EL PROCESO AGRARIO MEXICANO FRENTE AL MODELO NEOLIBERAL
EFRAIN DE JESUS GUTIERREZ VELAZQUEZ

INTRODUCCIÓN

La presente investigación jurídica es con el firme propósito de exponer ante la comunidad internacional una preocupación personal en torno a los procesos jurisdiccionales agrarios de mi país.
Dicha investigación está centrada en un tema vigente que tras arrastrase por varios lustros aún siguen teniendo sus repercusiones en la ciencia jurídica.
La línea de investigación gira en torno a la agrariedad mexicana, pero desde la perspectiva de los derechos subjetivos de aquellos individuos sujetos al régimen de la tenencia de la tierra, que se ha dado por denominar como la propiedad social.
Estudiar y reflexionar en torno a la propiedad social mexicana desde la cosmovisión de la tutela constitucional, a través de las Garantías Sociales, es hablar también no sólo de su creación o existencia, sino de las formas o mecanismos jurídicos mediante los cuales el Estado atendiendo a su responsabilidad social, debe implementar a efecto de dar mantenimiento al verdadero respeto de dicha tutela, mediante derechos subjetivos y órganos públicos jurisdiccionales que los sustancien.
El ejercicio de tales derechos subjetivos desencadena la reacción del Estado, a través de sus órganos administradores de justicia que su actuar jurisdiccional debe estar apegado, sin lugar a dudas, a la legalidad y a su vez ésta debe estar apegada a los principios y valores rectores de la Teoría General del Proceso, que de forma vanguardista estén emergiendo, a través de la generación del conocimiento jurídico.
Sin embargo no siempre lo establecido en la norma jurídica o en el Derecho es lo que se acata. Haciendo un análisis económico – político de la Nación vamos a hacer de nuestro conocimiento los múltiples factores reales del poder que intervienen directamente o indirectamente en las decisiones legislativas y jurisdiccionales del país.
Tales grupos ideológicos del poder han influido enormemente en la vida jurídica nacional, para el caso concreto de esta investigación, es menester no dejar de mencionar las decisiones tomadas por el poder ejecutivo y legislativo en turno, a la suscrición del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). En donde se reflejó de manera gigantesca la manipulación de intereses autónomos de ciertos grupos económicos extranjeros y nacionales por establecer, no sólo una acuerdo de comercio internacional, sino medidas legislativas reformatorias de la Constitución Federal y sus leyes reglamentarias. De entre las que podemos citar la reforma estructural al artículo 27 constitucional y la abrogación de la Ley Federal de la Reforma Agraria, para dar origen a la vigente Ley Agraria.
La referida reforma tenía y aún mantiene la firme intención de erradicar el régimen dela tenencia de la tierra de la propiedad social, para dar lugar al cambio de propiedad social a privada. Es decir, lo que se ha dado por denominar”La privatización del ejido en México”, un proyecto cocinado por diversos grupos empresariales nacionales y trasnacionales que tienen como objeto el acaparamiento mediato de las tierras y aguas nacionales, bajo el marco del modelo económico neoliberal.
Son variadas las medidas emprendidas para llevar a buen término este proyecto. Cuyos medios son sujetos irresistiblemente, a la investigación jurídica, pues la estrategia neoliberal del neolatifundismo, está basada en tácticas jurídico – legislativas y jurídico – jurisdiccionales.
Por tal razón quise abordar en esta investigación jurídica, ya de manera concreta, lo relacionado a la justicia agraria, después de las reformas constitucionales agrarias realizadas por la Legislatura Federal en turno del Presidente de la República, el Lic. Carlos Salinas De Gortari. Específicamente el estudio está enfocado al proceso jurisdiccional agrario, en este marco económico y de manera especial al ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de las pruebas, en relación a la supletoriedad surgida del cuerpo de leyes adjetivo civil. Trato a lo largo de los diferentes Títulos y Capítulos de este trabajo, de reflexionar acerca de la diferenciación doctrinaria entre el proceso agrario y el civil, y de cómo este último en muchas ocasiones riñe con el sentido y alcance de aquel. Pero que ello no es producto de la ocurrencia o de la casualidad, que ello es producto de un plan fríamente calculado por los grupos ya referidos, no sólo para terminar con el Derecho Agrario Revolucionario de México, sino para erradicar ramas nuevas de estudio e investigación como el Derecho Procesal Agrario Mexicano, que les es incomodo para llevar a buen término sus proyectos económicos en la patria.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
CAPITULO I GENERALIDADES

1.- DERECHO PROCESAL.................................................................................................. 5

2.- DERECHO AGRARIO Y DERECHO CIVIL ............................................................... 6

3.- TEORIA TRICOTOMICA DEL DERECHO ................................................................. 8

4.- DERECHO PROCESAL AGRARIO Y CIVIL............................................................... 8

CAPITULO II PROCESO AGRARIO Y NEOLIBERALISMO

Comentarios previos ........................................................................................................... 10

1.- PRINCIPIO DE ORALIDAD......................................................................................... 11

2.- EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ............................................................................... 12

3.- PRINCIPIO DE LA CONCENTRACIÓN..................................................................... 12

4.- PRINCIPIO INQUISITIVO Y AMPLIOS PODERES DEL MAGISTRADO...............12

5.- PRINCIPIO DE GRATUIDAD...................................................................................... 13

6.- PRINCIPIO DE DEFENSA MATERIAL Y VERDAD MATERIAL........................... 13

7.- PRINCIPIO DE APRECIACIÓN PROBATORIA........................................................ 14

8.- EL PROCESO JURISDICCIONAL AGRARIO MEXICANO FRENTE AL MODELO NEOLIBERAL .................................................................................................................. 16

CONCLUSIONES............................................................................................................... 19

PROPUESTAS..................................................................................................................... 20

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................. 21

1.- DERECHO PROCESAL

Citando a Vizcarra Dávalos, la Teoría General del Proceso “es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones, que son comunes a todo proceso jurisdiccional( jurisdicción, competencia, acción, excepción, pruebas, etc.)” y que estudiaremos en los capítulos posteriores. Por otro lado el Mtro. Ovalle apunta que la Teoría General del Proceso “ es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio, los conceptos y principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procesales especiales” .

