I. INTRODUCCIÓN
La sanción del Código de Aguas bonaerense ha venido a contrarrestar las deficiencias de sistema que adolecía el tratamiento jurídico sobre el uso agrícola del agua en la provincia de Buenos Aires; las dificultades generales que presentaba el marco legal hídrico en ambos niveles -federal y estadual- primero la inflación legislativa, y luego la dispersión de prescripciones en algunos cuerpos legales (por ej. el Código Civil), ayudaban a la ineficacia de los organismos administrativos en el manejo del recurso en los diferentes usos, además de darle plataforma a la presión de intereses sectoriales en contraposición al interés general comprometido en la defensa de la riqueza ambiental. El régimen derogado (el título I del libro III del Código Rural) mostraba lo evidente de la necesidad de una ley de aguas con pretensiones de unicidad para todo el territorio provincial.
La provincia de Buenos Aires cuenta con un Código de Aguas recién en 1999 (año de su promulgación), a pesar de haber sido inspiradora de otros códigos provinciales que ya han hecho capitalizar muchos años de experiencia, tanto en la administración del recurso como en la faz judicial al disponer esos estados federales de un riquísimo repertorio de jurisprudencia aplicada a la conflictiva. Unificar el régimen ya constituye un principio de sistematización provechosa para todos, cuando no existe persona ni autoridad alguna que no estén involucradas aunque sea en una mínima cuota de las obligaciones que ahora expresamente exige la “cláusula ambiental” (arts. 41, Const. Nac. y 28, Const. prov. de Buenos Aires).
Las consecuencias que sufrió la provincia por carecer de un código de aguas se transformaron en las razones principales para procederse a desarchivar el Documento de Trabajo (1936) elaborado por Alberto Spota, que fuera la fuente principal a seguir por la Comisión Especial de 1993 de la Cámara de Diputados provincial para proyectar el código vigente. La gran cantidad de leyes específicas para cada tema implicante obstaculizaba la realización de una política metódica y efectiva referente al agua; también se ha observado que la coexistencia de múltiples organismos administrativos en todos los niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) sólo ha servido para generar día a día innumerables normas reglamentarias que atentan contra la seguridad jurídica y la capacidad de resultados de las autoridades competentes. Otra razón que condujo a la sanción del Código, de suma importancia, fue que no había un desarrollo parejo en los distintos usos del factor reduciendo su disponibilidad y contaminando los acuíferos; ello ocurrió con el uso agrícola que nos ocupa que se ha acrecentado en la provincia con el desarrollo del sector antes de la sanción del código, y empeorando el estado de la cuestión en nuestros días con el proceso de agriculturización desorganizada. Se completó el cuadro de situación con los incontables juicios entablados contra la provincia de Buenos Aires por sus obras de drenaje para atenuar inundaciones que causaron daños a terceros en la cuenca del Salado, y por no ejecutar obras para evitar los efectos de los desbordes de ríos que descienden de otras provincias (por ej. el Río Quinto).

II. RÉGIMEN DE CONCESIÓN
Dedica siete artículos el Código al “uso agropecuario”, que se halla en la enumeración ejemplificativa del art. 55 configurado como uso “especial”, es decir, objeto de concesión. Ahora bien, a diferencia de la regulación específica que teníamos antes en el Código Rural –en el sentido de tratamiento de cada recurso por separado- ahora esos artículos consagrados al uso agrícola son parte de una arquitectura normativa mayor, léase, habrá que interpretar el uso que nos ocupa: 1) desde los principios generales del Código (juntamente con los artículos 178 a 186, “Disposiciones Generales”, ubicados en el Título Final), 2) llegar a las reglas comunes a los diversos usos especiales –que incluyen normas genéricas sobre las aguas pertenecientes al dominio público, el régimen de permisos y concesiones), y 3) no pasar por alto los artículos 82 y sigs. referidos a un aspecto estratégico del aprovechamiento de los cauces públicos: el agua subterránea.

A) Requisitos.

El art. 59 dispone:
“El uso del agua del dominio público, superficial o subterránea para riego, será objeto de concesión. Para obtener la misma deberán concurrir los siguientes requisitos:
a) Que el terreno tenga aptitud para ser regado y el agua calidad para ser usada.
b) Que del aforo de la fuente que suministra el agua resulte la existencia de caudal disponible, y calidad adecuada.
c) Que el solicitante presente en tiempo y forma los datos técnicos del proyecto, según lo reglamente la Autoridad del Agua, atendiendo especialmente todo lo relacionado con las obras de drenaje”.

