CONTRATO ASOCIATIVO DE EXPLOTACIÓN TAMBERA: REGULACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS PARA SU MODIFICACIÓN
*Ivana Cristina Mancuso y María Romina Marcos

I. Introducción
A través de este trabajo nos hemos propuesto demostrar que existe la imperiosa necesidad de armonizar la legislación que regula la actividad tambera con reglas que sean congruentes con su particular naturaleza agraria. Y si bien es cierto que existe una legislación especial que trata la cuestión, esta ha demostrado por sí misma ser insuficiente o poco conveniente para solucionar los conflictos que suelen suscitarse entre empresario y tambero.
II. Antecedentes
A pesar de que la explotación tambera ha sido y continúa siendo una actividad de gran importancia en Argentina y especialmente en nuestra provincia, así como en las de Santa Fe y Córdoba, recién en el año 1946 surge el denominado “Estatuto del Tambero Mediero” (Dec. 3750/46), destinado a regular las relaciones entre el tambero mediero y el propietario del tambo.
Este estatuto, al adolecer de graves falencias, generó innumerables disputas doctrinarias y no menos fallos contradictorios, lo que culminó, luego de más de medio siglo de vigencia, con su derogación. Las críticas más severas versaban sobre la imposibilidad de determinar con certeza cuál era la naturaleza jurídica acorde a esa especial relación. Sobre este tema, existían tres corrientes en la doctrina y jurisprudencia nacional:
· Una de ellas entendía que se trataba de un contrato de trabajo, basándose en ciertas disposiciones del estatuto que utilizaba términos como trabajador, retribución de servicios, patrón, despido, etc.
· Otra corriente consideraba que se creaba una sociedad, fundándose en la nota al art. 1493 del Código Civil, en la existencia de comunión en el riesgo de la explotación y en la ausencia de subordinación.
· Finalmente, una tercera postura lo caracterizaba como un contrato de tipo asociativo, debido a que si bien existía colaboración recíproca entre las partes, “…como consecuencia del contrato no se crea un ente distinto a las personas físicas que la integran, ni cuenta con un capital propio ni es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones.”

Una cuestión no menor, íntimamente ligada con la anterior, giraba en torno a determinar cuál era el fuero competente para dirimir las controversias que se suscitaban entre tambero y propietario. Existían dos posibles soluciones: para los que entendían que la relación revestía un carácter civil asociativo, el fuero civil era el competente, y para los que veían en ella una relación de dependencia, la competencia recaía sobre el fuero laboral.
Dentro de las múltiples disposiciones poco felices del estatuto se destaca la patente desigualdad entre las partes en lo que a la extinción del contrato se refiere, específicamente en lo relativo a la exigencia del preaviso en los casos de rescisión sin causa, ya que el decreto establecía que sólo el tambero mediero cargaba con dicha obligación.
Si bien las normas anteriormente comentadas hoy no forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, las encontramos de suma importancia para analizar si la ley 25169 del año 1999 cumplió con el objetivo de superar las deficiencias del antiguo régimen. A tal fin señalaremos los aciertos y desaciertos de este nuevo sistema legal, denominado “Contrato Asociativo de Explotación Tambera”.
III. Análisis de este instituto a la luz de la ley 25.169
Como lo hemos mencionado anteriormente, la ley 25.169 que comenzó a regir el 1º de noviembre del año 1999, ha creado el llamado "Contrato asociativo de explotación tambera", derogando la anterior normativa denominada "Estatuto del tambero mediero".
Cabe destacar que a pesar de contar con el valioso aporte de la doctrina que se fue gestando durante el transcurso de los 54 años de vigencia del derogado estatuto; de los diversos proyectos que promovían la unificación de los contratos agrarios en una ley general; y de las numerosas Jornadas, Conferencias y Congresos de derecho agrario, nuestros legisladores, apartándose de los mismos, crearon una ley especial que no fue incorporada a la general de arrendamientos y aparcerías rurales.
La ley 25.169, en su artículo 3º, designa a los sujetos del contrato como empresario titular y tambero asociado. El primero es la persona física o jurídica, que en calidad de propietario, poseedor, arrendatario, o tenedor por cualquier título legítimo, dispone del predio rural, instalaciones, bienes o hacienda que se afecten a la explotación tambera.
El tambero asociado, por su parte, sólo puede ser una persona física, y es el que ejecuta las tareas necesarias destinadas a la explotación del tambo, pudiendo para tal fin contribuir con equipos, maquinarias, tecnología, enseres de su propiedad y con o sin personal a su cargo. La ley destaca el carácter personal e indelegable de la tarea desempeñada por este último, lo que nos lleva a concluir que se trata de un contrato esencialmente intuitu personae.
III. a) Aciertos de la nueva ley
Independientemente de haberse hecho caso omiso a las innumerables recomendaciones de los especialistas en el tema, consideramos que la nueva legislación ha contribuido a dilucidar ciertos puntos oscuros que se encontraban en la anterior normativa.