Y diferente a ello se desprende otra disciplina, que es el Derecho Procesal, que deberá ser el reflejo en las normas y diversas fuentes del Derecho, de la Teoría General del Proceso, pues aquella deberá estar basada en los principios y valores previstos en esta. Según el Mtro. Octavio García Maldonado, el Derecho Procesal “ es el conjunto de disposiciones que regulan la sucesión concatenada de los actos jurídicos realizados por el juez, las partes, y otros sujetos procesales, con el objeto de resolver las controversias que se suscitan con las aplicaciones de las normas del derecho sustantivo” .
B) Clasificación del Derecho Procesal
Podemos señalar que la Teoría Tricotómica del Derecho, aquella que rompió con la ortodoxia del DERECHO Romano, al señalar que el Derecho, para efectos de su estudio y aplicación, lo podíamos clasificar en tres grandes ramas, a saber : Derecho Público, Derecho Privado y Derecho Social – recordemos que bajo la tesis del Derecho Romano sólo se desprendían las dos primeras ramas-, trajo como consecuencia, de igual forma, un replanteamiento de ideas en torno a las concepciones que hasta el establecimiento de la referida teoría no se tenían, puesto que provocó una nueva corriente clasificatoria del Derecho Procesal, que entre otras consideraciones generales de esta podemos plantearla de la siguiente manera:
1) DERECHO PROCESAL INQUISITIVO.- De entre las ramas del derecho que podemos englobar de sus respectivos procesos son aquellas de naturaleza eminentemente pública como el Derecho Constitucional, el Derecho Penal, el Derecho Familiar, Derecho Administrativo, Derecho Financiero, Derecho Fiscal, entre otros.
2) DERECHO PROCESAL SOCIAL.- Este nuevo apartado es el que se gesta después de la Teoría Tricotómica del Derecho, pues se determina la autonomía de un nuevo marco del derecho procesal, aquel que tiene que ver con los procesos jurisdiccionales y de naturaleza ejecutivo - administrativos del Derecho Agrario, el Derecho de la Seguridad Social, y el Derecho Laboral, entre otros, algunos innovadores paradójicamente como el Derecho Indígena.
3) DERECHO PROCESAL DISPOSITIVO. Este tercer grupo clasificatorio del Derecho Procesal lo podemos integrar por aquellos que regulan los procesos jurisdiccionales de naturaleza privada desde la perspectiva sustantiva del derecho, como las ramas de este, que son el Derecho Civil, el derecho Mercantil y en alguna medida el Nuevo Derecho Agrario Mexicano cuando le toca regular las relaciones de los sujetos de este, a través de los Contratos de Aprovechamiento de los derechos Agrarios individuales y colectivos y en relación a las recién creadas Sociedades Mercantiles Agrarias.
2.- DERECHO AGRARIO Y DERECHO CIVIL

El derecho del Trabajo y el derecho agrario – persistente aquel, hondamente reformado éste – siguen siendo ordenes mixtos, o bien, vistos desde otra perspectiva, sistemas del derecho social. Se mantiene cierta orientación tutelar del Estado, que implica restricciones a la capacidad de algunos sujetos de esas ramas jurídicas, en aras de su propia tutela. Ciertamente ha progresado a fondo la liberación de las facultades de los sujetos del derecho agrario – me refiero, por supuesto, a los núcleos de población y sus integrantes -, pero también es cierto que el Estado conserva con alguna intensidad su misión protectora equilibradota, para evitar que esos sujetos se vean arrollados despojados por el empuje de poderosos intereses que se ciernen sobre ellos. El énfasis puesto que la producción del agro – designio que informa desde su base el nuevo derecho del campo – no lleva por fuerza al desvalimiento de los campesinos. El régimen jurídico del campo mantiene en restricciones y condiciones del propósito tutelar.

Para referirnos a la definición del Derecho Agrario, hay que recordar que, según los italianos "... la ciencia del Derecho agrario nace en 1922 con la fundación de la "Rivista di Diritti Agrario" y la aparición de la primera cátedra del Derecho Agrario, ambos a cargo de Bolla” .
En México se puede considerar como el Derecho agrario desde la perspectiva social y revolucionaria del mundo. Así hemos tenido destacados agraristas, por referirme al concepto de Derecho Agrario de uno de ellos, del Mtro. Lucio Mendieta y Núñez que sostiene que el Derecho Agrario es “ el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola” .

2.2 Origen del Derecho Agrario y los Derechos Humanos
Los derechos Humanos se pueden analizar desde su primera declaratoria, en 1791 por la Asamblea Constituyente de Francia, como producto de su revolución armada, denominándose ésta como la Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano, que estableció principios y valores que tenían que ver con la igualdad, la libertad y la justicia, pero más bien como lo que ahora conocemos como garantías individuales. Es decir estas garantías declaradas eran más bien restricciones y limitaciones al propio Estado, pero no así a lo mismos gobernados. Posterior a la Revolución Francesa, que había sepultado al feudalismo como modelo económico – social, surge una nueva clase social: la Burguesía. Esta burguesía estaba simentada, y aún lo está, en un modelo denominado Capitalismo, que se alimenta de la idea de la libre competencia comercial, sin importarle el desarrollo cultural e integral .- económico de los pueblos, sino de sólo selectos grupos. A raíz de ello surge una nueva ideología denominada Socialismo científico, planteada por el Filósofo alemán Carlos Marx, de la que surgen nuevos derechos Humanos, como el respeto al trabajo obrero y campesino a través, ya no de la igualdad, sino de la equidad. Dice una frase sabia que “ derecho igual a los iguales, y desigual a los desiguales”. De aquí arranca una nueva concepción del Derecho y aparte de las garantías individuales nacen las Garantías sociales, de las que México debe sentirse orgulloso, pues a nivel mundial fue el primero que las instauró a nivel constitucional. De entre esas garantías sociales, esta el derecho a la tierra y otros, que se concibe como la reforma agraria.

