LA NUEVA LEY DE INTEGRACIONES AGRARIAS EN EL URUGUAY
*Enrique Guerra Daneri

1. Introducción.

En fecha 21 de mayo de 2004, el Poder Ejecutivo de nuestro país, promulgó la ley No.17.777, cuyo contenido en adelante examinamos, pero que en sustancia, refiere a la materia anunciada en el título. No obstante, jurídicamente, la ley lleva por nombre “De las Sociedades Agrarias y los Contratos Agrarios Colectivos y de Integración”

Se trata de una norma de iniciativa parlamentaria, que posee la inusual cualidad de haber recibido no sólo la aprobación unánime de la Cámara de Diputados y la de Senadores, sino además, de que dicha promulgación se formó con la integración de las Secretarias de Economía y Finanzas, Ganadería, Agricultura y Pesca y, Educación y Cultura en los plazos inmediatos que marca la Constitución.

La explicación para este fenómeno poco común en nuestras leyes, se encuentra en que en su contenido, es esta una norma técnica que tuvo origen en nuestra Cátedra de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Sin embargo, tuvo que transcurrir más de 14 años y diversos períodos de Gobierno y su redacción adecuada de tiempo en tiempo, para que fuera comprendida. Debe subrayarse que tal vez, no hubiera conocido luz, sino fuera por el decidido apoyo que en el año 2002, le diera la Asociación de Escribanos del Uruguay.

2. El propósito económico y el contenido jurídico de la ley.

Esta ley, desde el punto de vista de la economía agrícola, propende el fenómeno de la integración horizontal y vertical de la actividad agraria, en cualquiera de sus modalidades. Particularmente, fomenta la conexión inmediata del fenómeno productivo de la agricultura, con las exigencias actuales del consumo alimenticio. Se quiere facilitar un tránsito mercantil, de fase directa a cargo de los mismos productores, así como crear un ámbito jurídico que permita acordar reglas de comercialización con el sector industrial o simplemente del comercio. El fenómeno básico que provoca este cambio, radica en que ya no se consume lo que se produce, sino que sólo se produce lo que se consume.
Para lograr este objetivo de integración agrícola directa entre productores y con el mercado consumidor, se reconocieron desde el punto de vista jurídico, dos nuevos tipos asociativos, que precisamente no están contenidos en el derecho mercantil: las asociaciones agrarias y las sociedades agrarias. No se trata de una creación dogmática, sino una respuesta que tiene su origen en una realidad social y económica de la agricultura actual de nuestro país, que no se encuentra contemplada desde el derecho comercial, conforme los intereses propios de la actividad agraria.
Están previstos además, dos formas contractuales de oposición de intereses: el contrato agrario colectivo y el contrato de integración productiva con integración de partes. Se trata de dos negocios, tampoco previstos hasta ahora a texto expreso de modo genérico en nuestro derecho positivo. (sólo de manera excepcional puede encontrarse el contrato colectivo en el régimen de la lechería).
De manera accesoria, esta ley concede personería jurídica a las sociedades civiles con objeto agrario exclusivo y permite la emisión de obligaciones negociables y la creación de fondos de inversión.

3. El panorama asociativo previo a la ley.

El fenómeno asociativo es, sin duda, uno de los dos sucesos principales de la ley.

Previo a ella, nuestro derecho positivo presentaba en esta materia, un panorama falto de inmediatez y poco ajustado al realidad social y operativa del agro.

Podían encontrarse diversas figuras asociativas, que tradicionalmente se consideraron suficientes, aunque en verdad no lo fueran completamente.

La aparecería, que constituye el grado más simple del negocio asociativo agrícola, carece de toda estructura interna y externa, y no responde a bases asociativas igualitarias (pues se reparte la renta bruta), siendo la sociedad civil la estructura que le seguía en grado. Si bien en la sociedad civil puede encontrarse ya, un escalón más complejo de integración, dado que naturalmente no posee personería jurídica, cuenta con un patrimonio de afectación que es inmune a la acción de los acreedores del socio y por ende individualizable fuera del patrimonio y disponibilidad de cada socio. Sus inconvenientes tradicionales radican en su falta de personería, la responsabilidad ilimitada de sus socios y la ausencia de todo vínculo directo de los socios con el capital social.