El principal acierto ha sido esclarecer lo atinente a su naturaleza jurídica, que como hemos reseñado, era lo que provocaba las mayores disputas doctrinarias. Su artículo 1º comienza denominando al instituto como "contrato asociativo de explotación tambera" y establece que a partir de la vigencia de esta ley la explotación del tambo se organizará bajo el régimen contractual especial creado para tal fin. El artículo 2º reafirma la naturaleza agraria del mismo destacando que configura una particular relación participativa.
A partir de esta nueva redacción quedan superadas las antiguas controversias acerca de su naturaleza jurídica, ya que el instituto ha quedado incorporado, sin duda alguna, dentro de la categoría de los contratos asociativos.
Resuelto lo anterior, ya no cabe discusión sobre el fuero competente para entender en la materia; no obstante, la ley dispone expresamente que las dudas que se planteen entre las partes se dirimirán ante el fuero civil.
Un principio novedoso que se ha incorporado es el de la responsabilidad solidaria entre el empresario titular y el tambero asociado en lo que respecta al cumplimiento de las normas sobre sanidad animal (Art.8 inc.c). Esto podríamos destacarlo como un aspecto positivo ya que atender a la sanidad animal contribuye a un mejor rendimiento productivo y a preservar la salud de los consumidores.
Con relación a los aspectos fiscales, previsionales y laborales (art. 13) la ley considera a ambos sujetos del contrato como titulares de explotaciones independientes y autónomos a esos efectos. Aunque existe autorizada doctrina que considera innecesaria esta aclaración del legislador , nosotros creemos que, dados los antecedentes de la figura, esta mención resulta de utilidad ya que evitará que se susciten futuras controversias o interpretaciones contrarias al verdadero propósito de la ley.
En lo atinente a la participación que le corresponde a cada una de las partes en el producido de la explotación, a diferencia de la antigua regulación que establecía los porcentajes mínimos que el propietario debía darle al tambero en retribución por sus servicios, la nueva ley deja librada la cuestión al arbitrio de las partes; reforzando así el principio de la autonomía de la voluntad, esencial en los contratos de naturaleza asociativa.
Otro aspecto ponderable es haber especificado, en lo relativo a la extinción del contrato, los efectos de la muerte o incapacidad sobreviniente de las partes. Ahora se establece que el contrato quedará resuelto por la muerte o incapacidad sobreviniente del tambero asociado, no sucediendo lo mismo para el caso de muerte del empresario titular, ya que en este último caso continuará su vigencia con los causahabientes hasta su finalización. Todo lo anterior regirá salvo expresa estipulación en contrario.
III. b) Desaciertos de la nueva ley
Si bien lo hasta ahora expuesto configura un significativo avance con respecto a la anterior regulación, consideramos que ello no es suficiente para dar un adecuado tratamiento a todas las cuestiones que surgen de esta relación. No puede ser otra nuestra conclusión dadas las falencias que observamos en la actual legislación y que a continuación pasamos a exponer.
En primer lugar, asombra que el artículo 2º de la ley disponga la aplicación supletoria de las normas del Código Civil para todo lo no previsto en ella, cuando lo más deseable hubiese sido la remisión a normas análogas de naturaleza agraria, a los usos y costumbres locales y por último recurrir al citado Código cuando las anteriores fuentes no brinden una adecuada solución al tema, respetando así la autonomía del derecho agrario. Asimismo, no deben olvidarse las críticas que ha merecido la modificación al art 41 de la ley 13246 por establecer la prelación de las normas del Código Civil sobre los usos y costumbres locales.
En lo que respecta a la obligación de homologar judicialmente el contrato, compartimos la opinión de Brebbia, quien la considera un requisito excesivo y oneroso, y consideramos que la solución mas apropiada sería establecerla como una opción facultativa.
No se llega a comprender cómo la ley luego de establecer el carácter asociativo del contrato dispone en su artículo 6º que "el empresario titular tiene exclusivamente a su cargo la dirección y administración de la explotación tambera", cuando uno de los caracteres más distintivos de los contratos de tipo asociativo es la dirección compartida de la empresa agraria entre las partes.
El punto más deficiente de la ley gira en torno a la rescisión del contrato. La actual normativa, con el objetivo de equiparar la situación entre las partes, hace una clara diferenciación de las posibles alternativas de rescisión del contrato (con o sin expresión de causa), estableciendo que cualquiera de las partes podrá pedir la rescisión del contrato cuando la otra no cumpla con sus obligaciones, viole las disposiciones legales o reglamentarias o lo pactado entre ellas. Asimismo dispone que cualquiera de ellas podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, pero siempre cumpliendo con la obligación del preaviso de treinta días o con su compensación sustitutiva. Sin embargo, esta igualdad es sólo aparente, debido a que es más probable que las causales de rescisión que la ley enumera sean cometidas por el tambero asociado que por el empresario. Refuerza esta conclusión el hecho de que las causales que mencionaba la anterior regulación tenían una redacción similar a la actual y sólo se referían al tambero mediero.
IV. Propuestas para su modificación
En pos de un mejor tratamiento del tema, creemos que resultaría conveniente la creación de una ley única en la cual se encuentren regulados todos los contratos agrarios. Indudablemente, quedaría incluido dentro de ella el contrato asociativo de explotación tambera, pero como una especie de aparcería pecuaria.