Comienza el artículo circunscribiendo innecesariamente –por redundancia- el objeto de la concesión al agua de dominio público, cuando el título que subsume el capítulo de los usos se refiere al “uso y aprovechamiento del agua y de los usos de los cauces públicos”; sigue con un principio fundamental del moderno derecho de aguas al asimilar y unificar las aguas superficiales y subterráneas, dentro de la figura de la concesión. Será este en rigor el primer requisito antes de los tres incisos que se enumeran a continuación, porque de este modo, hidrológicamente, el agua es una sola independientemente de su manifestación en la cuenca que la admite. El Código bonaerense ha capitalizado la desfavorable experiencia chilena: “... Además, dado que el agua superficial y subterránea pertenecen habitualmente a un sistema hidrogeológico integrado —cabe recordar al respecto que, en Chile, las aguas subterráneas y superficiales se manejan en forma independiente sin aprovechar las ventajas que su uso conjunto ofrece (Peña, 1996c)—, la constitución, modificación y transferencia de derechos de aguas superficiales puede afectar los derechos de los usuarios de aguas subterráneas, y viceversa” (CEPAL, 1999).
Como segundo requisito (primero, según el art. 59) prescribe una aptitud bifronte, la del suelo (destinatario del agua) y la del agua en su aspecto cualitativo (sobre la cantidad se refiere el siguiente inciso). Aquí notamos esa indivisible vinculación entre los distintos elementos del entorno, en el caso el agua y el suelo, conformando un binomio físico-jurídico, donde el fracaso del “test de aptitud” para uno de los dos factores lleva a la denegación de la solicitud de concesión de riego.
El tercer requisito es el cuantitativo, vale decir, la prueba de la disponibilidad con “calidad adecuada” (insiste el Código sobre el punto ya anotado). Es intrínseco al régimen hidrológico (ver infra “Planificación hidrológica y riego”). Se acredita la suficiencia del caudal con el aforo de la fuente; aquí pueden jugar los instrumentos de la reserva, dotación y suspensión (art. 2, incs. b], e] y f], respectivamente, Cód. de Aguas), como atribuciones del Poder Ejecutivo, responsable de ejecutar la política hídrica de acuerdo a los lineamientos del bloque de legalidad constituido no exclusivamente por el Código de Aguas (art. 2, inc. a], Cód. de Aguas). El dec. 95/99 de promulgación observó una parte del artículo 61, que reconocía a la Autoridad del Agua (AdA) la facultad de reglamentar sobre turnos (aunque puede implantarlos, art. 46), suspensión de suministro, mantenimiento de obras y lo concerniente a las relaciones del organismo con los concesionarios y de estos entre sí, dejando en la práctica inoperante el artículo referido; dicha materia pasa entonces a ser resorte del Ejecutivo.
Finalmente se innova respecto al Código Rural al exigir al administrado que suministre los datos técnicos del proyecto. La segunda parte del inciso fue observada por el dec. 95/99, y la misma otorgaba a la AdA –como en otros artículos del cuerpo legal- facultades de reglamentación sobre los datos técnicos, otorgando una especial atención a las obras de drenaje involucradas en el uso agrícola del agua. En definitiva lo que se relacione con este punto (canales de desagüe, terraplenes, alteos, etc.) deberá recorrer la vía administrativa especial (empadronamiento de obra) y de procederse a ejecutarla sin obtención del certificado de aptitud o autorización (obra clandestina) podrá la AdA resolver el problema a través del “Procedimiento para el Tratamiento, Prevención y Resolución de las Obras Hidráulicas no Autorizadas” (resol. MIVSP 229/02).

B) La preferencia de usos.

