ASPECTOS ACTUALES DE LA EXPLOTACIÓN INDIRECTA DE LA TIERRA EN ARGENTINA
Nancy L. Malanos*

Han transcurrido ya cuarenta años desde que un grupo de cultores del derecho agrario, visionarios tal vez, preocupados por la problemática agraria y la realidad del país, decidieron fundar el Instituto Argentino de Derecho Agrario.
Hoy la realidad que nos toca vivir es distinta, la problemática del campo presenta otras cuestiones, el derecho agrario moderno ha expandido notablemente sus fronteras. Pero lo que sin dudas no ha cambiado y se mantiene a lo largo de todos estos años es el espíritu de lucha que nos une en post del estudio y del desarrollo de nuestra materia.

1- Introducción.-

Así como parte de la doctrina, encabezada por Arcángeli, afirmaba que “la parte central del derecho agrario se encuentra naturalmente en el derecho civil por tratarse en éste de los bienes, de la propiedad, de las servidumbres, de la posesión, de la enfiteusis, de los contratos agrarios” , sosteniendo que los principios del derecho civil y del derecho comercial eran los que regulaban el orden jurídico agrario, parte de la doctrina agrarista ha invocado la distinta naturaleza y función de la propiedad urbana y la agraria para sostener la autonomía del derecho agrario y concebirlo como un derecho territorial.
A su turno, una doctrina considerada más moderna , ha tenido a su cargo explicar como aquella concepción se modifica radicalmente cuando la empresa agraria, al afirmarse en el terreno económico como realidad autónoma, comienza a “asumir relieve en el ordenamiento jurídico como un instituto separado y distinto del instituto de la propiedad y en particular de aquel bien indeteriorable e intrínsecamente productivo que es el fundo rústico”. Señala, entonces, que sólo a partir de ese momento es posible hablar de la existencia de un derecho agrario propiamente dicho, es decir, como rama moderna y autónoma del derecho.
Pero más allá de estas breves y bien conocidas consideraciones, lo que merece ser puesto de resalto es que “es el acto de destinación de la tierra a los fines de la producción agrícola lo que señala el pasaje del estudio civilístico del derecho de propiedad, y de los otros derechos reales de goce sobre la cosa, al estudio agrarístico de la tierra como elemento de producción” .

Contestes en que la propiedad agraria constituye uno de los institutos básicos del moderno derecho agrario, un verdadero y propio instituto autónomo, como nos enseñaba Carrozza, puede ahora señalarse que la noción de propiedad agraria presenta caracteres diferenciales respecto del género, en cuanto ella es relevante en la medida que es el soporte de la empresa y está a su servicio de un modo directo o indirecto; en el primer sentido cuando propiedad y empresa se confunden, y de un modo indirecto cuando la empresa está dirigida por una persona diferente del propietario . Será fundamentalmente a este segundo sentido o aspecto al que haremos hincapié en el presente trabajo.

2- El régimen de tenencia de la tierra: breves antecedentes en el derecho argentino.-

Con la incorporación del alambrado hacia 1844 los propietarios de las grandes estancias fueron fijando sus límites en el terreno adquiriendo, de este modo, una importancia inusitada; durante años ser propietario rural en la pampa implicaba ser ganadero. Por este motivo y luego de la Organización Nacional , los códigos rurales provinciales se ocupan de resguardar los intereses de quienes desarrollaban la única actividad productiva, es decir, los intereses de los dueños del ganado y sus tierras . Será recién a partir de 1875, con la primera exportación de trigo, que puede comenzar a hablarse de agricultura en el país.
Contemporáneamente a la dilapidación que de la tierra pública se produjo, y como explicaba Rodolfo Carrera, otro fenómeno se desarrollaba en Argentina. Se hace referencia al régimen de tenencia de la tierra con el cual se realizaba la agricultura en los años del 1876 y hasta la sanción de la primera ley de arrendamientos rurales, la 11.170, en 1921.
Mucho se ha escrito sobre ese período de verdadero esplendor provocado por el cambio producido en torno a la agricultura que llevó al país a los primeros planos a nivel mundial, pero, paradójicamente y como también se ha señalado , la riqueza generada no aprovechó a los agricultores inmigrantes quienes, habiendo trabajado en tierras ajenas, de terratenientes ganaderos, no podían acceder a ella ni a sus beneficios. La problemática de la época es reflejada por Scobie al resaltar los arriendos a corto plazo que permitían, entre otras cosas, el aumento periódico de la renta y el desplazamiento del colono de parcela en parcela cuando el estanciero necesitaba la tierra para la cría de sus vacunos u ovinos; los intereses pastoriles, nos dice el autor citado, “aceptaron la agricultura como paso inicial para la formación de alfalfares, pero arrendaban la tierra a los chacareros sólo el tiempo suficiente para que arasen el suelo y preparasen la tierra para el pastoreo”.