Más allá de esta tipicidad simple, era necesario acudir a las sociedades mercantiles. Era éste sin duda, un salto cuantitativo y cualitativo muy grande, que no conocía escala intermedia. Las sociedades comerciales son tipos rígidos, con estructuras inexogorables, plagadas de exigencias formales, y con importante costo constitutivo y funcional.

Las cooperativas agrarias, que finalmente completaban el cuadro general asociativo previsto legalmente para la actividad agrícola, poseen el inconveniente de que su estructura se encuentra diseñada para albergar un número mínimo de asociados que no es menor; pero básicamente, el vínculo asociativo se funda en la ayuda mutua y no en el capital, por lo que cada socio sólo posee un voto, cualquiera fuere su aporte. Ello no estimula la inversión privada.

4. Los fines de la ley.

Esta ley, persigue cuatro fines:

a) colmar espacios entre la legislación civil y comercial en materia asociativa, que se entendieron convenientes para el sector agrario.
b) ordenar y sistematizar el régimen de las estructuras asociativas en materia agraria, que era confuso y carente de unidad conceptual, dado su latitud..
c) consolidar y jerarquizar el proceso de identidad, social, económica y jurídica de la materia agraria y el sector rural en general.
d) dar tipicidad legal a negocios que promueven la conexión objetiva entre productores rurales y entre éstos y terceros representativos de intereses profesionales diferentes a los suyos.

4.1 Colmar espacios entre la legislación civil y comercial en materia asociativa.

Entre los principales propósitos de esta ley, se encuentra la necesidad de colmar los vacíos existentes entre los tipos civiles y mercantiles, en razón de las necesidades agropecuarias, aspecto tradicionalmente negado desde otras áreas del derecho.
Sin embargo, esta norma prevé 4 aspectos no contemplados en la legislación asociativa prexistente.

4.1.1 En primer término, crea estructuras asociativas basadas en la autonomía de la voluntad. En este sentido, tanto la estructura interna de administración (directores, directorio, asambleas y en general órganos individuales o colectivos, votación,etc.), así como la estructura en relación al capital de uno de los tipos asociativos, queda libradas a la voluntad de los socios y no se encuentran dispuestas de modo obligatorio por la ley, como sucede en los tipos comerciales. Son pues, figuras mucho más flexibles y de creación más sencilla, pues sólo requieren inscripción registral y prescinde de la publicidad por edictos. No obstante se dispone un régimen subsidiario, que es el del Código Civil, para las sociedades civiles, en cuanto no resulte incompatible con la naturaleza y estructura de los tipos creados en la ley (art.20).

4.1.2 En segundo lugar, el fenómeno asociativo permite fines múltiples. En efecto, mientras las sociedades comerciales sólo se crean para el reparto de ganancias (art.1 de la ley No.16.060) y las sociedades civiles para el de beneficios (art.1875 del C. Civil), en esta ley se permite además la unión de intereses también para otros fines. De manera expresa, se prevé la vinculación por razones de economía de escala (art.1 A) en donde el provecho asociativo consiste en facilitar la actividad económica de sus miembros. Este aspecto a nivel comercial, sólo podía obtenerse fuera del régimen típico de las sociedades comerciales y a través de los llamados Grupos de Interés Económico (art.489 de la ley de sociedades comerciales) cuya estructura legal tiene el inconveniente de la responsabilidad ilimitada de sus integrantes(art.495) y la prohibición de emitir títulos negociables (art.493).

4.1.3 En tercer término, esta ley permite crear vínculos asociativos impersonales, sin necesidad de “reconstruir” la noción de contrato contenida de modo clásico en nuestro Código Civil (art.1247), en base a prestaciones recíprocas. Para ello y como veremos, se buscó la figura del negocio colectivo en la asociación agraria).