2.3 La ruptura de la unidad del Derecho Privado
Bajo la tesitura del Derecho Romano, en éste, se contemplan solamente, dentro de la clasificación del Derecho, al Derecho Público y al Derecho Privado. Se siguió con esta idea a través de muchos siglos, incluso en la actualidad hay profesores y Doctrinistas que siguen defendiendo esta posición. En el párrafo anterior hablaba ya de un bosquejo de los derechos humanos que , y bien, ello tiene mucha aplicación en este tema. Hacer un estudio de la antecedencia de los derecho humanos, se hace de igual manera una antecedencia del derecho en general.
En este Derecho privado encontramos al Derecho civil, al derecho familiar, al mercantil, etc. y hay quienes sostienen que hasta el agrario. Desde que se visualizaron nuevas formas de pensamiento económico en el siglo XIX, principalmente con la corriente ideológica del socialismo, se replantearon nuevas formas de pensamiento jurídico. Pues nacían en la doctrina, posteriormente en las leyes, nuevas garantías, ya no frente al Estado, sino frente a factores reales del poder, que detrás del poder formal esconden sus verdaderos intereses económicos, políticos y culturales, denominándose éstas como las garantías sociales. Estas garantías en las ramas propias del derecho, ya no son relaciones propias entre particulares – derecho privado – sino una tutela estatal a grupos desaventajados, como los obreros y los campesinos. Por ello, es que se rompe con la concepción aquella del eterno derecho privado y público, naciendo una nueva rama en la ciencia jurídica, el derecho social, que abraca el derecho agrario, el laboral y el de la seguridad social, teoría tricotómica que trataré de explicar en temas posteriores.

3.- TEORIA TRICOTÓMICA DEL DERECHO

La añeja división del Derecho en privado y público se ha debilitado ante la creciente intervención del Estado en la vida económica de los países. Mas se sigue aceptando como derecho privado al “ conjunto de normas para regular las relaciones jurídicas entre las personas físicas / morales en igualdad de circunstancias, producto de los hechos y actos jurídicos generados por ellas que les competen” .
En esta corriente Tricotómica del Derecho , ubican el Derecho Agrario las Doctoras en Derecho MARTHA CHAVEZ PADRÓN Y BERTHA BEATRIZ MARTÍNEZ GARZA. Esta última basa su inclusión como una subdivisión del Derecho Social “ en función de una autonomía histórica, jurídica, sociológica, económica, didáctica y científica del Derecho Mexicano”.
El Derecho agrario mexicano se pragmatiza en la reforma agraria mexicana, que destruye el sistema monopolizador de la propiedad rural inmueble y mueble en que descansa la hacienda. Esto permite incorporar a los trabajadores del campo a la riqueza nacional por conducto de tierras, aguas y bosques para fines productivos eminentemente agrícolas, pecuarios y forestales. Y serían múltiples los ejemplos a citar para apoyar la inclusión del Derecho agrario en el apartado del Derecho Social, pero sin embargo si quisiera recalcar que con el ejercicio de las disposiciones normativas agrarias el Estado posibilita además de la protección, y en algunos casos la sobreprotección, la verdadera integración de los hombre del campo a la economía nacional.

4.- DERECHO PROCESAL AGRARIO Y DERECHO PROCESAL CIVIL

El Derecho Agrario sustantivo, cuya autonomía científica y especialidad sistemática han sido reafirmadas por la doctrina más autorizada requiere darle una respuesta pronta y efectiva a los conflictos originados en el ámbito de las relaciones agrarias. Especialmente, debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos económicos sociales y los de la tercera generación.
El proceso agrario como instrumento para la aplicación del Derecho agrario sustantivo debe a su vez garantizar la justicia, la equidad, y la paz social en el agro. Para ello el objeto del proceso agrario debe irse ajustando a los cambios del objeto del Derecho Agrario y a sus nuevas tendencias evolutivas.
A principios del siglo XX se dio una evolución impresionante del Derecho Agrario sustantivo. No ocurrió lo mismo con el Derecho Procesal Agrario cuya consolidación científica se logra en la segunda mitad de este siglo, bajo la influencia de una serie de factores que incidieron en el Derecho Agrario sustantivo y se reflejaron decididamente en el proceso agrario.
En este capítulo se abordará brevemente el Derecho Agrario como sistema normativo y como ciencia. Ello comprende el estudio de su objeto, su evolución actual, y la incidencia que éste tiene dentro del proceso agrario.

4.2 Derecho Procesal Agrario y Civil.
Evidentemente la presencia de datos de carácter público, privado o mixto en cada sector del universo jurídico tiene su fuente en determinados desarrollos e intereses de carácter político y social. El Derecho mixto suele corresponder a la preocupación social del Derecho, es decir a la protección de las partes débiles en las relaciones jurídicas. De tal suerte el derecho proteccionista plantea una serie de restricciones al principio de la autonomía de la voluntad, que en la realidad de los hechos militó contra la verdadera libertad e hizo imposible la igualdad genuina. Así lo hemos visto en la regulación en México, de las relaciones laborales y agrarias.