Pero si bien en el análisis de esta realidad nacional no debemos olvidar que todo ello era posible en virtud del marco legal que brindaba el Código de Vélez, tampoco podemos dejar de señalar, como dice Rezzónico , que la ausencia de normas particulares para el arrendamiento de fundos rústicos puede justificarse porque, en la época en que se preparaba el Código, el inmenso territorio argentino estaba apenas poblado y los métodos de laboreo eran simplísimos y de escaso y lento rendimiento.
La inmigración masiva de colonos alentada por la ley Avellaneda de 1875, no obstante que estos inmigrantes comenzarán a afincarse bajo el régimen del arrendamiento o aparcería al no existir ya las condiciones ofrecidas por aquellos colonizadores pioneros como Aarón Castellanos y Beck Herzog en cuanto a que la adquisición de la propiedad de la tierra se obtenía por su cultivo, traerá como consecuencia el desarrollo de la agricultura facilitada por la implantación de nuevos sistemas de trabajo que hicieron más productivos los campos y de un creciente comercio internacional favorable. Pero también dará lugar a la aparición de problemas de carácter político, económico, social y jurídico que el codificador, como solemos explicar , no pudo prever.
Es decir que nuestro Código Civil, carente de normas especiales que regularan el arrendamiento en función de los intereses de la producción y del agricultor, pese a lo indicado por el codificador en la nota al artículo 2503 cuando, al justificar la supresión de la enfiteusis, anunciaba que “el contrato de arrendamiento será entre los propietarios y los cultivadores o criadores de ganado, un intermediario suficiente”, y con un régimen general inadecuado para resolver la problemática del sector, basta con recordar la norma del artículo 1506 que admitía los contratos anuales , provocará un profundo malestar entre los agricultores agravado por la pronunciada baja de los productos agrícolas consecuencia de la crisis producida luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial.

Se llega así al “Grito de Alcorta”, huelga campesina del año 1912 . Como relata Rodolfo Ricardo Carrera en su libro El Problema de la Tierra en el Derecho Argentino, el estallido se producirá poco después de haberse conmemorado en el país el centenario de la revolución de Mayo que, en forma por demás ostentosa, mostraba una Argentina en plena euforia de riqueza, calificada como la “canasta de pan del mundo” y la principal exportadora de carnes enfriadas. Mientras la crónica de la época hablaba de un pueblo argentino que aumentaba sus ingresos con la riqueza producida, las protestas de los chacareros, arrendatarios y aparceros, revelaban los altos precios y porcentajes que debían pagar por la tierra ajena que trabajaban y el desamparo legal en que se encontraban. Sin poder pagar a los propietarios por la caída del precio de los cereales y siendo objeto de desalojos implacables, los agricultores aumentan sus reclamos especialmente en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y norte de Buenos Aires.
Agrupados en un organismo gremial creado para defenderlos, la Federación Agraria Argentina, el movimiento campesino es declarado y extendido a todas las zonas agrícolas del país. Esta lucha, iniciada en procura de una modificación al régimen legal de los contratos de arrendamientos y aparcerías, duró varios años pero será recién en 1921 cuando se logra la sanción de aquella primera ley en materia de arrendamientos rurales.

