JERARQUIA NORMATIVA DE LA COSTUMBRE AGRARIA
*Joaquín L. Maldonado Santi

ABSTRACT

Tema Núm 8.- La necesidad de actualización de los códigos rurales provinciales.
Título del trabajo: JERARQUIA NORMATIVA DE LA COSTUMBRE AGRARIA.
Autor: Maldonado Santi, Joaquín L.

...La norma jurídica consuetudinaria es norma independientemente de la existencia de una ley que le reconozca validez, porque su naturaleza normativa no se desprende de la ley sino que es fuente del derecho autónoma. La prevalencia que le da el código civil a la costumbre es independiente del valor que la misma pueda adquirir en el sistema jurídico..... propongo la siguiente regla de interpretación del contrato asociativo de explotación tambera: cuando se quieran dejar de lado en un contrato normas consuetudinarias y usos agrícolas del lugar de celebración del contrato deberá convenirse expresamente en contrario, para que no opere la presunción de que las partes han tácitamente incorporado al contrato las costumbres del lugar.......La ley de aparcerías sí nos remite a los usos y costumbres locales, aunque en un orden de prelación incorrecto, debería permitir aplicarlos con prelación al código civil, como hacía la norma derogada, habida cuenta de la notoria insuficiencia en inconveniencia de sus normas para regular los contratos agrarios.....la legislación rural en general, y en especial el contrato asociativo de explotación tambera debería prever un orden de prelación normativo que contemple especialmente a las normas consuetudinarias del lugar, aun sobre la normativa del código civil porque al no regular este ningún contrato o instituto que sea similar al contrato asociativo de explotación tambera es poco aplicable para resolver eventuales controversias; como así también que debería contemplar expresamente previsto en la ley lo que hayan convenido las partes de manera expresa y tácita, y el principio de que las partes están obligadas por cualquier uso o norma consuetudinaria en cuya aplicación hayan convenido.
Tema Núm 8.- La necesidad de actualización de los códigos rurales provinciales.
Título del trabajo: JERARQUIA NORMATIVA DE LA COSTUMBRE AGRARIA.
Autor: Maldonado Santi, Joaquín L.

Cap. I. ¿Qué pasa con la costumbre?

La costumbre consiste en la observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento por los miembros de una comunidad social, con la convicción de que tal comportamiento es obligatorio, esta última característica le imprime la naturaleza jurídica a la costumbre.

Generalmente se clasifica a la costumbre en 3 tipos, a saber:
Secundum Legem: Es la norma consuetudinaria derivada de la ley. Es la ley que le reconoce la posibilidad de crear derecho. Esta costumbre "auxilia" a la ley.
Praeter Legem: Destinada a regir en todas aquellas circunstancias no previstas por la ley. Permite llenar espacios vacíos, regula un aspecto no previsto por la ley.
Contra Legem: La que contraría a una ley existente. En principio no crea derechos, pero puede derogar la ley si se le reconoce fuerza jurígena.

Para algunos sistemas jurídicos la costumbre es fuente directa del derecho, esto es, tiene en sí misma fuerza de ley; para otros, como es el régimen originario del Código Civil , la costumbre no es obligatoria sino cuando una ley expresamente se refiera a ella.

La reforma incorporada al Código Civil por la ley 17.711 sustituyó el Art. 17 que ahora dice “Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente”, con lo que queda incorporada al final del Art. 17 una frase que le da mayor valor que el otorgado originariamente por Vélez a la norma consuetudinaria.

Las leyes 25169, que regula el contrato asociativo de explotación tambera, en su Art. 2; la 13246 de arrendamientos rurales y aparcerías en su Art. 41, la Ley 22.248 de Trabajo Agrario en su artículo 5º se refieren todas en alguna manera la costumbre o norma consuetudinaria, dándole una determinada, y a veces inconsistente, prelación. Mas adelante ampliaré sobre este punto.