Como afirma Valls: “Cuando la práctica y la ciencia aconsejan manejar integralmente una cuenca no están privilegiando a la cuenca sobre el agua que contiene, ni desconociendo que el agua sea el elemento principal y determinante de la cuenca sino promoviendo un mejor aprovechamiento de todos los elementos que la integran y se albergan en ella, que es, precisamente, lo contrario”. Tanto la unidad del ambiente y la del agua en sus diferentes cauces encuentran en el manejo integrado de cuencas una herramienta para equilibrar los diversos usos del agua, sin otorgar primacía a alguno en particular. El art. 2, inc. c) del Cód. de Aguas, al atribuir al Poder Ejecutivo establecer preferencias y prerrogativas para el uso por categoría, regiones y cuencas, fija como regla que ninguna categoría de uso tiene superioridad sobre el resto de las categorías, doctrina aprobada por la Regla VI de Helsinki en 1966. Valls recuerda que una cuenca debe ser examinada separadamente para determinar qué usos son más importantes en la misma o en parte de ella, y destaca al comentar este asunto en relación con el Código de Buenos Aires que “las instituciones jurídicas deben ser consideradas en circunstancias de tiempo y espacio condicionadas por variables económicas, culturales y políticas. Es obvio que la preferencia de los aprovechamientos dependerá de la realización de las grandes obras en estudio, del progreso de la integración regional, de las obras que la Nación realice en materia de su competencia, de la evolución agroeconómica de la explotación ganadera hacia la agrícola e industrial, del avance de la técnica, de la exigencia de los mercados, del crecimiento y movimiento de las poblaciones y del mejoramiento de la calidad de su vida. El Código de Aguas que se propone es un código para el siglo XXI, que se vislumbra signado por la falta de agua para bebida e higiene humanas. Por esto se propone que el Poder Ejecutivo determine dichas prioridades en consonancia con la programación a que se refiere el inciso a) [del art. 2 del Cód. de Aguas]”.
Adentrándonos en la categoría agropecuaria de uso, existiendo solicitudes concurrentes, el art. 60 reconoce un sistema de preferencia basado en tres criterios:
“a) Necesidad de riego de los cultivos. b) El beneficio comunitario que presupone el cultivo”. c) La eficiencia en el uso del agua del proyecto presentado”.

Del orden de enumeración no se infiere una jerarquía, a pesar de que el art. 59 ya comentado utiliza una expresión disímil: “...deberán concurrir los siguientes requisitos...”; nos basamos para sostener que los criterios de preferencia se imponen en equivalencia y concurrencia porque la AdA según el texto expreso del artículo tiene el deber de otorgar el uso conforme “los siguientes criterios”, expresión que excluye interpretar la exigencia al modo de “alguno” de los criterios; pero lo decisivo va más allá de lo literal, es la télesis de la norma orientada hacia la economía del agua, fundada en dos de los principios generales que animan todo el Código: el de técnica eficiente (arts. 33 inc. a] y 45 inc. a]) y beneficio comunitario del uso sea cual fuere su categoría (arts. 4 inc. e 2]. [compatibilización de usos]; 5, 1ra. pte. [aprovechamiento equilibrado con el resto del ambiente]; y 27 [preferencia de solicitudes que mejor cumplan con los objetivos de abastecimiento de agua potable y reutilización de agua en actividades productivas], entre otras citas).