Como ya hemos dicho se trataba de la 11.170, reemplazada en 1932 por la ley 11.627. Ambas, no obstante haber sido incorporadas al Código Civil, tuvieron la virtud de sentar los principios generales de un régimen especial que luego fueron ampliados y desarrollados por la posterior ley 13.246 del año 1948.
Será entonces con el objetivo de cumplir las finalidades propuestas, que esta nueva legislación debió indefectiblemente constituir un conjunto de normas independientes del Código Civil. Es que aquellos principios, tanto en lo que se refiere a la regulación del derecho de propiedad como el que establece la fuerza obligatoria de las convenciones hechas en los contratos, se entendían incompatibles con la especial naturaleza del derecho de propiedad cuando tiene por objeto la tierra destinada a la explotación agropecuaria, los intereses de la producción y la necesidad social de protección a la familia agraria.
Por este motivo la legislación vigente en la materia no se incorporará ya al Código Civil, consagrándose de este modo y en materia legislativa, la especialidad del derecho agrario .
También cabe aclarar que durante varios años los contratos de arrendamientos rurales y aparcerías se encontrarán contenidos en una doble legislación: el régimen permanente, al que nos referimos en los párrafos anteriores, y el constituido por las leyes de emergencia que se inician en el año 1942 , excusándonos de su análisis por cuanto excedería el objetivo del presente trabajo.

3- La historia reciente.-

Con la modificación en 1980 de la ley 13.246, el régimen en materia de arrendamientos rurales y aparcerías sufrirá un lamentable retroceso que hasta el momento, y no obstante las innumerables críticas, no ha sido corregido.
Debe indicarse que al proceso de agriculturización al que han sido sometidos nuestros campos desde fines de la década del ´60, se agrega el régimen de tenencia de la tierra que se constata y es posible por la legislación vigente. Nos referimos al sistema de arrendamientos estacionales por un año o un cultivo que no sólo no favorece la estabilidad de la relación dueño de la tierra-contratista sino que además atenta contra cualquier programa de conservación del suelo .

Tomando en consideración los informes producidos en el marco del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) , encarado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, basados en un reprocesamiento que en 1994 se hiciera de datos del Censo Nacional Agropecuario de 1988 y aportes de la misma Secretaría, entre otros datos, podríamos resaltar cuestiones de verdadera importancia.
Los informes analizados se ocupaban, además de verificar que del total de explotaciones agropecuarias existentes en el país el 39% eran pobres , de la clasificación del régimen de tenencia de la tierra. Una primera a considerar distinguía entre explotaciones con y sin límites definidos, ocupando aquellas sin límites definidos –esto es sin título de propiedad que los establezca- el 27% del total nacional. Otra de las clasificaciones es la que daba cuenta del régimen de tenencia ya sea en propiedad, o bajo contratos agrarios o bajo ocupación: siendo significativo en el caso de los contratos agrarios, y para el período entre 1960 y 1988, una caída del 50% en la importancia del arrendamiento a la vez que se incrementaba la figura más precaria del contrato accidental.
Cifras un poco más cercanas en el tiempo, publicadas en 1997, mostraban que de las superficies explotadas en nuestro país el 39% lo era por no propietarios, cifra que se descomponía del siguiente modo: el 17% a través de contratos de arrendamiento rural o aparcerías y un alarmante aumento de la contratación accidental en el orden del 22%.

Pero también a fines de la década del ´90 se da otro fenómeno contractual íntimamente relacionado con los contratos por cosecha; hablamos de los fondos cerrados comunes de inversión agrícola o “pools de siembra”.
Decimos íntimamente relacionados por cuanto, en su casi totalidad, no hacían (ni hacen) más que esconder simples contratos accidentales, presentando la particularidad de una parte arrendataria económicamente poderosa y conformada por un grupo de inversionistas que previamente constituyen, contractualmente, un fondo común de inversión agrícola.
Como señaláramos en otras oportunidades , esta práctica comenzó a evidenciar un cambio en la concepción del arrendatario como la parte económicamente más débil de la relación contractual, a la vez que muchas veces, y en plena crisis de los años ´90, el propietario no sólo se limitaba a arrendar su tierra sino a prestar su trabajo al grupo inversionista arrendatario, produciéndose una relación un tanto particular y compleja. Por otra parte, el hecho que el propietario recibiera el importe por adelantado con márgenes muy superiores a los que podía obtener trabajando personalmente su tierra o a través de una contratación accidental “tradicional” y, por la otra, que la arrendataria sólo buscara, mediante el uso indiscriminado de agroquímicos, obtener al finalizar la operatoria una ganancia que justificara su inversión inicial, se tradujo en un desinterés de las partes respecto a la conservación del suelo.