En mi modesta opinión la ley 25169 es poco clara en su artículo 2 y olvida mencionar otros niveles jerárquico - normativos de aplicación intermedia. Considero que en virtud del principio de especialidad en primer lugar, tal como lo dice la misma ley por obvio que parezca, se debe recurrir a la ley agraria que regula el contrato asociativo de explotación tambera a la hora de resolver los conflictos que eventualmente se susciten. Pero puede suceder que ésta no haya previsto la manera de solucionar el caso en cuestión. Mal hace la ley 25.196 en remitirnos directamente a aplicar la normativa del código civil analógicamente, ya que la costumbre agraria del lugar sobre la materia debe tener prevalencia sobre la ley, no porque el código tenga menor jerarquía que la costumbre sino porque la norma especial tal como es la costumbre, que es una norma jurídica aunque no de naturaleza legislativa sino consuetudinaria, en este caso tiene prevalencia sobre la norma superior, aunque sea ley. Máxime considerando que el Código Civil resulta ser insuficiente e inconveniente para regular un contrato típicamente rural como el asociativo de explotación tambera. ¿Qué normas de este código serían aplicables? ¿Las de la sociedad civil acaso, o las de la locación de obra?

La especialidad de las normas consuetudinarias agrarias hace que deban tenerse en cuenta con prevalencia a una legislación general aplicada analógicamente.

En mi opinión la norma jurídica consuetudinaria es norma independientemente de la existencia de una ley que le reconozca validez, porque su naturaleza normativa no se desprende de la ley sino que es fuente del derecho autónoma. La prevalencia que le da el código civil a la costumbre es independiente del valor que la misma pueda adquirir en el sistema jurídico, es decir que la costumbre no vale sólo cuando una ley le reconoce validez sino que vale normativamente por sí misma. Si la costumbre no pudiese derogar la ley sería innecesario que esta lo dijera, y si la costumbre pudiese derogarla , de nada valdría la afirmación contraria contenida en la ley.

Cap. II. Las convenciones de las partes

Los contratos y pactos celebrados entre las partes deben aplicarse con prevalencia sobre la costumbre. Esto tiene sustento en el Art. 1197 CC que dispone que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, dando lugar al principio de autonomía de la voluntad.

La ley tendría que haber previsto que se apliquen las convenciones de las partes que no sean incompatibles con el orden público, ya que la voluntad de los contratantes tiene fuerza de ley en los casos en que lo convenido no sea contrario al espíritu de la ley, abusivo, ilícito o contrario al orden público, sea que mejore las condiciones previstas en la ley o que regule una situación no prevista legalmente.

Existen dos concepciones sobre el orden público, en resumidas cuentas ellas son la concepción apriorística, seguida por Vélez Sarsfield en el Art. 14 CC, que consiste en formular el orden público mediante una enumeración de carácter meramente enunciativa; siendo tarea del legislador declarar que una ley es o no de orden público; y en segundo lugar la concepción a posteriori, en la que una vez planteado el caso concreto, el juez resuelve si está o no en presencia del orden público.
Nuestro máximo tribunal parece adoptar la segunda tesis al decir que “No es suficiente que la norma se autodeclare de “orden público”, sino que sus disposiciones lo serán solo y en tanto lo sean de ese orden la naturaleza y cosas que determinaron la vigencia de cada una de sus disposiciones; siendo el tribunal judicial, en última instancia, quien reconocerá estos fines.

En el ámbito del derecho agrario, el principio de la autonomía de la voluntad sustentado en la supuesta igualdad de las partes, sufre condicionamientos en aras de proteger a una parte considerada más débil, o proteger los recursos naturales objeto de estas convenciones, ya que de lo contrario se podría afectar el bienestar general. Así en los contratos agrarios interviene el legislador restringiendo la autonomía de la voluntad por razones de orden público.

No creo incurrir en contradicción con lo anteriormente expuesto por tomar del código civil el principio de autonomía de la voluntad y el valor normativo de la costumbre. Considero que tanto los dos títulos preliminares del Código Civil como la Sección 3ra, Título I, Capítulos I al VI del mismo código son aplicables a todas las ramas del ordenamiento jurídico, por contener principios generales del derecho y de los contratos que exceden al derecho civil y se aplican a las demás ramas del derecho, entre ellas también al derecho agrario.