C) Aspectos dinámicos.
Sigue el Código regulando aspectos dispositivos por parte del concesionario, y estableciendo prohibiciones que apuntan al resguardo del recurso y del medio ambiente general.
1. TRASPASO. En un extendido art. 62 se faculta a la AdA, ante petición de parte, a disponer el agua concedida para regar un predio determinado, y destinarla a regar otro predio de propiedad del mismo sujeto titular del derecho. El Código permite usar de esta posibilidad una sola vez, y se deberán cumplir ciertas condiciones: que el concesionario haya usado el agua concedida sobre el terreno para el cual se otorgó la concesión; que el concesionario no adeude al fisco obligaciones relacionadas con la concesión ni el impuesto inmobiliario; que el terreno para el cual se pide el cambio se sirva de la misma fuente de provisión; que el traspaso no perjudique a los usuarios del acueducto sobre cual se solicite la provisión de agua, no altere la categoría del derecho concedido ni el régimen hídrico en perjuicio del funcionamiento general del sistema; y que manifiesten su conformidad los titulares de gravámenes y derechos reales o las partes en los contratos de arrendamiento o aparcería –con las debidas inscripciones registrales- sobre el terreno para el que cesa la concesión.
2. PROHIBICIONES. a] Se instituyen dos prohibiciones a los concesionarios. La primera es compensar con uso futuro el caudal concedido que no haya sido usado en el tiempo estipulado en su concesión (art. 63), aclarando el segundo párrafo del artículo citado que la concesión continuará vigente hasta que no acaezcan las causales de extinción del cap. II del Tít. III del Código. Explica esta interdicción la idea capital del codificador provincial: tratándose de aguas del dominio público –no olvidar que estamos en el título III del Código- el volumen conferido tiene un destino inexcusable, la producción agroeconómica, sin que el administrado alegue poderes de disposición concernientes al dominio particular (arts. 2347, 2506, 2513 y 2515, Cód. Civil) sobre las cantidades no aprovechadas en cuanto los usos futuros entran en la faz de la planificación hidrológica; se vislumbra en este punto la mecánica natural y la insuficiencia del criterio privatista (mercado) para ser el cimiento del manejo conveniente para las generaciones presentes y futuras. La mecánica central de la dotación la hallamos en el art. 31, dentro de las disposiciones generales del título sobre aprovechamientos de cauces y aguas públicos:
“La dotación de agua se fijará considerando el régimen hidrológico, y los requerimientos de cada aprovechamiento y podrá reajustarse en cualquier momento por resolución fundada. Mientras no se conozca la red hidrométrica provincial, las dotaciones para la concesión serán transitorias y determinadas por la Autoridad de Aplicación”.
En esto radica el acierto del Código bonaerense, equilibrar llana y claramente los dos términos de la ecuación del manejo hídrico, el régimen hidrológico –cuya herramienta es la planificación- y el aprovechamiento, concepto rico en consecuencias jurídicas y económicas, pues el “provecho” será un estándar que el régimen hídrico general (que excede al Código) pone a observación de las autoridades de aplicación para que en las circunstancias de tiempo y espacio –el caso concreto- ejecuten la política hídrica de acuerdo a los lineamientos legales (subordinación de los programas a la ley, art. 2 inc. a], Cód. de Aguas). Atañen dos deberes legales en punto a la temática del inventario del recurso (arts. 16 y 140, Cód. de Aguas): permitir que la AdA efectúe mediciones en el terreno particular, e informarle anualmente el área o instalación beneficiadas, la producción obtenida y la calidad del agua (adicionalmente, cuando los caudales usados mensualmente tengan cierta “magnitud y complejidad” la AdA exigirá su información también anual; las expresiones entre comillas denotan otro estándar, que podrá ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo o bien de especificación técnica por la AdA sobre mediciones según el art. 4 inc. a] del Código). Ante insuficiencia de caudal de una misma fuente para abastecer a varios concesionarios, la AdA puede disminuir proporcionalmente las dotaciones según la medida de la concesión y precisar turnos (art. 46).
La norma en análisis –art. 31- reconoce un régimen de transición hasta que se establezca la “red hidrométrica provincial”, para fijar las dotaciones en las concesiones, en las cuales se fijarán por la AdA transitoriamente. Complementa lo anterior el art. 177 que reconoce la validez de la “información existente” ante la ausencia de la red hidrométrica (textualmente se alude a estudios exigidos en la presente ley).
b] Seguidamente se prohíbe construir y mantener represas para bebida, y obras o plantaciones en cauces y riberas externas que puedan generar filtraciones en inmuebles ajenos (art. 64). Anotando el acápite del título III del Código, Valls expresa que la provincia, en ejercicio de sus atributos hídricos, permitirá efectuar en común el uso doméstico primario, la bebida, el transporte gratuito y la pesca deportiva, conforme a los reglamentos de policía que dicte la AdA y sin recurrir a medios mecánicos, ni obras hidráulicas, ni perjudicar a terceros ni al ambiente.
c] Hay una prohibición que recae sobre la AdA, operando como límite a su competencia concurrente con el Ejecutivo en materia de dotaciones; aquella no podrá disponer del agua que exceda la dotación que acuerde el Poder Ejecutivo por uso o región en circunstancias que lo justifiquen (art. 2 inc. e], Cód. de Aguas).
D) Ganado.
El último artículo de la sección dedicada al uso agrícola –65- se aparta del sistema de concesión para este tipo de aprovechamiento, cuando se trata de bebida y baño de ganado, proponiendo el permiso; se ha criticado esta disposición al prestarse a confusiones cuando la regla del art. 55 es clara y perfectamente aplicable a la subespecie de uso ganadero. El permiso daría lugar a interpretaciones que prescindan no solamente de la concesión sino del aprovechamiento común (art. 25, Cód. de Aguas), pero siempre está la ley de fondo, de superior jerarquía, que permite el uso común sujeto a reglamentación (arts. 14, Const. nac. y 2341, Cód. Civil; ver art. 37, Cód. de Aguas).

III. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA Y RIEGO
La idea de lo multidisciplinario recorre todo el armazón del Código, desde la misma creación de la AdA (art. 3), ente público que irradiará ese enfoque complejo y científico –léase: abordaje que no se limitará a lo legal- a través del poder asignado legalmente en su dilatada franja funcional. Como otro de sus principios rectores, el Código consagra (art. 5) el deber de la AdA de efectuar la planificación hidrológica bajo las premisas de participación y planes multidisciplinarios. La gravitación que la planificación posee en la economía de la legislación de aguas es insoslayable, ya que encierra un sinnúmero de instituciones y figuras que definen la impronta del sistema hidráulico; la provincia de Buenos Aires es sensible ante esta cuestión, y lo demuestra la crisis expresada en las oscilaciones del ciclo hídrico (sequía/inundación) cuyo ejemplo más actual es la sucesión de desbordes en la Cuenca del Salado –que incluye desvíos artificiales de sobrantes de obras de canalización oficiales- que sigue causando millonarias pérdidas al Fisco por condenas en sede civil.
El Código de Aguas no ha aparecido indiferente ante esta situación. Más aún: si se estima que el 75% del agua que se usa tiene destino agropecuario, la planificación estará siempre en la mira de los sectores involucrados en la demanda de tamaña cuota.
En el citado art. 5 sanciona una fórmula flexible, adecuada a la realidad cambiante y a veces imprevisible de los fenómenos hídricos, que deberá ser aplicada con suma prudencia por la AdA máxime cuando la norma contempla situaciones específicas ya conocidas (degradación de suelos, inundaciones, episodios artificiales, etc.) sin obviarse enunciados generales eficaces al momento de acertar con actos administrativos que sean una salida ante el problema. Esa planificación no es sinónima de “política hídrica” aunque debería expresarla; en el 2002 la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación redactó un borrador titulado: “Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina”, que bien puede seguirse para caracterizar someramente la planificación marcando –arbitrariamente- tres de ellos en la esfera de acción de la AdA.

A) Planificación por la AdA.
Unidad de planificación y gestión. El agua reconoce exclusivamente leyes físicas; la cuenca, el acuífero, o más ampliamente la región hídrica constituyen la superficie destinataria de la planificación y la gestión integrada del recurso. La unidad comprende la existencia de una autoridad de aplicación. Este enunciado tiene plena recepción en el Código: hay una autoridad (AdA) –que coexiste con otros organismos con competencia sobre el elemento en ámbitos tanto hídricos estrictamente (por ej. la DPSOH, Dir. Prov. de Saneamiento y Obras Hidráulicas, punto que exhibe un flanco débil de la unidad pretendida) como ambientales (Secretaría de Política Ambiental)- y la planificación es competencia de la AdA. Esta última en el Código puede tener un alcance más amplio si se comprenden a las cartas de riesgo hídrico (art. 6) y los programas de desarrollo integral de cuencas mediante la previa institucionalización de los comités respectivos (arts. 121 y sigs.).
Uso equitativo del agua. El principio se logra por dos vías: asegurando el acceso a los servicios básicos de agua potable y saneamiento a toda la población urbana y rural; y expandiendo o creando nuevas oportunidades para el aprovechamiento del agua en todos sus potenciales usos con equilibrio entre los valores social, económico y ambiental que el agua posee. El primer objetivo de la planificación en el Código es satisfacer las demandas de agua y equilibrar y compatibilizar el desarrollo regional y sectorial, disponiendo patrones que marcan límites a esa satisfacción del sector agrícola, subrayándose el equilibrio con el ambiente (art. 5, 1er. Párrafo in fine, Cód. De Aguas).
El agua como bien de dominio público. Este punto a recobrado atención en las últimas semanas con motivo de las discusiones sobre la reglamentación del Código. Se han difundido argumentaciones sosteniendo que los arroyos y el agua subterránea son del dominio particular, sobre la base de una perimida hermenéutica de los arts. 2340 inc. 3 y 2518 del Cód. Civil. Salvo los pocos supuestos de aguas objeto de propiedad particular –lo que permite concluir que calificarlas dependerá de una interpretación restrictiva- el sistema de derechos reales sobre las aguas se asienta en la regla de que cada Estado federal (o el pueblo) es titular del dominio público del agua superficial y subterránea que yace y escurre en su jurisdicción, incluido el lecho que encauza las aguas superficiales. Los particulares accederán al derecho de uso de las aguas públicas conforme a las leyes reglamentarias (para el riego será la concesión siempre que se cumpla con el interés público).