Con relación a la necesidad de una ley general de contratos agrarios creemos que en ella deben quedar incorporados los contratos que actualmente están sistematizados en la ley 13.246, como así también los regulados fuera de ella por leyes o decretos especiales (contrato asociativo de explotación tambera, contrato de mediería frutihortícola y contrato de maquila), sin olvidar los actualmente atípicos, pero de frecuente utilización como el de agroturismo o el de feed-lot, entre otros.
Esta ley debería contener principios generales aplicables a todos los contratos agrarios, respetando así la autonomía de esta rama del derecho; pero sin desconocer aquellos lineamientos distintivos y específicos de cada una de las categorías contractuales.
Consideramos sumamente apropiada la clasificación aportada por la doctrina que distingue a los contratos agrarios en conmutativos o de cambio y asociativos. Dentro de los primeros se encuentran aquellos contratos en los que las prestaciones son contrapuestas y no existe cooperación entre las partes, tal como ocurre en el arrendamiento rural.
En los contratos asociativos, en cambio, las contraprestaciones son convergentes y existe cooperación entre las partes. Como caracteres sobresalientes de estos últimos podemos mencionar: la asunción por ambas partes de los riesgos inherentes a la explotación agraria; los aportes de trabajo y de bienes por ambas partes; la distribución de los frutos o utilidades obtenidos en la proporción pactada; etc.
Como podrá observarse, el contrato asociativo de explotación tambera encuadra perfectamente dentro de la categoría de los contratos asociativos y de esta forma debería ser regulado en una futura ley general de contratos agrarios, más específicamente, como una especie del género aparcería pecuaria.
Creemos que el contrato asociativo de explotación tambera es una especie de aparcería pecuaria porque comparte con ella sus caracteres generales, como por ejemplo: que su objeto se basa en la entrega de ganado; que quien recibe los animales los destina a una actividad agraria; que la explotación se realiza con el propósito de distribuirse los productos, frutos o utilidades, corriendo ambos con los riesgos propios de la explotación pecuaria; y que el porcentaje de la distribución de productos, frutos o utilidades es el que las partes convengan. Esta posición es sostenida por Pérez Llana, Vivanco, Nápoli y Brebbia.
Para solucionar la problemática que acarrean las cuestiones derivadas de la rescisión del contrato, producto del defectuoso tratamiento que realiza la ley 25169, proponemos tener en cuenta primordialmente su naturaleza de contrato de colaboración y de duración, y en base a ello establecer la prohibición para ambas partes de rescindir intempestivamente el contrato antes del plazo pactado y sin causa que lo justifique. En caso de infringir esta prohibición, correspondería asignar una adecuada indemnización a la parte no culpable, resarciendo con ello los daños ocasionados.
Por otra parte, entendemos que resulta innecesario establecer causales específicas que habiliten la rescisión del contrato, ya que bastaría con sólo invocar un incumplimiento contractual o violación de disposiciones legales o reglamentarias para alcanzar el mismo fin.
V. Conclusión
Por todo lo expuesto, entendemos que es necesaria una pronta modificación legislativa en la materia contractual agraria, mediante la implementación de un cuerpo sistematizado que comprenda todas las figuras contractuales actualmente existentes, incluso aquellas que no se encuentran aún tipificadas legalmente.
Y creemos que para lograr un adecuado resultado no debería dejarse de lado el importantísimo aporte de numerosa doctrina, ni los proyectos presentados que versan sobre la cuestión. Otro aspecto relevante sería tener en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas, al momento de proyectar una nueva legislación.
En lo atinente al contrato asociativo de explotación tambera, deberían analizarse las necesidades fundamentales de las regiones donde la industria lechera constituye un factor económico primordial, logrando con ello atender a todos los intereses implicados en esta actividad.

Bibliografía
1) Anteproyecto de ley General de Contratos Agrarios; Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe 1996.
2) BREBBIA, Fernando P. y MALANOS, Nancy L., “Tratado Teórico Práctico de los Contratos Agrarios”; Ed. Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1997 y Actualización de agosto de 2002.
3) BREBBIA, Fernando P. y MALANOS, Nancy L., “Las vicisitudes del tambero mediero”, E.D. Tomo 163, pág. 1090.
4) BREBBIA, Fernando P., “Contrato Asociativo de Explotación Tambera – Las nuevas vicisitudes del Tambero”, E.D. Tomo 188, pág. 962
5) CATALANO, Edmundo E. y otros, “Lecciones de derecho agrario y de los recursos naturales”; Ed. Zavalía, 1998
6) DE BIANCHETI, Alba Esther, “Teoría de los contratos agrarios: contratos de estructura asociativa”, en Comunicaciones científicas y tecnológicas 2003 de la Universidad Nacional del Nordeste.
Página Web: http://www.unne.edu.ar/cyt/2003/comunicaciones/01-sociales/s-010.pdf

*Ivana Cristina Mancuso y María Romina Marcos, estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional del Sur