4- El Censo Nacional Agropecuario. La situación actual.-

Para analizar ahora la situación actual, podemos partir del Censo Nacional Agropecuario, relevamiento llevado a cabo después de 14 años sin datos certeros referidos, entre otros aspectos, al régimen de tenencia de la tierra en Argentina; censo que, encarado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ha procedido verificar a 332.057 explotaciones rurales que cubren en total 172.105.798 de hectáreas en todo el país.
En primer lugar debemos aclarar que las cifras que nos ayudan a reflejar la realidad agropecuaria nacional hacen referencia a la “unidad estadística censal”, explotación agropecuaria registrada sin atender a su condición jurídica o forma de tenencia de la tierra; es decir que los entrevistados han sido los titulares de las explotaciones, también llamados empresarios, que son quienes, en definitiva, tienen a su cargo la organización de las actividades productivas independientemente de la forma de tenencia de la tierra.
Será entonces en base a estas consideraciones que podemos apreciar como se ha concentrado en menos unidades la producción agropecuaria en el país Ello nos está indicando, en términos generales, un proceso de aumento de la concentración del capital, no de la propiedad de la tierra, particularmente en la región pampeana donde los cambios tecnológicos han estado asociados a la elevación del tamaño de las unidades de explotación . Es así que se señala que la cantidad de establecimientos agropecuarios ha disminuido en un 24,5% mientras que la superficie promedio de los mismos ha registrado un incremento del 28% respecto de 1988, lo que nos da un promedio de 538 hectáreas por establecimiento. Por su parte, la población rural ha disminuido, preocupantemente, en un 8%.

El siguiente cuadro permite visualizar, por provincia, la cantidad de explotaciones agropecuarias:

Cantidad y Superficie de las Explotaciones Agropecuarias
(EAP), por Provincia. CNA 2002.
Provincias Cantidad total EAP con Límites Definidos
de EAP (1) Cantidad Sup. en has.

Total 332.057 295.485 172.105.798

Buenos Aires 50.956 50.928 25.688.253
Catamarca 9.227 6.704 1.586.796
Chaco 16.903 15.690 5.740.524
Chubut 3.709 3.552 19.100.423
Córdoba 26.405 25.791 12.439.240
Corrientes 15.216 14.639 6.696.127
Entre Ríos 21.601 21.572 6.336.537
Formosa 9.958 8.986 5.147.194
Jujuy 8.997 4.061 1.280.550
La Pampa 7.782 7.781 12.718.981
La Rioja 8.111 5.852 3.035.940
Mendoza 29.448 27.146 5.300.418
Misiones 27.959 26.828 2.061.470
Neuquén 5.570 2.187 2.157.678
Río Negro 7.412 6.942 13.898.669
Salta 10.299 5.580 4.273.205
San Juan 8.511 7.912 740.804
San Luis 4.289 4.210 5.368.131
Santa Cruz 945 942 19.856.720
Santa Fe 27.795 27.728 11.009.569
Santiago del Estero 20.937 10.762 5.357.188
Tierra del Fuego 90 90 1.173.767
Tucumán 9.937 9.602 1.137.614

(1) La EAP es la unidad de organización de la producción, con una superficie no menor a 500 m2, dentro de los límites de una misma provincia que, independientemente del número de parcelas (terrenos no contiguos) que la integren: 1) produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado; 2) tiene una dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad: el productor; 3) utiliza los mismos medios de producción de uso durable y parte de la misma mano de obra en todas las parcelas que la integran.
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002, Resultados Provisorios.