B) Agua subterránea.
El agua subterránea ha merecido un título especial en el Código. Parece ser –no existen fuentes informativas públicas ni privadas que así lo señalen- que de las discusiones en el seno de la Comisión de Reglamentación no se ha tratado aún el título aludido. Pero de algunas notas aparecidas en La Nación se entrevé que habrán de trazarse dos grandes posiciones inconciliables, con principios inspiradores opuestos relativo al futuro de ciertos cauces –ya no sólo los subterráneos-: 1) la línea que impugna la metodología del Código de Aguas de ordenar el uso del agua subterránea por el título III (aguas públicas, art. 82) llegando inclusive a manifestar que la reforma al art. 2340 inc. 3 del Cód. Civil choca con el art. 2518, base argumental de que el agua freática pertenece al titular del derecho real inmobiliario, y 2) la orientación recepticia de categorías inclusivas de acceso al recurso, además de tratados y leyes ambientales que la AdA no puede dejar de considerar. Una realidad notoria, a la vista de todos los que habitamos en ciudades cercanas a zonas rurales, es el abuso de la moderna maquinaria de riego o los proyectos experimentales que secan las napas en perjuicio de los fundos vecinos. La escalada del problema golpea en la denominada “cuenca de captación”, que se completa con el daño ambiental “post consumo”: la ofensiva desde áreas urbanizadas donde el sistema cloacal ha colapsado y zonas industriales que han recibido denuncias de “inyección directa” a pozos en trasgresión a las leyes 5965, 11.820 (marco regulatorio de prestación de servicios públicos de agua y desagües cloacales en la provincia) y 11.723 de recursos naturales y ambiente (y dec. 2009/60) y resol. AdA 336/03. Temas cruciales como la perforación y exploración; el estudio hidrológico (que tiene nuevas implicancias a raíz de las leyes 11.723 en la provincia y 25.688 nacional de gestión ambiental de aguas, todas ellas gestadas en el crisol de la cláusula ambiental constitucional); el ejercicio regular del derecho del propietario del suelo de extraer el agua en la medida de su interés “con sujeción a la reglamentación” –aquí el art. 86 del Código reglamenta la pauta del art. 2340 inc. 3 in fine del Código Civil y 86, remitiendo al procedimiento de audiencias del art. 41-; y las obras de recarga y mejora de acuíferos que tienen la regulación del título VII (obras y servicios relativos al agua) y dos modalidades de concesión: como obras y servicios públicos (arts. 89 y 53) o encargo a los consorcios, merecen un tratamiento urgente de tinte preventivo, y hechos estatales enérgicos contra la acción humana irracional e imperturbable hacia el medio, un presupuesto mínimo del bien común.