En México ha sido frecuentemente señalado el carácter singular del DERECHO PROCESAL AGRARIO, o bien su afiliación a la corriente social del derecho, en contraste con el DERECHO PROCESAL CIVIL, con la salvedad del enjuiciamiento penal. Entre quienes sostienen en México, dicha tesis figura FRANCISCO GONZALEZ DÍAZ LOMBARDO, que subraya “ la existencia de un Derecho Procesal Social, que no es otra cosa que el derecho adjetivo de los derechos previstos en las garantías sociales” .
Es de particular importancia las enseñanzas del Mtro. Fix – Zamudio que se ha ocupado en gran medida del tema y quien señala que “ el derecho social se manifiesta con especial intensidad en los derechos del trabajo, agrario y de la seguridad social o asistencial; a estas tres discplinas sustantivas corresponden otras tantas manifestaciones procesales, sin pérdida de la unidad esencial del Proceso y edl Derecho Procesal; y ahora bien, de todas las vertientes del Derecho Procesal Social la agraria es la que todavía no obtiene un encuadramiento dentro de la federación procesal, mas sin embargo participa de la estructura tutelar y proteccionista de las normas instrumentales laborales y de seguridad social que integran esta rama del proceso de tan reciente formación”.

CAPITULO II
PROCESO AGRARIO Y NEOLIBERALISMO

LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO AGRARIO Comentarios previos
La ley agraria en México, reglamenta un solo procedimiento para la impartición de la justicia agraria. Se trata de un proceso elemental, simple, sumario, rígido por los principios de legalidad, oralidad, publicidad, igualdad e inmediatez; entre otros, el cual “se desarrolla en tres actos: DEMANDA, AUDIENCIA Y SENTENCIA; de éstos en el segundo acto, que es la audiencia de derecho que prevé el artículo 185 de la Ley Agraria, es donde encontramos la mayoría de los principios que rigen el proceso agrario”.
Para la generalidad de los casos litigiosos sometidos a la jurisdicción agraria, en contraste con el Procedimiento Civil Común, se pueden referir los siguientes que tienen total concordancia con la Teoría General del Derecho Procesal Agrario.
La doctrina se ha ocupado en deslindar el proceso social agrario de otras vertientes procesales, sobre todo del Proceso Civil Ordinario, del que muchos consideran matriz de las diferentes ramas del enjuiciamiento, y en este trabajo de investigación jurídica se han extraído los principios primordiales o caracteres del proceso agrario.
En un trabajo presentado ante el Congreso Mexicano de Derecho Procesal, un destacado procesalista Enrique Vescovi consideró que “ los agrarios deben ser procesos orales, concentrados, rápidos y públicos en los cuales se aumenten los poderes del juzgador facilitando a través de la inmediación sus posibilidades de investigar la verdad. Él mismo será dotado de poderes especiales que permitan la ejecución inmediata de la sentencia y aún la provisoria de primera instancia, si se admite la apelación...”.


Si bien es cierto que la totalidad de los principios del Proceso agrario son de vital importancia para integración debida de éste, también lo es que la presente investigación se refiere solamente a la supletoriedad adjetiva civil en el proceso agrario en tratándose de las Pruebas, por ello a continuación me voy a permitir profundizar en el análisis de aquellos principios del proceso agrario que guardan una relación más estrecha con el tema planteado, pues de lo contrario requeriría de todo un tratado para tratar la totalidad de los principios del proceso agrario.

Principio dispositivo
Este principio es propio del proceso civil tradicional y constituye un reflejo de los derechos que corresponden a una persona de disponer de sus derechos subjetivos materiales, mediante el establecimiento o no de una acción judicial, o bien mediante la renuncia o transacción de dichos derechos.

1.- PRINCIPIO DE LA ORALIDAD

Oralidad y Publicidad
El procedimiento oral ha demostrado ser el más conveniente a la naturaleza y exigencias del derecho agrario sustantivo que se presenta en la vida moderna. Evidentemente, supera en mucho al proceso escrito, y constituye una etapa más avanzada de la verbalidad. Se basa en una concepción moderna, forjada en el principio de la verbalidad como un modo de la oralidad y sus correlativos de inmediatez y concentración, con el objeto de ser un proceso más rápido, más económico, menos formal, si bien con elementos de la escritura en cuanto debe ser escrita la fase de iniciación y una serie de pruebas irreproductibles cuya fórmula normal se documenta, en el juicio verbal opera una forma de oralidad la cual requiere consignar las deposiciones de los testigos, de los peritos, intérpretes, y en fin cualquier otro tipo de medio probatorio de este tipo, pero ello sin las formalidades propias del proceso civil, porque no opera la oralidad plena en la cual los hechos aprobados de la sentencia constituyen el acto mismo del juicio oral. Chiovenda, señala la diferencia entre el sistema escrito y el sistema procesal oral así: “Dependiendo que aplique o no, o aplique en diversa medida, los principios (conexos entre sí), de la oralidad, según el cual las deducciones de las partes normalmente deben ser hechas de viva voz en audiencia, es decir, en aquel momento y lugar dados en que el juez escucha a las partes y dirige la marcha de la causa; el de la inmediación, por el cual el juez que pronuncia la sentencia debe ser la o las mismas personas físicas, (tribunal colegiado), que han recogido los elementos de su convencimiento, es decir, que han oído a las partes, a los testigos, a los peritos y examinado los lugares y objetos de controversia; consecuentemente, el principio de la identidad física del juez durante toda la actuación; el de la concentración que, con el fin de hacer posible la aplicación de los otros tres principios, impone la reunión de todas las actividades procesales dirigidas a la instrucción de la causa (pruebas y discusión de las pruebas) en una sola sesión o en número limitado, en todo caso, próximas unas a otras. En el proceso informado por estos principios, proceso oral, domina y tiene importancia fundamental la audiencia, o vista oral que, por el contrario, tiene poca o ninguna en el proceso de tipo escrito.” Para comprender esta orientación, en todas sus dimensiones, es necesario apuntar los principios o características concretas de la oralidad:

Sin embargo, para que el procedimiento sea eficaz y se actualice el principio de la oralidad, es necesario que se observe cabalmente la inmediación en virtud en esta característica se vincula estrechamente con la oralidad, la celeridad del procedimiento y la publicidad, que es una garantía política del procedimiento. Por ello bien señala el Mtro. Lorenzo Martínez Benítez “¿ QUÉ SENTIDO TIENE LA PRÁCTICA ORAL DE LOS ACTOS PROCESALES SINO SE HAYA PRESENTE EL JUZGADOR PARA QUE LOS PERCIBA DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE SU PROPIO OÍDO, SINO HABRÁ DE IMPONERSE DE ELLOS MEDIANTE LA LECTURA DE LAS ACTAS?” .