A su turno, la Federación Agraria Argentina ha denunciado que de los casi 300.000 productores agropecuarios que existen hoy en Argentina, sólo 4.000 poseen casi la mitad de la tierra; es decir que el 1,3% de los propietarios es dueño del 43% de la superficie . Esto a su vez implica el aumento de la superficie agropecuaria trabajada en alquiler, cifra que aumentó el 33% con relación al censo de 1988 por cuanto si se consideran los datos del censo 2002, y se entiende por región pampeana a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe, resulta que 18 millones de hectáreas están bajo arriendo, contrato accidental o aparcería ; advirtiéndose, en consecuencia, que el 75% de la producción de los principales granos en la región pampeana se lleva a cabo en campos arrendados.

Estudiando los cambios producidos, el Licenciado Osvaldo Barsky explica el proceso por el cual se ha incrementado la toma de tierras -por una cosecha, un año y a veces por mayores plazos- por parte de aquellos productores con mayor capacidad tecnológica y/o disponibilidad de capital.
Este fenómeno, nos dice, que tiene una larga historia en la región pampeana, se realiza a través de la articulación flexible de capital y tierras que varía permanentemente en función de la rentabilidad del sector agropecuario. Incluso cuando la misma es alta, como en estos momentos, numerosos capitales urbanos se canalizan hacia el agro y fortalecen la acción de productores, contratistas y otros actores que conforman una compleja red productiva.
Pero además, el investigador argentino de la Universidad de Belgrano, analiza el fuerte incremento de la cantidad de medianos y pequeños propietarios rurales que se han convertido en rentistas. Como ejemplo menciona a los dos mayores productores de soja del país con decenas de miles de hectáreas en producción, que sólo tienen menos de un 5% de su tierra en propiedad, arrendando el resto en diversas zonas de la región pampeana para disminuir el riesgo climático. Lo que además obedece, nos dice, a una lógica elemental de maximización de los beneficios por cuanto es mucho más conveniente invertir capitales en la producción que inmovilizarlos en la compra de tierras.

Entonces, a los problemas inicialmente identificados cuando los pools de siembra hicieron su aparición, podemos ahora agregar que estas grandes organizaciones ni compran los insumos en los comercios locales por traerlos desde el mercado mayoritario, ni usan las plantas de acopio del lugar porque negocian las ventas con los exportadores directamente desde el campo y en cuanto al transporte, también lo hacen con camiones propios. En definitiva, y como bien ha señalado el titular de la Federación Agraria Argentina , estos fondos de inversión o pools de siembra evidencian un nuevo fenómeno rural: el control de la tierra mediante el pago de alquileres cada vez mayores, imponiendo al pequeño colono sufrir la competencia desleal que los altos precios producen, además de provocar los efectos negativos reseñados en la economía de los pueblos. En otros casos, los productores han salido directamente de la producción para transformarse en simples prestadores de servicios.