Cap. III. Cuando la costumbre tácitamente se incorpora a la convención.

El valor de los usos y costumbres agrarios también se relaciona íntimamente con las convenciones entre particulares.

Los sujetos agrarios, al estar alejados de los centros urbanos, literalmente en el medio del campo, muchas veces acuerdan, pactan, convienen una serie de cláusulas para que rijan sus relaciones dando lugar a un contrato.

Muchas de estas cláusulas son expresas, porque están escritas o porque las partes expresamente las mencionaron, sin embargo otras tantas son cláusulas tácitas que provienen de las costumbres, los usos y los hábitos locales relacionados con determinadas contrataciones.

En este capítulo debe tenerse especial consideración a lo dispuesto en el Art. 40 de la ley 13246 de arrendamientos según la reforma introducida por la 22.298: “Los contratos a que se refiere la presente ley deberán redactarse por escrito. Si se hubiere omitido tal formalidad, y se pudiere probar su existencia de acuerdo con las disposiciones generales, se lo considerará encuadrado en los preceptos de esta ley y amparado por todos los beneficios que ella acuerda......”

Es posible y por cierto probable que la voluntad de ambas partes incorpore elementos provenientes de normas consuetudinarias muy arraigadas en la zona, da manera que ambas partes o una de ellas las considere incorporadas al contrato, y en estas condiciones preste su consentimiento. En este caso se ve claramente cómo elementos de la norma consuetudinaria se incorporan al contrato tácitamente.

Es sabido por todos que la costumbre debe ser probada en el juicio como la de cualquier hecho , con lo que una vez probada en los autos la existencia de la costumbre en el lugar de celebración del contrato el intérprete debe apreciar la posibilidad de que esta costumbre haya sido introducida tácitamente por las partes al contrato, ya que de no dársele la importancia debida a este capítulo podría el interprete del contrato convalidar una exigencia abusiva, en la que una de las parte aprovechando que la otra ha convenido de buena fe, pretende luego esgrimir que al no estar expresamente convenida no existe tal cláusula.

Por eso mismo propongo la siguiente regla de interpretación del contrato asociativo de explotación tambera: cuando se quieran dejar de lado en un contrato normas consuetudinarias y usos agrícolas del lugar de celebración del contrato deberá convenirse expresamente en contrario, para que no opere la presunción de que las partes han tácitamente incorporado al contrato las costumbres del lugar.

Cap. IV. Tratamiento dado en otras leyes agrarias:

Si bien este modesto trabajo está referido al valor de la costumbre en el contrato asociativo de explotación tambera, he encontrado algunas otras leyes que le dan tratamiento al tema de muy diversa manera, careciendo de cualquier criterio uniformador. Por ejemplo la ley núm. 13.246 de Arrendamientos Rurales y Aparcerías, reformada por la 22.298 dispone en su artículo 41 que en los contratos a los que se refiere dicha ley se aplicará el siguiente orden de prelación: a) las disposiciones de dicha ley; b) los convenios de las partes; c) las normas del Código Civil, en especial las relativas a la locación; y por último d) los usos y costumbres locales.
Brebbia y Malanos califican de perogrullada el inciso a) y de inútil el inciso b). Aciertan en sus dichos porque es más que obvio que a los contratos regulados por una ley se le apliquen sus disposiciones, aunque creo que la técnica legislativa no es nociva y por lo tanto no debe ser atacada, si bien la disposición peca por innecesaria, puede ser de utilidad o brindar claridad al intérprete.

Esta ley de aparcerías sí nos remite a los usos y costumbres locales, aunque en un orden de prelación incorrecto, debería permitir aplicarlos con prelación al código civil, como hacía la norma derogada, habida cuenta de la notoria insuficiencia en inconveniencia de sus normas para regular los contratos agrarios.