2.- EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ

Este implica una relación física directa e inmediata del Magistrado con el medio en el cual se desarrolla la audiencia, así como con las personas que participan (como actores o demandados, abogados litigantes) en el proceso oral, y con la totalidad del elemento probatorio. El Magistrado debe recibir la impresión directa de las partes, de los testigos, del perito y de cualquier otro medio ofrecido en la audiencia. En ese mismo instante las partes y los testigos manifiestan “a viva voz” al juez sus planteamientos, pretensiones, o conocimiento sobre los hechos. El juzgador, por su parte, va formando su convencimiento, apreciando y valorando las impresiones que recibe de cada medio probatorio. Esta es, en verdad, la esencia del sistema oral siempre y cuando a la inmediatez probatoria corresponda también la identidad física del juez o tribunal que dictará el fallo.

3.2.- La Itinerancia del Juez o desplazamiento del Tribunal.
Desde la creación de la Jurisdicción Agraria en los distintos países de América Latina, uno de los aspectos característicos de lo agrario es la itinerancia de los Jueces. La justicia itinerante permite que los Jueces no sean jueces de escritorio, sino que salgan de su sede a administrar la justicia, realizar actuaciones, evacuar prueba, tener contacto directo con el medio en el cual se desenvuelve la controversia, dentro de su ámbito de competencia territorial.

3.- PRINCIPIO DE LA CONCENTRACIÓN

Es otro principio inherente al proceso oral. Mientras que en el proceso escrito la etapa probatoria puede fijarse en varios días, e incluso muchas veces distan meses en su evacuación, en el proceso oral ello no es posible. En efecto, se busca concentrar y recibir la totalidad del elemento probatorio en una sola audiencia y, en casos excepcionales, en pocas audiencias siempre y cuando no diste entre ellas un tiempo muy prolongado. El fin de la concentración es que los actos procesales más importantes, el resultado probatorio, esté lo más cerca posible de la decisión del juez o tribunal, para así no poner en riesgo las impresiones objetivas que recogió en la audiencia y la traición posterior de su memoria.

4.- PRINCIPIO INQUISITIVO Y AMPLIOS PODERES DEL MAGISTRADO

a. El principio inquisitivo, en materia agraria, consiste en la obligación del juez de impulsar el proceso, dirigirlo en todas sus etapas, interrogar libremente a las partes, traer prueba al proceso en aras de la verdad real, valorar libremente el resultado de la prueba. Todo lo cual se orienta a superar la facultad dispositiva de las partes, para entregarle al Juzgador el poder de dirección y control sobre el proceso. El proceso agrario abandona el principio dispositivo, para darle mayor énfasis al poder INQUISITIVO del Tribunal Agrario.

5.- PRINCIPIO DE GRATUIDAD

Dentro de la orientación de los principios que rigen el proceso agrario, y de la consideración de que no hay mayor injusticia que la de tratar a los iguales como iguales, y a los desiguales como desiguales, se procura ubicar en una posición más favorable a la parte que se presenta más débil en la relación procesal, así, en materia agraria no hay norma expresa que obligue a la necesaria presencia de la parte con su asesor profesional - como sí ocurre en los procesos civiles, que de no ir debidamente autenticado el escrito presentado ante el despacho judicial, se tiene por inadmisible, dejando la posibilidad, tanto al actor como al demandado, de comparecer en forma personal o por medio de un apoderado judicial.

6.-PRINCIPIO DE LA DEFENSA MATERIAL Y VERDAD MATERIAL.

9.1 De defensa material.
El principio de la defensa material está contenido en el párrafo tercero del artículo 164 y segundo párrafo del numeral 186 de la Ley Agraria. El primer precepto legal ordena al tribunal a suplir la deficiencia en el planteamiento de derecho de las partes, cuando se trate de núcleos de población, ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros. Y en el segundo dispone que el tribunal podrá acordar en todo tiempo cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados.

9.2 De verdad material.
En cuanto a este principio, el Mtro. Sergio García Ramírez, en su libro Justicia Agraria, establece: “ Tanto el proceso publicista como el social se orientan hacia la verdad material o histórica no hacia la formal. Así se recoge la idea de que los resultados de esos procesos interesan profundamente a la sociedad que no puede conformarse con la versión que las partes ofrezcan sobre los hechos. Queda excluido por ende, el apotegma de que el tribunal resolverá conforme a lo que las partes aleguen o prueben. Las partes pierden la exclusividad en la promoción de las pruebas, que es tanto como perder la exclusividad en el manejo de la versión de los hechos que hayan de llegar al conocimiento del juzgador. Éste puede indagar la realidad, tiene una función activa; Inquiere y forma racionalmente su certeza; no la supedita a los elementos que los contendientes le alleguen” .

