brebbia, será fácil su lectura e interpretación dado que su antecedente ya ha sido analizado por la doctrina especializada.
Por último solicito su publicación completa en la página web del Congreso, así como su difusión a través del Instituto Argentino de Derecho Agrario, para que pueda ser conocido y enriquecido mediante los generosos aportes que pudieran hacer aquellos interesados.
Al aprobar estas propuestas nuestro cometido habrá sido fructífero, toda vez que se afianzará la doctrina agrarista que con tanta pasión propugnamos, y que nos lleva a trabajar en pos del desarrollo de esta fundamental rama del derecho.


* Julio Ismael Gamarci
Miembro del Instituto de Derecho Agrario y Minería
del Colegio de Abogados de Entre Ríos
Correo electrónico: juliogamarci@yahoo.com.ar


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