A esta realidad descripta debemos también sumar las alternativas actuales de un mercado financiero que, no logrando inversiones más redituables, busca volcar sus excedentes en la actividad agropecuaria, a la vez de acotar los riesgos para los inversores, habiéndose encontrado para ello la figura del fideicomiso.
No es ésta una nueva figura contractual. Fue introducida en nuestra legislación a principios de 1995 por la ley 24.441, pudiendo observarse que su utilización en la actividad productiva agraria ha hecho eclosión en los últimos tiempos y que su avance o difusión en el campo se produce a pasos agigantados.
Partiendo de la definición dada por el artículo 1º de la ley al decir que el fideicomiso tendrá lugar “cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario”, diremos que esta figura posibilita, como principal efecto, la constitución de un patrimonio separado conformado por esos bienes fideicomitidos; patrimonio que no podrá ser afectado por las contingencias personales del fiduciante, ni del fiduciario, ni del beneficiario, ni del fideicomisario. En otras palabras, tanto el patrimonio de afectación como el proyecto encarado quedarán a resguardo de los acreedores de las partes; una conveniente limitación en la responsabilidad empresarial, salvo la acción de fraude.
Más allá de las ventajas que esta operatoria permite en cuanto a la limitación de responsabilidad referida, que ni la conformación de un pool, que simplemente implica la reunión de un grupo de inversores que aportan dinero y buscan tierras para la siembra en virtud de un contrato accidental, ni la constitución de una sociedad de hecho, donde la responsabilidad es solidaria, pueden brindar, el aspecto tributario es de fundamental importancia. No se trata, como explicara el Dr. Nicolás Malumián , de evadir el pago de impuestos; simplemente, y tomando como ejemplo el pago de ganancias, en el fideicomiso el impuesto se atribuye a cada uno de los participantes y cada uno tributará, en consecuencia, entre el 9 y el 35% según corresponda. Si en cambio la opción hubiera sido la constitución de una Sociedad Anónima, el tributo sería del 35% en concepto de este impuesto. Por otra parte, hay una manifiesta ventaja en el hecho de que un grupo de inversores, ajenos a una determinada actividad, puedan invertir en ella con la seguridad que la misma estará a cargo de un fiduciario designado quien siempre será un administrador profesional y especializado.
Pero dejando los intereses del mercado financiero y tratándose en cambio de pequeños y medianos productores, la figura del fideicomiso nos muestra la ventaja que significa el asociarse y reunir el capital necesario para desarrollar la actividad agropecuaria que a ellos les interesa. También la figura resulta útil para lograr, en este caso a través de la modalidad del fideicomiso financiero, el financiamiento del sector con préstamos otorgados a productores con garantía de ciertos activos vinculados a las actividades de siembra, cosecha y venta de sus cultivos .

Distinguiendo entre los fideicomisos ordinarios agrícolas y ganaderos, en líneas generales podemos decir que: en los primeros se transmiten fondos o insumos; el fiduciario valúa los insumos a fin de determinar el porcentaje correspondiente a cada beneficiario; la duración se determina en base al número de campañas agrícolas que se quieran incluir; la producción permite que la misma sea vendida al finalizar el plazo del fideicomiso. En cuanto a los ganaderos, aparecidos con posterioridad dadas las distintas características de la actividad pecuaria, se transmiten fondos o hacienda; la hacienda también es valuada por el fiduciario para determinar el porcentaje que le corresponderá a cada beneficiario; la duración se determina en base a las características de la actividad que se proyecte (esto es, de acuerdo a si se conviene la cría o la capitalización); las partes acuerdan mecanismos de valuación de la hacienda que permitan la entrada y salida de inversores ponderando la ganancia obtenida por el fideicomiso .

Volviendo al texto de la ley 24.441, de su normativa puede claramente distinguirse entre el fideicomiso ordinario y el financiero; las partes contratantes y las incompatibilidades entre ellas, el plazo máximo de duración y sus excepciones; sus causales de extinción; las obligaciones y derechos de las partes. Para todo ello nos remitimos al articulado por exceder aquí el marco de análisis que inicialmente nos hemos propuesto.

6- Conclusión.-

Concluyendo este trabajo podría remarcarse que si bien los problemas de la agriculturización de nuestros campos pueden superarse hoy en día con las nuevas técnicas que la ingeniería agronómica a través de la siembra directa hace posibles, la marcada tendencia hacia el monocultivo sojero, con los riesgos que ello implica y la escasísima mano de obra que esta actividad ocupa, no deja de ser preocupante.
Una idea exacta de esta problemática es la que surge por la pérdida de tambos en toda nuestra zona; pérdida calculada en el 15 % tan sólo durante el segundo trimestre de 2003 y que además nos muestra, en el análisis comparativo entre la lechería y la agricultura, que la primera brinda un puesto de trabajo cada 50 hectáreas, mientras que la segunda ocupa sólo un puesto cada 500 hectáreas .
Por otra parte la actual tendencia de extender la actividad productiva a zonas de altísimo riesgo como lo es, por ejemplo, la zona de monte, pone de manifiesto la necesidad de incentivar los seguros agropecuarios para que todo aquello que sea asegurable salga del esquema de la emergencia agropecuaria y el Estado no deba pagar por los riesgos de quienes se aventuran con agricultura en esas zonas. En este sentido la provincia de Santa Fe intenta en estos momentos el diseño de un plan integral buscando desalentar el monocultivo a través de herramientas para que otras producciones se conviertan en alternativas de diversificación y, con tal objetivo, se pretende consolidar la recuperación de la lechería, el despegue de la producción porcina integrando a la ganadería vacuna, el desarrollo de la apicultura y el de cultivos forrajeros como el maíz y el sorgo .
Además la soja ha provocado el desplazamiento de la ganadería hacia zonas marginales con considerables aumentos, a principios de este año, en los precios de los arriendos de aquellos campos dedicados a la actividad de capitalización de hacienda. Así por ejemplo campos de cría de la cuenca del Salado mostraron un alza entre el 25 y el 30%, consecuencia de la presión de productores de otras zonas que solventan con ese cultivo el mayor costo de colocar vacas y producir terneros en la región indicada .