7.- PRINCIPIO DE APRECIACIÓN PROBATORIA

Este principio, guarda una íntima relación con el principio agrario de la oralidad, pues se afirma que “el proceso oral ha significado también o adicionalmente el abandono progresivo de un sistema probatorio obsoleto, porque pretendía fijar reglas abstractas para la búsqueda de los hechos que la mentalidad moderna quiere confiar” , y por ello, me permito también citar al Mtro. Chiovenda que dice “...el campo en el cual el principio de la oralidad podía y debía operar más profundamente, era fundamentalmente, sólo el de las pruebas...” .

10.1 Libre administración de la prueba y verdad real.
En el proceso civil tradicional, las partes son las que usualmente manejan el acerbo probatorio. El juez permanecía ajeno a la realidad probatoria. Estaba limitado para traer prueba al proceso, porque era una facultad que correspondía, en forma exclusiva, a las partes. Incluso éstas indicaban cuales eran las preguntas sobre las cuales debía versar el interrogatorio. En el proceso agrario, se le otorga amplias facultades al Magistrado agrario para manejar la prueba tendiente a acreditar la verdad real de los hechos.
Parte de la doctrina identifica este principio con el de verdad material “Las partes pierden la exclusividad en la promoción de las pruebas, que es tanto como perder la exclusividad en el manejo de la versión de los hechos que hayan de llegar al conocimiento del juzgador. Este puede indagar la realidad. Su función es, a este respecto, activa. Inquiere y forma racionalmente su certeza; no la supedita a los elementos que los contendientes aleguen. El Magistrado admite sólo la prueba admisible y pertinente al caso. El Tribunal Superior Agrario le ha otorgado una importante dimensión a esta facultad, cuando ordena pruebas para mejor proveer en el campo, en aras de verificar la verdad material.

10.2 Libre valoración probatoria.
Para que la oralidad tenga éxito, la prueba debe regirse por el principio de libre valoración. El Juez debe tener amplios poderes para apreciar y valorar la prueba recibida. La libre apreciación judicial de la prueba responde al principio inquisitivo, que le otorga amplia iniciativa al juzgador en materia de pruebas. “Es, además, facultad suya evaluar libremente las pruebas y darle a cada una el valor que considere le corresponde, sin tener que sujetarse a una “tarifa” previamente determinada por la ley. En efecto, como lo indica el Prof. Ricardo Zeledón: “Esto significa gozar de amplias facultades para determinar el cuadro fáctico sobre el cual deberá dictar la sentencia. Para tal efecto razonará y justificará el valor dado a las probanzas, expresando los criterios de legalidad o equidad para sus valoraciones, sin sujeción estricta a las normas de derecho común sobre la valoración de la prueba.” El sistema de la tarifa legal se justificó para dar mayor confianza a la justicia, someter las sentencias a la ley y librarlas de la arbitrariedad o la ignorancia de los jueces, lográndose la uniformidad de los fallos.
Entre sus desventajas e inconvenientes se apuntan:
1. Mecaniza o automatiza la función del juez, quitándole personalidad e impidiéndole formar un criterio personal, pues las soluciones vienen dadas por ley en contra de un convencimiento lógico y razonado.
2. Conduce a declarar como verdad una apariencia formal.
3. Se produce un divorcio entre la justicia y la sentencia.
4. Se sacrifica el fin de la justicia por fórmulas abstractas y se pierde el contacto con la realidad.
5. El resultado de la actividad probatoria puede variar, dependiendo si el juez debe conformarse con las razones de orden legal que esté obligado a deducir de una apreciación tasada de los medios aducidos o que, por el contrario, pueda valorarlos con su propio criterio. Los motivos de convicción los toma el juez de la ley o de su personal apreciación. “Para que triunfe la verdad, para que se obtenga el fin de interés público del proceso y no sea éste una aventura incierta cuyo resultado dependa de la habilidad de los abogados litigantes, es indispensable que, además de la libre apreciación de las pruebas, el juez disponga de facultades inquisitivas para practicar las que, conforme a su leal saber y entender, considere convenientes al esclarecimiento de los hechos que las partes afirman. Solo así se obtendrá la igualdad de las partes en el proceso y la verdadera democracia en la justicia.”

El sistema de libre valoración probatoria no puede confundirse con uno de “mixto”. “No hay sistemas mixtos: o el Magistrado tiene libertad de apreciación o no la tiene; no existe libertad a medias. Cuando la ley impone reglas de valoración para ciertas pruebas y deja al juez el determinar la fuerza de convicción de otras o le permite calificar su contenido para rechazarlas a pesar de que formalmente reúnan los requisitos para su obligatoriedad, existen atenuaciones al sistema de la tarifa legal y no un sistema mixto.