4.1.4 Pero por otra parte y en cuarto lugar, esta ley permite ahora, la creación de un tipo asociativo (la sociedad agraria), con personería jurídica y responsabilidad limitada, donde la naturaleza personal del vínculo es de esencia, lo que no sucede en ninguna de las formas mercantiles. Así por ejemplo, les resulta aplicable el art.1926 del C. Civil, que permite a cualquiera de los socios, dar por disuelta la sociedad si alguno de ellos no cumple con su aporte, principio general que no es de recibo en las sociedades comerciales.

4.2 Ordenación y sistematización del fenómeno asociativo en materia agraria.

4.2.1 Como es sabido, históricamente la agricultura ha desarrollado sus propias estructuras asociativas, especialmente para la organización colectiva del trabajo y la explotación en común de la tierra. No puede olvidarse, que la sociedades primitivas eran rurales y sus estructuras organizativas se encontraban unidas a la vida agrícola. Así en el derecho romano, es fácil conectar la familia (agrícola) con el contrato de sociedad (particularmente formada a través de la indivisión sucesoria del patrimonio agrícola).
Pero sin duda que existen ejemplos notables en la agricultura pasada y presente, como el caso de los ejidos mexicanos, los kibutz israelitas, y en general las peculiares y diversas modalidades recogidas en las reformas agrarias en América Latina e incluso el reconocimiento a ciertas Comunidades Nativas. Actualmente varios países de la Unión Europea, especialmente en Francia, tienen una vasta experiencia en formas de sociedades y asociaciones peculiares, que no son conocidas en materia comercial.
Precisamente, una de las características universales del fenómeno asociativo en materia agraria, radica en la amplitud del mismo; vale decir en la dimensión lata que posee. Esto tal vez pueda explicarse en la medida que la actividad agraria, no sólo es un medio de vida, sino también que implica una forma de vivir, lo que supone necesidades muy variadas en sus objetivos y sus fines.
Esta latitud y dimensión del problema, impidió un desarrollo uniforme de su disciplina. Siguió así un camino empírico y heterogéneo, caracterizado por la pluralidad de formas y designaciones.
El problema es que hasta esta ley, el fenómeno asociativo agrario, no había admitido su reducción a un fenómeno unitario, como sucedió con el contrato (plurilateral) de sociedad en materia mercantil. Carrozza mismo señalaba que la “agricultura de grupo” es “una fórmula susceptible de suministrar la llave para la lectura unitaria de fenómenos jurídicos diversos y aparentemente lejanos unos de otros.”

Sin embargo en los últimos años, parece ir tomando cuerpo una idea y un fin casi básicos, que explican por igual y como suerte de común denominador para el respaldo del asociacionismo agrario: la idea de desarrollo rural. Es este un concepto sin duda complejo, de fronteras difusas y, principalmente, de naturaleza interdisciplinaria (comprende asuntos de muy variados de índole social, económica, técnica, jurídica, etc.). En sustancia, requiere de una visión globalizadora del sector agrario, con pluralidad de fines y con un propósito y alcance muy diferente a la manera en que viene planteado el fenómeno de la sociedad en materia mercantil.

Pues bien, esta nueva ley, pretende sistematizar y ordenar el problema asociativo en el agro, que hasta el momento era de pobre dimensión y formado en base a estructuras muchas veces no definidas y sin nombre.

4.2.2. Los nuevos tipos asociativos. Constitución y naturaleza. La ley reconoce dos nuevos tipos sociales: las asociaciones agrarias y las sociedades agrarias. La base de su entendimiento y disciplina reposa en la autonomía de la voluntad.

Las asociaciones agrarias, son estructuras abiertas, que en principio permiten el ingreso y egreso de los asociados, bajo ciertas condiciones que prevé la ley y bajo las reglas que puedan disponerse estatutariamente.