IV. REFERENCIA A REGÍMENES ESPECIALES

A) Corporaciones.
1] El dec-ley 7948/72 creó la CORFO Río Colorado, con la finalidad de fomento integral de la zona regable de los partidos de Villarino y Patagones. Entre sus funciones están la de realizar la planificación integral de la zona regable; celebrar convenios ad referéndum del Poder Ejecutivo con entidades similares que se constituyan en otras provincias, a los fines de la formación de un ente interprovincial para la realización de obras tendientes al mejor aprovechamiento y distribución de las aguas del río Colorado, que aseguren un caudal permanente para el riego (el art. 2 inc g] del Código faculta al Ejecutivo a acordar -con la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, las provincias, organizaciones internacionales y estados extranjeros o sus divisiones territoriales- la planificación del desarrollo de cuencas y la institución de organismos que la ejecuten, y en esa inteligencia se reconocen varios acuerdos interjurisdiccionales, entre los cuales mencionamos la de las cuencas del Plata, del Río Negro y del Río Colorado [COIRCO, dec-ley 8749/77]); estudiar, proyectar, ejecutar y explotar las obras de canalización y desagües que permitan el mejor aprovechamiento del caudal del río Colorado en su curso por el territorio de la Provincia, pudiendo otorgar y anular permisos y concesiones para el uso del agua del dominio público de acuerdo lo especifique la reglamentación de la ley CORFO y el Código de Aguas; y determinar el uso apropiado de la tierra agrícola y del agua, y adoptar las medidas conducentes a evitar y combatir la erosión, degradación y agotamiento de la tierra y a conservar su fertilidad. También podrá promover constitución de consorcios. El art. 35 de la ley expresa que la CORFO es la entidad administradora del riego según lo especificado en el "Libro III- Título I - del Código Rural" (hoy Código de Aguas) y ejerce el poder de policía para cumplimentar su aplicación dentro del área de su competencia. Es destacable que el art. 183 del Código pone un condicionamiento al ejercicio de las facultades de la corporación al dejar a salvo las facultades de la AdA; un obstáculo quizá pueda aparecer cuando el uso primordial del riego que debe extender la corporación tenga que amoldarse a la regla de “no preferencia de ninguna clase de usos” del Código de Aguas.
2] El dec. 3803/93 (CORFO Delta) tendrá que adecuarse al Código según dispone su art. 184; en lo específico sobre el riego no hay norma, mereciendo destacarse que las funciones dadas al ente son: promover el relevamiento topográfico y edafológico para determinar el uso aprobado de la tierra, adoptando las medidas conducentes a evitar y combatir las inundaciones, erosiones y agotamiento, y a conservar su fertilidad (prevé la coordinación con la autoridad de aplicación de la ley de suelos 8912; coordinar con los organismos competentes la reglamentación y explotación de los recursos naturales de la región; y ejecutar y explotar las obras de dragado de los cursos de agua de la región.

B) Leyes derogadas y vigentes.
El Código derogó algunas leyes, modificó otras y dejó subsistentes varias normas, buscando equilibrar los tipos de usos y neutralizar del mejor modo las demandas netamente sectoriales. Derogó (art. 178) las leyes de riego 5262, de zonas de reserva turística y deportiva 7837, algunos artículos de la ley CORFO Río Colorado y el título de aguas de uso agropecuario del Código Rural. Sobre la ley CORFO Río Colorado modificó su art. 24 determinó que los consorcios se constituirán conforme al Código (art. 179).
En el art. 181 estableció que mientras el Ejecutivo no ejerza las atribuciones del art. 2 seguirán vigentes: la ley 5376 de provisión de agua potable en localidades sin instalaciones públicas, y la ley 6253 de zonas de conservación de desagües naturales; también subsisten algunas normas de la ley 10.106 de trabajos relacionados con el sistema hidráulico, básicamente “la vigilancia, protección, mantenimiento y ampliación del sistema hidráulico provincial” y la “intervención técnica del Organismo de aplicación” (la DPSOH) en las hipótesis de ejecución de cualquier obra que pueda efectuar el equilibrio de dicho sistema. Podría decirse que la convivencia de la ex Dirección Provincial de Hidráulica y la AdA encuentra en el párrafo citado su justificativo legal, que obedece más a razones burocráticas que atentan contra la eficacia del sistema integral y unificado que inspiró el bienvenido Código de Aguas.

BIBLIOGRAFÍA

Dourojeanni, Axel y Jouravlev, Andrei: El Código de Aguas de Chile: entre la ideología y la realidad. Santiago de Chile, CEPAL, 1999.

Formento, Susana y Ferrazzino, Ana : El agua: su normativa jurídica. En www.agro.uba.ar/apuntes/no_2/agua.htm

Llambías, Jorge J. – Alterini, Jorge H.: Código Civil anotado. Bs. As., Abeledo-Perrot, 1993, T. IV-A.

Valls, Mario F.: Cuenca y Derecho. La variable jurídica y la variable institucional en el manejo integrado de cuencas. elDial.com, 11/5/04.

Valls, Mario F.: Derecho Ambiental Edición 2000 (en Disco Láser). Buenos Aires, Albremática, 2000.

Apesteguía, Gustavo J.: Defensa del agua subterránea, Nuevo ABC Rural. Pergamino, agosto 2004.

*GUSTAVO J. APESTEGUÍA é abogado. Recibe comentarios en gapest@infovia.com.ar