8.- EL PROCESO JURISDICCIONAL AGRARIO MEXICANO FRENTE AL MODELO NEOLIBERAL

Para comenzar diremos que conflicto agrario lo entendemos como el enfrentamiento de intereses en la lucha por tierra entre los campesinos y el Estado o grupos apoyados por éste. Es decir, puede darse entre campesinos, o entre campesinos y el Estado; estos intereses se traducen en poseer la tierra y los recursos y productos de esta.
Otro nivel de conflicto agrario se puede ubicar en la falta de regularización de tierras, sea porque hay resoluciones presidenciales empalmadas, resoluciones parcialmente ejecutadas, problemas de limites entre pequeñas propiedades, comunidades y ejidos y predios tomados que aun no han sido regularizados. A este tipo de conflicto lo ubicamos en el procedimiento agrario en donde existen trabas para que se realice la justicia agraria; este problema es reforzado por la corrupción de la burocracia y su política de apoyo a ciertos grupos o sectores campesinos.
Es muy claro que, en la dinámica actual del conflicto agrario, el Estado no se asume como parte del conflicto, sino como mediador o conciliador de intereses. Es decir, está dejando de lado su papel de garantizar, proteger y respetar los derechos de los mexicanos.
Con la Revolución se logró el reparto agrario y que en el artículo 27 de la Constitución Política de México se reconociera el derecho a la tierra como un derecho inembargable e inalienable.
Durante décadas, el reparto agrario y el apoyo al campesino productor ha estado condicionado a las políticas de los gobernantes que conocen poco o nada de las necesidades de los campesinos y de los indígenas.
Cuando empezó a desarrollarse el modelo económico neoliberal en México e inició la privatización de todo, la tierra y los recursos naturales fueron el blanco de la apropiación para que el neoliberalismo creciera.
Cuando avanza el neoliberalismo, entra otra concepción de desarrollo. No es que hubiera una concepción mejor de desarrollo antes; en una época se privilegió el desarrollo del campo al de las industrias y se apoyó la producción del campesino a través del desarrollo del ejido.
Pero esa fue sólo una época; después vino la época en que se privilegio el desarrollo de la industria. Esto provocó que miles y miles de campesinos e indígenas migraran a las ciudades en busca de trabajo. Las ciudades crecieron y el campo se debilitó.
Como parte de las políticas neoliberales, en 1992 se reforma el artículo 27 de la Constitución, que garantizaba el derecho a la tierra. Con esta reforma se firmó la sentencia de muerte para las comunidades indígenas y campesinas; para evitarse condenas, el gobierno federal también modificó el artículo 4º de la Constitución supuestamente para cumplir la obligación del Estado mexicano al firmar y ratificar el Convenio 169 de la OIT.
El gobierno de Carlos Salinas decretó formalmente el fin del reparto agrario y promovió los primeros pasos para privatizar a través del PROCEDE; esa política la han continuado los siguientes presidentes como Ernesto Zedillo y Vicente Fox. En 1994, se promovió en Chiapas la firma de fideicomisos para comprar tierras porque había un 27% de rezago agrario por los expedientes de solicitud de terrenos no resueltos.
Con esto, dijeron los tecnócratas neoliberales que nos han gobernado y nos gobiernan, México "entró al progreso y al desarrollo", "al primer mundo". Pero no fue así…
La aplicación de políticas neoliberales en nuestro país fue en realidad la declaración de guerra a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas, una guerra económica, feroz y terrible, que costaría más muertes y sufrimientos.
En 1994, el levantamiento armado en Chiapas enarboló como una de sus demandas centrales la lucha por la tierra, al grito de Zapata vive. La madre tierra sigue siendo lo más sagrado para los pueblos indios de México. Más aún, la demanda se amplió al reconocimiento del territorio como parte del derecho a la libre determinación y a la autonomía. El derecho a la autonomía se reconoció en los Acuerdos de San Andrés, aunque el gobierno mexicano, al firmar y ratificar el Convenio 169 en 1992, ya la había reconocido, pero sólo en el papel.
Aunque no se han reconocido los derechos indígenas en la Constitución, los pueblos indígenas continúan y fortalecen la construcción de la autonomía a través de diferentes formas en cada uno de sus lugares. La construcción de la autonomía va de la mano de la lucha por los recursos naturales y la forma de aprovecharlos colectivamente y en forma racional.
Pero el problema de la tierra no se ha solucionado. Vemos con tristeza que parte fundamental de las reformas hechas en materia agraria en 1992, en el marco de la política NEOLIBERAL, pretendió romper de tajo con los principios del proceso agrario, imponiendo una serie de figuras e instituciones de naturaleza eminentemente CIVIL, que riñen de manera directa o indirecta con el proceso agrario puro y original. Recordemos que el proceso agrario es parte fundamental del derecho Procesal Social, mismo que tiene como teleología la tutela irrestricta de las clases campesinas como las ejidales e indígenas a través de procedimientos acordes a las condiciones culturales, ideológicas y económicas de estos estratos sociales. Pero lo lamentable yace en la decisión tendenciosa de ciertos grupos en o tras el poder público de la nación.
Basta citar la derogación en la referida reforma constitucional, de acciones agrarias fundamentales y revolucionarias como las de dotación de tierras para los nuevos centros de población ejidal, y la ampliación de tierras a ejidos que las requirieran. Con ello se frena la reforma agraria, y se permite de alguna manera el encubrimiento de enormes latifundios en pocas manos. También, nos sirve de ejemplo, en materia del proceso en los juicios agrarios, sobre el establecimiento de una nueva ley agraria que únicamente le dedica al ámbito jurisdiccional, la cantidad de 32 artículos escuetos y delgados, que permiten permear y filtrar el auténtico proceso agrario. Es decir, se dejan una serie de rendijas en la legislación procesal agraria, para lograr el ingreso supletorio de la legislación procesal civil, que está hecha al antojo de los intereses de los grupos tecnócratas en el poder; los que se benefician de juicios en los que no impera la EQUIDAD sino la igualdad.
Más aún, el neoliberalismo sigue avanzando. Y utiliza mecanismos cada vez más sutiles (ingeniosos, astutos) para despojar poco a poco o de un solo golpe, a los campesinos e indígenas de sus tierras.
Como sabemos, una de las políticas neoliberales es la privatización, que consiste en que una empresa pública o sea del Estado, pase a ser propiedad de compañías privadas o particulares, para fortalecer y consolidar el poder de las grandes empresas privadas, como si fueran las únicas capaces de desarrollar la economía.
El modelo económico neoliberal nos lleva entonces hacia una estructura agraria dividida en tres: las tierras comerciales para la producción agropecuaria-forestal, las tierras de autosuficiencia y las tierras improductivas.
Para lograr esa estructura agraria trimodal el Estado renuncia a su papel de regulador y gestor de la propiedad de la tierra en el combate permanente a la concentración de la riqueza. Por eso, más que por las obvias limitaciones existentes para satisfacer todas las solicitudes de tierra, renuncia a su derecho de expropiar y a toda posibilidad de mantener ciertas formas de reparto agrario que permitirían contrarrestar la pobreza. Por el contrario, anula el concepto de latifundio disfrazado o neolatifundio y otorga todas las facilidades para la concentración de la tierra.4
También renuncia a otra de las ideas fundamentales del agrarismo: la función social de la propiedad que debe producir y ser útil a la Nación. Es en nombre de ese principio que el Estado tenía derecho de expropiar, sin indemnización, las tierras que rebasaban el límite de la pequeña propiedad o las tierras, tanto privadas como ejidales, que no se cultivaban por más de dos años.Pero, en la perspectiva de tener tierras inútiles, el principio de la función social de la tierra para abastecer de alimento a la población nacional pierde sentido.
Por otra parte, esta política busca crear un nuevo actor productivo capaz de sustituir la acción gubernamental para invertir en el campo. El agricultor, el hombre emprendedor del campo, el productor familiar que fue agente preferencial del desarrollo agrícola de las últimas décadas, no es la pieza clave en los cálculos del neoliberalismo.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Se justifica la existencia de un Derecho Procesal Social, eminentemente distinto del Derecho Procesal Dispositivo y del Derecho Procesal inquisitivo.
SEGUNDA.- El derecho Procesal agrario indiscutiblemente es parte integrante del Derecho Procesal Social, y este tiene plenas características de autonomía didáctica y legislativa.
TERCERA.- El Derecho Procesal Agrario no se puede concebir sin el fundamento de la antecedencia histórica del Derecho Agrario Mexicano, y del propio vigente.
CUARTA.- El Proceso agrario como tal, en la actualidad, obedece a diferentes orígenes, razones de existencia, conformación y principios rectores, frente al Derecho procesal civil.
SEXTA.- La supletoriedad de la materia adjetiva civil en el proceso agrario, obedece a razones de naturaleza comercial internacional, bajo el modelo NEOLIBERAL, que pretenden desaparecer la propiedad social en nuestro país, a través de reglas procesales destinadas a sujetos privados, pero aplicándolas a estratos sociales desprotegidos.
SÉPTIMA.- La actual Ley Agraria de 1992 con sus 200 artículos, y de éstos, sólo 22 dedicados al juicio agrario, es muy rala y escueta, permitiendo así dejar una serie de rendijas para la supletoriedad civil adjetiva: propósito de grupos neoliberales que pretenden apoderarse de la propiedad agraria del país, a través dela privatización del ejido y las Comunidades Indígenas.
OCTAVA.- La actual Ley Agraria rescata algunos principios rectores del teórico proceso agrario, pero éstos son acotados por las posturas judiciales de los Tribunales agrarios a través de sus resoluciones y criterios jurisprudenciales.
NOVENA.- La supletoriedad adjetiva civil en el proceso agrario, de manera especial, con el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de las pruebas, riñe en muchos casos con el verdadero espíritu que el Legislador plasmó en la actual Ley Agraria, pues ataca el principio de economía procesal, inmediatez, libre convicción y sana crítica de las pruebas, e interrogatorios abiertos.
DECIMA.- El proceso agrario cada vez es mas combatido por los embates del NEOLIBERALISMO, que pretende una sociedad de mercado y consumo, y no una sociedad de producción que esté alentada por una justicia social y equitativa , cuyos principios son los que rigen al proceso agrario.