Las sociedades agrarias en cambio, son estructuras cerradas, basadas en la naturaleza personal del vínculo asociativo.

En todo caso se exige siempre la participación constitutiva de por lo menos un productor rural, figura que se define en la ley uruguaya por vez primera, luego que en 1942, fuera derogado el C. Rural de 1875.

La posición de los asociados y de los socios en ambos tipos, responden a su participación en el capital social, por lo que no puede integrarse a esta ley, el fenómeno de la ayuda mutua, propio de las cooperativas.

Por ello, técnicamente, es mejor a nuestro juicio, considerarlas como estructuras impersonales y personales, pues en esta circunstancia radica la esencia del vínculo asociativo.

La naturaleza jurídica de uno y otro tipo social es diversa.

La asociación agraria es un negocio jurídico cuya naturaleza responde al negocio colectivo; en tanto que la sociedad agraria, es un contrato.

Para esta disposición, se tuvo en cuenta las dificultades de nuestro derecho positivo en relación a las carencias de una disciplina general del negocio jurídico, del fenómeno asociativo como tal y del contrato plurilateral como tal.

Como se recordará, el negocio colectivo se caracteriza en primer término por la estructura de la voluntad negocial, que son del mismo contenido, están dispuestas en sentido paralelo y persiguen un fin común y un mismo efecto jurídico, lo que permite recibir un número indefinido de voluntades ya que no están basadas las unas en las otras. Por tanto, es un negocio que admite la decisión por mayorías, la creación de reglas internas objetivas y abstractas (estatutos) y permite naturalmente, el ingreso de nuevas voluntades y el egreso de las existentes, sin afectar el negocio constitutivo.

Se trata en segundo término de un negocio unilateral, pues si bien existen pluralidad de personas y voluntades, no hay intereses recíprocos o contrastantes y por lo tanto, no hay más que una sola parte, de intereses comunes.

En las asociaciones agrarias, la estructura del capital queda en buena medida librada al criterio de las partes. Para el capital, no hay exigencias de máximos ni mínimos y es de naturaleza variable, a propósito del libre tránsito de los miembros. Pero puede constituirse con un monto limitado o ilimitado. Como se divide en partes sociales, que es posible representarlas en títulos nominativos o al portador cuya transmisión es enteramente libre, la creación de un capital limitado totalmente integrado y con partes al portador, la pueden convertir en una estructura cerrada e impersonal. Contrasta así con la posibilidad de un capital ilimitado de ingreso y egreso abierto, con partes sociales nominativas. Las posibilidades en este sentido son muy amplias y variadas.

La sociedad agraria en cambio, es un contrato plurilateral, en el cual existen partes y cada parte, es titular de un interés, aunque no en sentido recíproco, sino en sentido convergente. Lo característico no obstante –y que separa a este contrato de sociedad del contrato de sociedad mercantil- radica en la naturaleza personal del vínculo, por lo cual si bien los intereses de cada parte no son recíprocos, las voluntades se apoyan las una en las otras, al igual que en la concepción tradicional del contrato y a diferencia además del acto colectivo. Si un socio no cumple con su aporte, cualquiera tiene derecho a considerar disuelto el vínculo social.

Ambos tipos sociales tienen personería jurídica desde su constitución y deben inscribirse en una nueva Sección creada en el Registro de Personas Jurídicas. La inscripción es esencial para adquirir el tipo social previsto en la norma.

4.3 La jerarquía de la materia agraria. La definición de la actividad agraria y la agrariedad por conexión.

El otro gran aspecto que cubre esta ley, es que consolida y jerarquiza la identidad jurídica de la materia agraria.

Esto se logra, pues la ley dispone el objeto exclusivo de estas estructuras para lo cual da una definición de la actividad agraria y de la actividad conexa, aspecto que hasta el momento no recibía consagración positiva en nuestro derecho.