Otra norma que nos sirve de ejemplo por contemplar a los usos y costumbres en algún orden de prelación es el artículo 5 de la Ley 22.248 de Trabajo Agrario que ubica a los usos y costumbres en tercer lugar en orden de prelación, después de “la presente ley y las normas que en su consecuencia se dicten” y de “la voluntad de las partes”.

Cap. V.¿Por qué subsiste hasta nuestros días la costumbre?

Por lo general al leer un manual de Derecho éstos dicen que las costumbres eran las normas que regían la vida de los pueblos primitivos, y que con el devenir del tiempo y a causa de la complejidad de las relaciones jurídicas modernas éstas normas consuetudinarias fueron plasmadas en normas escritas y se transformaron en leyes, con lo que la costumbre deja de tener relevancia.

Considero que hoy en día en las relaciones de derecho agrario la costumbre conserva vigencia, en especial en las relaciones jurídicas horizontales entre productores o gente de campo, no así en las relaciones entre el productor y la autoridad.

Una de las posibles razones por las que la costumbre tiene aún hoy en día vigencia es que al no haber una cantidad de legislación abundante y que regule todos los aspectos de la vida en relación, surgen lagunas que se cubren con éstas normas consuetudinarias.

Otra de las posibles razones es que la idiosincrasia de nuestro pueblo hace que queramos estar apartados del manto de la autoridad, cuanto mas lejos mejor, con lo que las relaciones horizontales se siguen haciendo como se han venido haciendo desde tiempo inmemorial.

La tercera posible razón que encuentro es que para mantener una cordial relación entre vecinos del lugar muchos productores dispuestos a aplicar la ley a sus relaciones horizontales al saber que sus vecinos son reacios a hacerlo optan por llevarse bien, y aplicar entre ellos la costumbre del lugar, aunque pueda llegar a ser derogatoria de la ley.

Por último creo que la razón más importante es por la inacibilidad de la costumbre por parte del legislador, quien lo que intenta hacer unas veces es interpretar las costumbres e incorporarlas a la normativa legal, la mejor de las veces lo hace satisfactoriamente, aunque en casos menos felices lo hace torpemente, debido a que, al depender las costumbres de cada zona, de la actividad agropecuaria que se realice, de factores climáticos como las lluvias y la temperatura entre otros, difiere de un lugar a otro, con lo que se hace muy dificultoso incorporarla a una ley de alcance general y con base territorial mucho mas amplia que una norma consuetudinaria local. En los peores casos, desgraciadamente frecuentes, lo que hace el legislador es importar derecho extranjero novedoso sin importarle la posibilidad de que devenga inaplicable en nuestro medio.

Conclusión:
Opino que la legislación rural en general, y en especial el contrato asociativo de explotación tambera debería prever un orden de prelación normativo que contemple especialmente a las normas consuetudinarias del lugar, aun sobre la normativa del código civil porque al no regular este ningún contrato o instituto que sea similar al contrato asociativo de explotación tambera es poco aplicable para resolver eventuales controversias; como así también que debería contemplar expresamente previsto en la ley lo que hayan convenido las partes de manera expresa y tácita, y el principio de que las partes están obligadas por cualquier uso o norma consuetudinaria en cuya aplicación hayan convenido.

*JOAQUIN MALDONADO SANTI.
UNS. LU 59592
DNI 28946644

Fuentes Consultadas:

v Alterini, Atilio Aníbal; “Contratos Civiles, Comerciales, De Consumo” Ed. Abeledo Perrot. 1999
v Biocca, Cárdenas, Basz; “Lecciones de Derecho Internacional Privado. Parte General.” Segunda Edición. Ed. Universidad 1997
v Brebbia, F. y Malanos, N.; “Tratado teórico práctico de los contratos agrarios - Actualización”
v Brebbia, Fernando y Malanos, Nancy; “Tratado teórico práctico de los contratos agrarios”
v de Bianchetti, Alba Esther; “ Teoría general de los contratos agrarios”
v Maiztegui Martinez, Horacio; “El Derecho Agrario en la Argentina”
v Nino, Carlos Santiago; “Introducción al análisis del derecho” Ed. Astrea.1995