PROPUESTAS

PRIMERA.- El proceso agrario no debe ser suplementado por las normas civiles, ni en lo sustantivo, mucho menos en lo adjetivo o procedimental, pues es un derecho procesal que atenta contra las clases débiles social y económicamente.

SEGUNDA.- Que el Congreso de la Unión atienda a los resolutivos de los Congresos Mundiales y Nacionales de Derecho Procesal y Derecho Procesal Agrario, pero sin desaparecer y menospreciar las figuras jurídicas y corrientes procesalistas autóctonas propias de la nación, frente a la imposición de corrientes anacrónicas de otros países.

TERCERA.- En relación con la anterior propuesta; Que a la brevedad posible, el Congreso de la Unión dé origen a un Código de Procedimientos Agrarios que prevea de manera clara y precisa todos y cada uno de los principios que caracterizan al proceso agrario teórico.

CUARTA.- Ya en el mejor de los casos, que se legisle sobre un cuerpo de leyes procesales, de manera particular, para la aplicación del derecho social, principalmente laboral y agrario, creando así un Código Procesal Social, que atendería al principio de la concentración legal de los procesos.

QUINTA.- Que el Tribunal Superior Agrario, para el nombramiento de Magistrados y Secretarios en general en los Tribunales Unitarios Agrarios, establezca como obligatorio la práctica de un examen que contenga indiscutiblemente el conocimiento, por parte del sustentante, de la diferenciación del proceso civil y el proceso agrario. Pues suele suceder que el Magistrado por desconocimiento de los principios doctrinarios que rigen en el proceso agrario, cómodamente descansa sus resoluciones aplicando supletoriamente la legislación adjetiva civil, alterando la teleología de la justicia agraria mexicana, distinta a los objetivos de la justicia civil.

SEXTA.- Que de conformidad a la teleología de justicia agraria y la propia normatividad agraria, se haga presente el Magistrado Agrario en las audiencias públicas de los Tribunales agrarios, cumpliendo así con el principio de inmediatez, y además con su presencia tiene un mayor acercamiento a las partes y la contienda judicial, evitando con esto que tenga que acudir a formulismos civilistas procesales, por no conocer de cerca el juicio.
SÉPTIMA.- Que los principios rectores del proceso agrario, en su momento, pudieran incidir e influir en el proceso civil NEOLIBERAL, logrando así juicios sumarios sin fórmulas sacramentales, que a la larga humanicen la justicia en todas las ramas del derecho.

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DOCTRINA
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www.todoelderecho.com
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