En efecto, el art.3 de la ley dispone:
“A los efectos de esta ley, se reputan agrarias las actividades destinadas a la producción animal o vegetal y sus frutos, con fines de su comercialización o industria, así como también las de manejo y uso con fines productivos de los recursos naturales renovables.”
“Se consideran comprendidas en ella, las actividades realizadas por los productores rurales de manera directamente conexa o accesoria, sea para sostén de su explotación, o como complemento o prolongación de sus actos de producción o servicio”.

Como puede apreciarse, la concepción por un lado es bien próxima a la definición de la ley francesa, que recoge la teoría de la agrariedad, pero en la manera que la doctrina uruguaya la ha considerado siempre. Pero además, recepciona también la otra corriente, que basa la naturaleza agraria de los fenómenos en los recursos naturales renovables. En síntesis, para nuestro derecho positivo, la identidad jurídica de la actividad agraria está dada, tanto por la identidad de lo que se produce (seres animales y vegetales y sus frutos con fines de comercializarlos o industrializarlos), como la identidad de aquello con que se produce (suelos, aguas, etc.), pero sin exigencia alguna de que ambos aspectos deban concurrir necesariamente. Tan agrario es la cría de caracoles y un cultivo hidropónico, como el la construcción de una obra hidráulica para embalsar agua y suministrar un servicio de riego a los productores rurales.

Pero en el inciso segundo, la ley decepciona la agrariedad por conexión, esto es aquellas actividades que si bien no son agrarias por esencia, la ley no obstante, las considera como tales. El criterio es la conexión subjetiva, por lo que para que se considera agraria una actividad que no lo es por esencia, no alcanza su vinculación directa sino que debe ser llevada adelante por el mismo productor. Esto permite que los actos que incorporar valor agregado a la producción agraria por un mismo productor no pierdan la naturaleza original agraria. Aunque la ley, recibe también en su redacción, formas atípicas de conexión subjetiva, como es el caso del agroturismo, que practicado en los términos de la ley, no es actividad mercantil sino agraria.

Más allá de este concepto básico que envuelve operativamente a la ley, se brinda –como indicáramos- una definición de productor rural bajo los siguientes términos:
“Se entiende por productores rurales, los que ejercen la actividad agraria a nombre propio y también aquellos en cuyo nombre se ejerce”.

Se trata de una definición sencilla, que ata al sujeto con la definición de la actividad dada en el art.3, lo que recibe una noción de índole profesional y no vinculado a la propiedad de la tierra como el concepto antiguo del C. Rural de 1875.
La distinción entre ejercicio a nombre propio y a nombre ajeno, es adecuada en un régimen de estructuras asociativas, para despejar todas duda que el productor rural, es la persona jurídica (sociedad o asociación) y no se es por la circunstancia de ser socio o administrador de la entidad.

4.4 La tipicidad legal a negocios que promueven la conexión objetiva.

La cuarta finalidad de esta ley, es dar tipicidad legal a negocios que promueven la conexión objetiva sea entre productores rurales o entre éstos y terceros, representativos de intereses profesionales diferentes a los suyos.
En este sentido, el art.22 dispone la posibilidad de realizar convenios colectivos y convenios de integración productiva con pluralidad de partes, que permiten establecer entre el sector industrial y el agrario ( ej. entre una empresa industrial y sus productores remitentes, sea de leche, de uva, de aves, de ganado) reglas de comercialización de calidad y cantidad y precio de la producción agropecuaria. De esta manera, se puede sustituir el mercado individual y empírico existente en muchos modalidades de producción, por un mercado más reglado en base a intereses directos de los particulares y en relación directa con las exigencias del mercado consumidor; suplantando así, la posible intervención del Estado.
Una de las particularidades de la ley, radica en que el incumplimiento de uno de los individuos, permite a otro perjudicado, demandar directamente reclamando perjuicios, sin que ello suponga la rescisión total o parcial del convenio.

*Enrique Guerra Daneri Prof. Titular de Derecho-Agrario - Fac. de Derecho de la Universidad de la República-Uruguay