Demás está decir que en todos estos años tampoco hemos podido implementar una política agraria adecuada capaz de corregir aquellas formas deficientes de tenencia de la tierra y, consecuentemente, los problemas que con ellas se acarrean.
Porque más allá de los problemas indicados, el país nos presenta una realidad en la que coexisten: ocupación de tierras fiscales y privadas, campos comuneros, aparcerías precarias, comunidades indígenas sin títulos sobre las tierras que ocupan, sucesiones indivisas, divisiones de condominio de hecho y productores pobres en áreas naturales protegidas . Realidad a la que hoy debemos agregar la incesante compra de tierras por parte de grupos económicos extranjeros, fundamentalmente, en la región patagónica argentina y que distintos proyectos de ley tratan de corregir.
A este respecto no podemos menos que coincidir con la prohibición que en ellos se encuentra referida a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros, ya sean personas físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país, y en tanto y en cuanto estas adquisiciones se traduzcan en negociaciones especulativas que de ningún modo pueden quedar bajo el amparo de la ley. Pero entendemos que otra es la situación de los extranjeros residentes en el país y de las personas jurídicas extranjeras autorizadas a funcionar en la Argentina, por cuanto en este caso las restricciones o limitaciones parecen excesivas, colisionando incluso con nuestra Constitución Nacional la que no sólo en su Preámbulo declara “asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, sino con su artículo 20 cuando dispone que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”. . . .
Por otra parte, la Constitución brinda la seguridad necesaria cuando en su artículo 14 establece que los derechos de los que gozan todos los habitantes de la Nación, entre ellos el de usar y disponer de la propiedad, deberá ser conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio y el Código Civil ha consagrado, con la reforma del año 1968, que “es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular”. No deberíamos, en consecuencia, caer en restricciones cuestionables y mucho menos olvidar, porque seríamos injustos si lo hiciéramos, que los inmigrantes que se afincaron en nuestro país a partir de la Gran Guerra, fundamentalmente bajo el amparo de nuestra Constitución, ayudaron con su trabajo y esfuerzo a hacerlo grande y productivo y que tradicionalmente las medidas reguladoras de la tenencia de la tierra fueron instrumentos para el logro del bien común.

Finalmente, si pensamos detenidamente en la afirmación que el Profesor argentino Rodolfo R. Carrera hiciera hace ya varios años en el sentido que “El problema agrario es diferente en todos los países, aunque es siempre el mismo en los países subdesarrollados porque las causas y consecuencias son las mismas”, cabe preguntarnos: ¿podremos afrontar alguna vez la solución a los problemas de tenencia de la tierra, pobreza, éxodo rural y hasta los de descuido del paisaje rural característico, producto del desarraigo del hombre a su tierra?. La solución que buscamos, sin lugar a dudas, debe ser integral y a través de una adecuada política de estado capaz de perdurar en el tiempo y de bregar por “una agricultura con agricultores”, tal como ha sido denominado el actual programa de la Federación Agraria Argentina.

*NANCY MALANOS Profesora de Derecho Agrario de la Universidad Nacional de Rosario y de Derecho de los Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Coordinadora Académica y Profesora de la Carrera de Abogado Especializado en Derecho Agrario en la Universidad Nacional del Litoral, Secretaria General del Instituto Argentino de Derecho Agrario y del Comité Americano de Derecho Agrario, Representante de UMAU en América del Sur.